Minería, desarrollo de una lógica dominante

Carolina Hernández Nieto

 

Foto: Albert Backer

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Economía (SE) en el año 2012, la actividad minera representó el 8.3% del valor del Producto Interno Bruto del país, con esto, la minería en México (ASF) se constituye como uno de los sectores de mayor importancia para la economía nacional. No solamente los reportes nacionales confirman la relevancia del sector, mundialmente México ocupa los primeros lugares en la producción de plata, fluorita, bismuto, celestita, wollastonita, sulfato de sodio, cadmio, diatomita, molibdeno, plomo, oro, yeso y zinc.

Es por la lógica de estas cifras, que la minería se considera eje fundamental en la economía del país, y que constituye así una actividad de interés público que el Estado debe proteger y vigilar. Sin embargo, de acuerdo al último Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (2012) de la SE en el rubro de Otorgamiento de Concesiones e Ingresos por Derechos en Materia Minera, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) enlista tres observaciones que han sido comunes en auditorías anteriores y que representan serias irregularidades que permiten tejer la gran problemática que encierra la minería en México.[1] Las observaciones arrojan que:

  • Las cuotas pagadas por una concesión minera son simbólicas y contrastan con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos estaba por arriba de los derechos por concesión que cobra el Estado, los cuales (de 2005 a 2010) habían representado tan sólo un 1.2% respecto del valor de la producción.
  • Los impactos ambientales derivados de la extracción y el procesamiento de los materiales tenían costos significativos para la sociedad y perduraban en el tiempo.
  • Los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras eran mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se garantizaba el uso correcto y aprovechamiento de los recursos naturales, ni un beneficio para la Nación.

Estas observaciones dejan ver que los intereses que impacten en beneficio de la sociedad están totalmente disminuidos ante aquellos que buscan incrementar los índices productivos del sector económico. El Estado mexicano se ha mostrado altamente permisivo con las intenciones de expansión de las empresas mineras nacionales y extranjeras que actualmente se disputan la explotación de territorios con riquezas naturales.

Por encima de los informes que proporciona la SE –autoridad responsable de regular y supervisar dicha actividad económica–, cada vez es más latente y organizado  el descontento social que provoca el desarrollo abusivo de este sector productivo. Los conflictos surgidos a partir de la expansión que ha tenido la minería en México, derivado de las múltiples oportunidades de aprovechamiento que ofrece su geografía, son identificados como conflictos mineros.

En este contexto, es necesario un breve repaso de cómo es que el Estado ha venido permitiendo la operación minera a través de concesiones; qué proporción del territorio nacional actualmente se encuentra concesionado para estos fines; y, sobre todo, cuáles han sido los problemas que ha desatado el otorgamiento de concesiones con perfiles irregulares que causan invasión, deterioro y desplazamiento en territorios que ancestralmente han sido ocupados por un sector que históricamente ha sido discriminado, es decir, indígenas y campesinos, quienes actualmente encabezan la oposición al desarrollo de proyectos mineros en México.

Concesión Minera

En México, la operación minera se realiza a través de una concesión[2] en la que el Estado permite el aprovechamiento de los recursos naturales, siendo la Secretaría de Economía la encargada de atender los asuntos en materia de concesiones para la explotación de minerales.[3]

Actualmente, en el portal oficial de la Secretaría de Economía, el porcentaje de territorio concesionado en el año 2013 no se encuentra contabilizado, únicamente del concentrado correspondiente a este año se advierte el otorgamiento de 1,138 concesiones. Con esta cifra se puede comenzar a imaginar la magnitud de los espacios destinados a la explotación de recursos minerales.

