La reivindicación política de la vida en tiempos de guerra

Luis Gómez Negrete

(@luisgoneg)

Encontrando en las experiencias de resistencia frente a la producción de muerte (movimiento de víctimas, autodefensas y grupos de seguridad comunitaria) elementos de relevancia para problematizar nuestro acontecer, a manera de reflexión, quisiera abrir la interrogante sobre qué implica la vida como una reivindicación política en tiempos de la guerra contra el narcotráfico en México y cuál es la importancia de dicha reivindicación para la transformación de las relaciones políticas contemporáneas.

En el transcurso de los últimos ocho años, en México se puede hablar de una transformación cualitativa y un aumento sin precedentes de la violencia: reconocida en la diversificación y el número de muertes violentas, desapariciones forzadas e involuntarias y en el crecimiento de enfrentamientos armados entre elementos del Estado, el crimen organizado y la sociedad. Dicha condición tiene su origen y ha sido fomentada por una política gubernamental que ha generado una modificación en las formas del ejercicio del poder político, la soberanía, la violencia y las políticas sobre la vida, todo ello expresado en lo que ha sido llamado como “guerra contra el narcotráfico”.

Dentro de una genealogía de las formas del ejercicio del poder político en occidente, el contexto mexicano puede ser pensado a partir de las aproximaciones teóricas post 9/11 que encuentran su centralidad en el cambio de paradigma para pensar el poder político; dentro de esta perspectiva quiero destacar el trabajo de Achille Mbembe (2012, p.136) quien introduce el concepto de “necropolítica” y lo define como “una política que se entiende como el trabajo de la muerte en la producción de un mundo en que se acaba con el límite de la muerte”, es decir, una política que tiene como herramienta específica la muerte, su normalización y que como finalidad última busca desaparecer del mundo el límite social para frenar la muerte; lo que en pocas palabras se puede identificar como el trabajo para desaparecer la muerte como un tabú constitutivo de la sociedad.

Este planteamiento entiende dos cosas fundamentalmente: la necesidad de un límite social de la muerte como condición para la existencia de la vida misma de la sociedad y una excepcionalidad permanente, la normalización e instrumentalización de la muerte. Bajo esta perspectiva se puede encontrar la reivindicación política de la vida como un límite social a la muerte, lo que constituye una reivindicación de la vida como resistencia frente a las formas contemporáneas del ejercicio del poder político.

La política en México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico como “necropolítica”

Toda necropolítica asume como condición para su ejercicio el restablecimiento del poder soberano de dar muerte; es decir, toda política necropolítica es ejercida por el poder que mantenga una prerrogativa última sobre la muerte o vida de los individuos. En este sentido, la guerra contra el narcotráfico en México ha funcionado como un dispositivo de poder que ha roto toda atadura al poder soberano de dar muerte, dígase jurídica, ética o política; con ello no quiero decir que el gobierno se ha fortalecido, sino todo lo contrario, en el contexto de lo gubernamental (Foucault, 2006) ha recurrido al último ápice de fuerza que le resta: la violencia.

La guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno Federal durante el sexenio 2006-2012 y ahora continuada en la transición al PRI, se constituye como el ejemplo paradigmático de la excepción como forma permanente de gobierno; las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales, la violación a los derechos humanos, la policía militarizada y el paramilitarismo dan cuenta de ello, así como los esfuerzos normalizadores de la violencia y la muerte, por medio de su masificación.

Tan sólo en 2009 Calderón reconoció un promedio mensual de 48,750 efectivos militares desplegados para participar en operaciones de combate al narcotráfico[1], esa cifra se ha elevado y hasta el día de hoy dicho combate ha cobrado más de 80,000 vidas y 30,000 desapariciones. Felipe Calderón dentro del contexto de este estado de excepción permanente, ha ejercido la soberanía en la decisión de quienes son enemigos y quienes son ciudadanos, ha superpuesto la “peligrosidad del autor” sobre la “ilegalidad del los hechos” con la única finalidad de imponer penas inexpiables en vida para condenar a muerte a quienes considera una amenaza.