De acuerdo al informe rendido por la Dirección General de Regulación Minera (DGRM), el padrón de concesiones vigentes al 31 de diciembre de 2012 ascendía a 26,558 títulos, con una cobertura total de 30,689,700 hectáreas, equivalentes a 306,897 kilómetros cuadrados (ASF). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la superficie territorial asciende a 1,964,375.0 kilómetros cuadrados, con lo que se tiene que la superficie concesionada equivale al 15.62% del territorio nacional. En el año 2012, fueron los Estados del Norte los que registraron mayor número de extensiones territoriales concesionadas, entre estos Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Guerrero. Mientras que de acuerdo al valor de producción minera nacional durante 2012, según el Sistema de Administración Minera (SIAM), las siete Entidades con mayor producción minera fueron Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luís Potosí y Guerrero, respectivamente.

Si solo se tratara de observar estadísticas y números macroeconómicos, podría concluir tal como lo ha venido haciendo el Estado, que el sector minero es una ventana de oportunidad al desarrollo –invisibilizando las múltiples transformaciones que provoca la actividad minera invasiva–.

Las transformaciones que se generan a partir de proyectos de minería a gran escala representan una fuerte amenaza a grupos culturalmente organizados de forma distinta al modelo dominante. Sin embargo, al representar una “minoría”  en más de una ocasión, el Estado y las empresas mineras a cargo han propuesto como solución la “integración” de estos grupos al modelo de desarrollo capitalista, en el cual impera el discurso de homologación, que unifica y totaliza, que relega la diversidad.

Ante los proyectos invasivos permitidos por el Estado y patrocinados por empresas mineras trasnacionales,[4] se ha venido construyendo una fuerte oposición a través de la organización independiente que concentra diversos movimientos sociales que ven amenazados sus derechos colectivos, impactando sobre todo su derecho al territorio e impidiendo el ejercicio de la libre autodeterminación.

Derecho al Territorio

El Derecho al Territorio es un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas, desarrollado a partir de consideraciones derivadas de largas mesas de trabajo en organizaciones internacionales,[5] excitadas por movimientos indígenas en el mundo. Postular este derecho implica el deber de reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas  –y, sólo podrá hablarse del ejercicio de este reconocimiento cuando sean consideradas e incluidas las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida–. Esto les permite determinar libremente su condición política, dando paso a su desarrollo económico, social, ambiental y cultural.

Con el reconocimiento del Derecho al Territorio, de acuerdo a lectura que se realice de los apartados correspondientes en los instrumentos internacionales, el Estado está obligado a respetar la importancia especial que para las culturas y valores de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios. Como señalara José Martínez Cobo[6] en su Estudio del Problema de la Discriminación contra Poblaciones Indígenas:

…[e]s esencial que se conozca y comprenda la relación especial profundamente espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras como algo básico en su existencia como tales y en todas sus creencias, costumbres, tradiciones y cultura. Para los indígenas la tierra no es meramente un objeto de posesión y producción. La relación integral de la vida espiritual de los pueblos indígenas con la Madre Tierra, con sus tierras, tiene muchas implicaciones profundas. Además, la tierra no es mercadería que puede apropiarse, sino elemento material del que debe gozarse libremente.

La atención que merecen los recursos naturales existentes en los territorios de los pueblos indígenas debe enfatizar la obligación del gobierno a brindarles protección, con el deber de garantizar el derecho de participación de los pueblos indígenas en la utilización, administración y conservación de dichos recursos, a través de procedimientos de consulta. Previamente a que se autorice cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes y dentro del procedimiento de consulta, debiera informarse si los intereses de los pueblos serán perjudicados y en qué medida; estos mecanismos de consulta aspiran a que los pueblos indígenas sean partícipes de los beneficios que reporten las actividades de explotación autorizadas, o bien, en caso de sufrir cualquier daño, puedan recibir una indemnización equitativa.

Hasta aquí, el cuadro de protección que brinda el Derecho positivo a los pueblos indígenas en México se referirá en todo momento al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, –y esto derivado de la lectura del artículo 1° de la CPEUM en la que se advierte la obligatoriedad de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos–, sin embargo, esto resulta insuficiente. Y no únicamente por el alcance de sus previsiones, sino porque en un modelo económico capitalista dominante como el actual, estas prerrogativas frente a la invasión de proyectos de minería a gran escala, se convierten en meras simulaciones. Las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado, indican que actualmente en México, han sido identificados más de veinte conflictos mineros.

Conflictos Mineros

Los conflictos mineros deben ser entendidos como aquellos levantamientos de oposición al desarrollo de megaproyectos mineros identificados en el país. La oposición surge a partir de diferentes agentes, sobre todo, cuando se piensa en la devastación natural que ocasiona la actividad minera; por un lado aparecen las afectaciones directas al territorio, y por otro, el profundo desabasto de recursos vitales que acarrea esta actividad, por ejemplo el agua. La satisfacción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se torna imposible.

Como respuesta a la invasión de las empresas mineras en México, han surgido movimientos organizados[7] que permiten visibilizar la problemática social que acarrean los proyectos de minería a gran escala, encabezando la lucha entre los intereses de la población y de los empresarios mineros, donde el Estado se inmuta y en el mayor número de casos beneficia directamente a los empresarios; dejando de cumplir con las obligaciones que tiene según el marco normativo de los Derechos Humanos en el ámbito Internacional, específicamente con las poblaciones indígenas.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de América Latina que acumula más conflictos socio-ambientales provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, todo esto sumado a que la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras son irregulares e inequitativos (González 2013).

Detrás de un discurso homogéneo que oferta a la minería como ventana de oportunidades para el desarrollo, hoy en día tenemos pueblos en pobreza extrema,  con territorios devastados y recursos naturales disminuidos, desplazados y con problemas internos que amenazan su composición cultural. En México, los conflictos mineros que encabezan la lista ya sea por el tiempo que lleva el conflicto, o por las violaciones a derechos involucradas, se identifican los siguientes proyectos: Minera San Xavier y La Luz en San Luís Potosí, Minera María en Sonora, Minera Caracol en Chiapas, Ejido Carrizalillo en Guerrero, Caballo Blanco en Veracruz, La trinidad en Oaxaca, Aquila en Michoacán, Mina Cerro Jumil en Morelos y Las Espejeras en Puebla.

Las compañías mineras involucradas son Metallica Resources New Gold, Grupo Frisco, Gold Group, Ferro Gusa Carajás, Minefinders Corporation of Vancuver, Pan American Silver, Linear Golpe Corp, Grupo Carso, Mina de Oro Nacional, Continuum Resources Minera Natividad, Minera el Rosario, Grat Panther Resoruces Limited y Media Luna, la mayoría de origen Canadiense y en el caso particular,  Minera Frisco y Grupo Carso propiedades del empresario mexicano Carlos Slim.

¿Qué indica esta situación? Que el capital ha buscado y continúa buscando la forma de homologar su discurso para así mostrarlo como el único camino. Lamentablemente hasta ahora la fórmula ha funcionado. La lógica capitalista tal como señalara Bolívar Echeverría “absolutiza el relativismo –reprime la reivindicación de las diferencias– como condición de la cultura nacional” (Echeverría 1995,10). De ahí que, considerando los propósitos de “desarrollo nacional” que oferta el Estado, se justifique la invasión de empresas mineras –un gran número, extranjeras– en territorio nacional, y específicamente en territorios ricos en recursos naturales, resguardados históricamente por pueblos originarios con alta población indígena.

Con las pretensiones capitalistas “aparecen sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión y el pillaje. Por eso cuesta trabajo a veces discernir las leyes rigurosas del proceso económico entre la maraña de violencia y porfías por el poder”(Luxemburgo 1997, 351).

Refiere Jordi Mundo la afirmación de Rosa Luxemburgo al señalar que la acumulación de capital, como todo proceso histórico-económico concreto, reúne dos aspectos distintos. El primero es la acumulación entendida como un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y trabajadores asalariados. En este contexto, se puede mostrar cómo históricamente se ha producido una acumulación del derecho de propiedad que ha concluido en una apropiación de propiedad ajena. Conceptualmente, se trata de un proceso de explotación de clase. Mientras que el segundo aspecto de la acumulación se da entre el capital y las formas de producción no específicamente capitalistas, y su ámbito es mundial. En este proceso participan la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados y la guerra (Mundo 2014). A partir de lo que se ha venido señalando en este trabajo, los dos aspectos de la acumulación capitalista se encuentran y están vigentes en la relación económica que concierne a la minería.