Como se puede pensar desde las categorías teóricas propuestas por Agamben (2010), el Estado de excepción  es una zona indecidible entre norma y excepción, un lugar de anomia, en el cual “actúa una violencia sin ropaje jurídico.” Es decir, a través del Estado de excepción, el derecho busca  “asegurarse la posibilidad de una violencia “por fuera” y “más allá” del derecho”, que es aquella que lo mantiene vivo como violencia sin ley. De tal forma, se suspenden las garantías y derechos de los ciudadanos para darles un status jurídico diferente, ya que no son ciudadanos dentro del orden jurídico excepcional, de ahí la distinción Agambeniana entre Zoé y Bios, entre la vida desnuda y las formas de vida. “En un estado de excepción que ha pasado a ser normal, la vida es la nuda vida(…) la escisión marxiana entre el hombre y el ciudadano es, pues, sustituida por la escisión entre la nuda vida portadora última y opaca de la soberanía, y las múltiples formas de vida abstractamente recodificadas en identidades jurídico-sociales.” Agamben (2010, p. 16)

Es importante destacar que Agamben concibe, dentro del Estado de excepción, una escisión entre dos tipos de tratamientos de la vida y al mismo tiempo introduce la noción de soberanía recuperando los planteamientos teóricos de Schmitt para argumentar que el soberano es aquel que decide sobre el Estado de excepción quién debe ser considerado amigo y quién debe ser considerado enemigo; de tal forma, se revela un componente de discrecionalidad con el que se decide sobre la situación o carácter de los individuos; por un lado por medio de  una distinción jurídico-estipulativa y por otro lado a partir del elemento formal jurídico oponible a la norma: la decisión.

Habiendo desarrollado lo anterior podemos argumentar que dentro del marco de la guerra contra el narcotráfico como estado de excepción opera un cambio cualitativo en las formas del ejercicio del poder político, ya que nos encontramos frente a una política que tiene como finalidad última restablecer el derecho soberano por excelencia como la capacidad de dar muerte sin ninguna otra justificación más que la decisión. Asimismo, la guerra contra el narcotráfico, además de restablecer esa prerrogativa de dar muerte, tiene como orientación una necropolítica al ser una guerra de exterminio; es decir, una violencia sin estrategia y una violencia sin ley, que tiene como última finalidad desaparecer a un sector de la población de manera discrecional.

Felipe Calderón justificó la guerra frente a Javier Sicilia y al movimiento de víctimas con el siguiente enunciado: “esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten”.

Simone Weil (2007), en su crítica a la violencia, hace una reflexión en torno a la guerra de Troya como una  guerra que, extraviando a Helena y desproporcionando el sentido último del enfrentamiento, terminó por ser un exterminio; es decir, la violencia que estratégicamente pudo ser un medio, terminó por ser un fin en sí mismo. Porque toda guerra que tenga como finalidad el exterminio fetichiza la violencia y con ello no encuentra otro punto de arribo más que la muerte. La guerra contra el narcotráfico en México, no sólo ha tenido como resultado una producción masiva de cadáveres, sino que ha colonizado las formas del ejercicio del poder político, que bajo la lógica de la guerra, ha provocado el exterminio de las poblaciones.

Ahora bien, en este contexto ¿qué implica la reivindicación política de la vida?

La reivindicación política de la vida en tiempos de guerra

Nos hemos atrevido a plantear la idea de la vida como reivindicación política por cuanto esta se puede pensar en oposición a la necropolítica; con ello no pretendo revivir las reflexiones de la vida en oposición a la muerte en términos elementales, cosa que sería un despropósito, sino abrir el debate en torno a la pertinencia de adoptar la reivindicación de la vida en su dimensión política, situándome en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y recuperando las experiencias concretas de resistencias.

Considero que la vida como reivindicación política es aquella que, por un lado, buscar interrumpir la normalidad de la excepción (la muerte como excepción que se vuelve norma) y por otro lado le fija un límite social a la muerte, es decir, resitúa a la muerte como tabú constitutivo de la sociedad.

Empecé hablando del movimiento de víctimas, las autodefensas y las policías comunitarias como resistencias frente a la producción de muerte, con ello quiero hacer referencia a los procesos de organización social que a partir de condiciones límite han generado una oposición, en diferentes dinámicas y dimensiones –inclusive oposiciones armadas–, a la guerra contra el narcotráfico como la he pensado en el presente texto. Entiéndase que todos ellos representan desafíos al Estado de excepción permanente y a la necropolítica desde la reivindicación política de la vida; es decir, desde el impulso básico por sobrevivir, hasta la necesidad de fijar un límite social a la muerte.

Bajo esta perspectiva, el movimiento de víctimas ha constituido una resistencia desde el lugar de la exigencia de paz, seguridad y justicia, esto es, desde la exigencia por recuperar el ropaje jurídico de la violencia, restablecer el Estado de derecho y sobretodo generar ataduras a las prerrogativas del poder soberano; por dichas razones, su principal exigencia es la justicia, entendida en su dimensión jurídica y de derechos humanos en la cual el Estado es el receptáculo último de dichas demandas.

En este sentido, la resistencia desde el movimiento de víctimas, se puede plantear como el límite al Estado de excepción permanente por medio de la restauración del nomos, del orden. Lo que constituye un límite jurídico a la muerte restableciendo el derecho como garantía para lograrlo.