Actualmente, la forma en que el capitalismo se apropia de recursos se desarrolla en una dinámica de violencia. Se mercantiliza y privatiza la tierra, se transforma la propiedad colectiva en propiedad privada, se limita el acceso a bienes comunales, se niegan formas de organización originarias, se promueve el desplazamiento de pueblos indígenas a través del integracionismoo bien, por medio de políticas indigenistas de fondo asistencialista. Estos ejemplos los llama David Harvey “procesos de acumulación por desposesión”.

Pese al modelo dominante, se configuran prácticas diferentes de sujetos colectivos que resisten con el propósito de conservar la forma de organización que refleja su cosmovisión, subrayando el sentido de pertenencia e identidad con un territorio. La relación de los pueblos indígenas con su territorio es intrínseca, tal como escribe Carlos Porto (Porto 2001, 6):

…las identidades colectivas implican por tanto un espacio hecho propio por los seres que la fundan, vale decir, implican un territorio. Si es posible extender a otras sociedades el concepto de desarrollo, despojándolo de su carácter moderno productivista podemos afirmar, entonces que el devenir de cualquier sociedad, su desarrollo propio, se inscribe dentro de un orden especifico de significados, entre los que se encuentra el modo en que cada una marca la tierra, o, desde un punto de vista etimológico, geo-grafía, vuelve propio, hace común un determinado espacio, adueñándose de él. Un espacio, concreto en el que un largo proceso de apropiación simbólico-material implicaría que los propios miembros de esta comunidad humana hubiera construido el sentimiento de ese espacio que es su espacio, su espacio común… parte constitutiva de su ser social. La geografía como acto de marcar la tierra, de apropiarse material y simbólicamente del espacio, es un saber eminentemente ligado al terreno político y al proceso de creación de un magma de significaciones.

Con todo esto no debe sorprender la oposición al desarrollo. Si bien la lógica de despojo territorial e imposición capitalista marcha con empuje, se tiene la obligación de reivindicar los derechos colectivos que detentan los pueblos originarios, garantizando el libre ejercicio a la autodeterminación y en general, su derecho a existir. El discurso que individualiza y concentra una voz monocultural y dominante debe quedar atrás.

La visibilización que han construido los pueblos indígenas a través de sus luchas y resistencias, abre el debate, insta a dialogar sobre lo que se ha venido entendiendo como su desarrollo y los sujetos que deben estar involucrados.

La tarea que queda es la reconstrucción del conocimiento, tener la oportunidad de transformar la lógica dominante permitiendo desear un mejor modo de vida.


Carolina Hernández Nieto. Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, becaria del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, PAPIIT IN302311 con el tema “El derecho fundamental a la consulta previa de los Pueblos Originarios frente a los megaproyectos de inversión, en un contexto de exclusión y destrucción ambiental“, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha participado como ponente en talleres sobre Derechos Indígenas, Derecho al Territorio y Derecho a la Consulta.


Notas

[1] Dichas notas se refieren a resultados obtenidos como parte de las observaciones realizadas en las auditorías números 57 “Recaudación de Ingresos por Derechos por Concesiones y Asignaciones Mineras” y 809 “Derechos Sobre Minería”, correspondientes a la revisión de los informes de Avance de Gestión Financiera 2007 y de la Cuenta Pública 2010, y sobre las cuales la SE informó en su momento a la ASF la celebración de un convenio de colaboración para el desarrollo e implantación del Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) que permitiría a esa dependencia el control de las concesiones otorgadas. Debiendo ser  concluido e implementado en agosto de 2011, sin que eso sucediera.  El 29 de mayo de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales del SIAM, y fue hasta el 14 de junio de ese mismo año que se envió la documentación correspondiente a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para su revisión. Sin embargo, sobre estas observaciones se realizaron recomendaciones a la Cámara de Diputados, resultando en la aprobación de la iniciativa por la que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal el 16 de octubre de 2013, en las que destaca que los titulares de concesiones y asignaciones mineras deberán pagar  I) Un derecho especial sobre minería, que resulte de aplicar la tasa de 7.5% a la diferencia positiva entre los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva y las deducciones permitidas en Ley del Impuesto sobre la Renta, con las excepciones propuestas, así como el II) Un derecho adicional sobre minería y III) El derecho extraordinario sobre minería, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. Respecto de la distribución de los nuevos derechos mineros que se repartirían, la Cámara de Diputados realizó ajustes para quedar en un 40.0% para el Gobierno Federal, un 30.0% para entidades federativas mineras y un 30.0% para municipios mineros.

[2] De acuerdo a la doctrina del Derecho Administrativo, una concesión es un acto administrativo por el cual el Estado concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o el aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público.

[3] Esta conclusión se obtiene al armonizar la Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 6° con el artículo 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por último con el ordenamiento tácito que hace la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 34°.

[4] En México durante el 2012 se tiene informe de 252 empresas de origen extranjero con concesiones mineras. En primer lugar se encuentra Canadá con 121 empresas, en segundo lugar Estados Unidos de Norteamérica con 75 empresas y en tercer lugar, China con 11 empresas.

[5] Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el Convenio 169 y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

[6] Relator de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

[7] Por dar algunos ejemplos: (i) Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, en Puebla.

(ii) Iniciativa Ciudadana de Ley Minera desde Derechos Humanos y, (iii) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

 

Bibliografía

Libros

Echeverría, Bolívar. 1995. Modernidad y Capitalismo. En Las Ilusiones de la   Modernidad, 10. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Luxemburgo, Rosa. 1997. La acumulación del Capital. México: Grijalbo.

Mundo, Jordi. 2014.  Propiedad, apropiación y desposesión. Repensar la libertad en la tradición republicana.  Conferencia presentada en el congreso “Democracia, derechos y pueblos. Debates desde el republicanismo socialista y el pluralismo jurídico”, 12 al 14 de febrero de 2014, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Porto, Carlos. 2001. Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. México: Siglo XXI.

Notas Periódisticas

Martínez Alier, Joan. 2012. ¿Cuántos conflictos ambientales por minería hay en el mundo?. La Jornada. 17 de julio de 2012, sección Opinión.

González, Susana. 2013. México, uno de los países de AL con más problemas con mineras: Cepal.  La Jornada. 20 de octubre de 2013, sección Economía.

Méndez, Enrique. y Roberto. Garduño, 2013. México, paraíso fiscal para compañías mineras canadienses, revela análisis. La Jornada. 17 de octubre de 2013, sección Política.

Sitios de Internet

ASF. Ver_ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Economía. Otorgamiento de Concesiones e Ingresos por Derechos en Materia Minera http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0030_a.pdf  (consultado el 01 de abril de 2014).

INEGI. Ver_Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Extensión de México. http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T (consultado el 01 de abril de 2014).

OCMAL. Ver_Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Conflictos en México” en Base de datos de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latinahttp://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02024200 (consultado el 03 de marzo de 2014).

OIT. Ver_Organización Internacional del Trabajo. C169. Sobre los pueblos indígenas y tribales (1989). Information System on Internacional Labour Standards. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO  (consultado el 01 de abril de 2014).

ONU. Ver_Organización de las Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf (consultado el 01 de abril de 2014).

SIAM, Ver_ Sistema de Administración Minera. Estadística 2012- Por Estado Secretaría de Economía. http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_2012 (consultada el 01 de abril de 2014).

Legislación

CPEUM. Ver_Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf (consultado el 01 de abril de 2014).

LGBN. Ver_Ley General de Bienes Nacionales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf (consultado el 01 de abril de 2014).

LOAPF. Ver_Ley Orgánica de la Administración Pública Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf (consultado el 01 de abril de 2014).

LM. Ver_Ley Minera http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151.pdf (consultado el 01 de abril de 2014).

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