Por otro lado –reconociendo las profundas diferencias entre las policías comunitarias como experiencias fundadoras de proyectos alternativos de seguridad y en ocasiones hasta de gobierno y las autodefensas como respuestas sociales emergentes a contextos límite–, podemos encontrar en ambas experiencias, una resistencia planteada en la misma lógica:

En alguna medida los dos han planteado exigencias compartidas de seguridad, paz y justicia con el movimiento de víctimas, sin embargo, a diferencia de ello su forma de actuar ha sido una resistencia no tanto como reestablecimiento del nomos, sino como diría Benjamin en las Tesis sobre la filosofía de la historia, como excepción a la excepción: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que vivimos es la regla. Debemos llegar a un concepto de historia que le corresponda. Entonces tendremos ante nosotros la misión de propiciar el auténtico estado de excepción; y con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo” (Benjamin, 2008). Es decir, como un rompimiento de tajo de la lógica del derecho que en su seno mantiene la fuerza de ley sin ley como elemento constitutivo del derecho (Derrida, 1997). En este sentido, se reconoce al derecho como indiferenciado de su supuesto afuera, opera una violencia sin ley tanto en el seno de la institución como en el seno de los grupos del narcotráfico; en este supuesto, el actuar justificablemente no es la restitución del derecho sino su rompimiento radical en una nueva forma de excepción.

Con ello no quiero sugerir ningún carácter revolucionario de las policías comunitarias y autodefensas, ni tampoco cierto carácter reformista del movimiento de víctimas; sino lógicas diferenciadas de plantear un desafío a las condiciones actuales de operar el poder político en el México de la guerra. Este primer acercamiento, nos permite identificar los planteamientos desde los cuáles se resiste frente a la normalización de la excepción, sin embargo, aborda tangencialmente el resituar la muerte como tabú constitutivo de la sociedad; en este segundo aspecto es donde la reivindicación política de la vida adquiere centralidad.

En el caso de las autodefensas y policías comunitarias, es importante destacar que a pesar de que en su resistencia esté de por medio la posibilidad de la muerte de personas, se han armado como último recurso para mantenerse vivas como comunidad; en ese sentido, podemos reconocer que han fijado un límite social a la muerte, considerando a la muerte no en su elementalidad, sino en su carácter de fin y resultado de una producción necropolítica; por dichas razones hablamos de una reivindicación política de la vida.

Por otro lado, el movimiento de víctimas ha tenido su gran aportación en poder frenar la normalización de la muerte y fijar un límite social a partir de la irrupción del testimonio de las víctimas, ya que no sólo confrontó el discurso de la guerra que administra, que encubre, que pretende la objetividad de la barbarie para negar la barbarie, que recurre a los enunciados  de “no pasa nada” son “daños colaterales”, “en algo andaban”; sino que, permitió dimensionar la existencia de la guerra contra el narcotráfico y evidenciar su violencia sin ley como mecanismo de exterminio.

Finalmente, se puede identificar que la vida como reivindicación política adquiere una centralidad fundamental en toda resistencia frente a los mecanismos de operación del poder político bajo los paradigmas contemporáneos de la necropolítica; –en el contexto mexicano, como lo hemos revisado, representados en la guerra contra el narcotráfico– con ello no solo doy cuenta de un desplazamiento de la reivindicación de la vida hacia la tradición de los oprimidos; sino que advierte el recorte de las condiciones de posibilidad de las comunidades respecto de la sofisticación de los mecanismos de control de las poblaciones. Frente a ello se vuelve insoslayable, ya no sólo plantear las resistencias frente a la opresión, la explotación y la sujeción, sino abrir una disputa por defender el espacio y territorio mismo de conflicto, que es tan complejo y tan elemental como la vida.


Luis Gómez Negrete. Estudiante de la carrera de Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ha trabajado sobre la guerra contra el narcotráfico y sus implicaciones políticas y se ha enfocado en la reflexión en torno a las víctimas como sujeto político en México. Contacto: lugoneg@gmail.com


Notas

[1] Informe presidencial 2009.

Bibliografía

Agamben, Giorgio (2010). Estado de excepción. Homo sacer, II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Agamben, Giorgio (2010). Medios sin fin. Valencia: Pre-Textos.

Benjamin, Walter (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Introducción y traducción de Bolívar Echeverría. México: UACM / Ítaca.

Derrida, Jacques (1997). Fuerza de ley. Madrid: Tecnos.

Foucault, Michel (2006). Defender la sociedad, Curso en el Collège de France (1975- 1976). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Mbembe, Achille (2012). Necropolítica, una revisión crítica, Estética y Violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas. México: UNAM.

Weil, Simone (2007). No empecemos otra vez la guerra de Troya (1937), Escritos históricos y políticos. Madrid: Trotta.

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