Sobre el recorrido de Adriana: acceso a la justicia y derecho a decidir de las mujeres indígenas

¿El poder judicial ha cumplido con las obligaciones que le corresponden a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011?

A partir del documental “Las libres, la historia después de…” conocimos la historia de Adriana Manzanares Cayetano, mujer indígena guerrerense acusada y juzgada por los delitos de adulterio y aborto; quien a principios del año de 2014 por fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue puesta en libertad, tras reconocer violaciones a sus derechos humanos.

Luego de saber la historia de Adriana Manzanares, y detectar que existen elementos de reflexión, decidimos elaborar dos entradas en el blog con el objetivo de reconocer las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, específicamente en el acceso a la justicia y el derecho a decidir en México.

1. Acceso a la justicia

Como parte de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de  junio de 2011, el sistema jurídico mexicano reconoce en el artículo 1o. constitucional que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que sea parte; quedando prohibida toda discriminación, entre otros, por origen étnico, género y estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Este panorama aparente de respeto a los derechos humanos continúa siendo un reto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de los principios de control de convencionalidad y pro persona, han comenzado a emitir sentencias de mayor alcance y sobre todo, generando precedentes relevantes que podrán ser invocados en casos futuros. Un ejemplo, el caso de Adriana Manzanares que fue resuelto por la sentencia dictada en el amparo directo 21/2012, elaborada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, integrante de la  Primera Sala de la autoridad suprema.

De las constancias públicas del expediente en análisis[1], se cuenta con dos versiones antagónicas entre sí: la de las autoridades ministeriales y la de la acusada, de ahí la necesidad de que la SCJN se pronunciara al respecto.

En los autos originales de la investigación, se encuentran múltiples valoraciones subjetivas que violaron en más de una ocasión el derecho al debido proceso[2]. Entre ellas, el hecho de que su embarazo fuera producto de una relación extramarital así como el que decidiera ocultarlo, de la misma forma, la autoridad ministerial funda el supuesto delito[3] cometido por Adriana Manzanares, en una declaración que se tiene de ésta en la que confiesa estar consciente de los problemas que le traería su situación frente a los usos y costumbres de su comunidad, piensa y decide matar a su hijo, dejándolo caer de cabeza, para después solicitar la ayuda del padre del menor y ocultar el cuerpo al sepultarlo envuelto en una bolsa de plástico.

En contraste a estas valoraciones, se tiene la versión de Adriana Manzanares, quien más allá de adentrarse en los dimes y diretes del origen de su embarazo, señala un elemento esencial: ella al momento de ser detenida no hablaba ni entendía el español. Esto configuró la premisa fundamental en el estudio de la SCJN: ¿Cómo pudo Adriana Manzanares confesar el ánimo de matar a su hijo, frente a las autoridades ministeriales?

Adriana Manzanares tenía (y tiene) derecho a que se le siga un debido proceso, y como indígena, el derecho a ser asistida en toda diligencia por un intérprete[4]. Sin embargo, esto no fue así. 

De acuerdo al criterio de la SCJN toda persona sujeta a un proceso penal quien se ha auto-declarado indígena deben procurársele los derechos que le otorga el artículo 2 constitucional, de tal manera que no debe existir razón alguna para no otorgar  a toda persona que se autodeclare indígena, la protección especial que le reconoce tanto la Constitución como los Tratados Internacionales[5], pues dicha pertenencia es la que le concede la identidad cultural que genera una diferencia valorativa a favor de los indígenas por su especial vulnerabilidad. Ahora bien, no sólo no se le dotó de un intérprete, sino que fue discriminada también por ser mujer[6]

Con lo cual, resultó consideración de la SCJN que no se respetó el derecho de acceso a la justicia y defensa adecuada a través de intérprete con conocimiento de lengua y cultura desde el momento en que Adriana Manzanares fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, y en consecuencia, cualquier declaración emitida por la imputada o prueba de cargo que derive de dicha circunstancia es ilícita y, por tanto, carece de todo valor probatorio[7].

Producto del estudio realizado por la SCJN, se resolvió amparar y proteger a Adriana Manzanares, por lo que al mismo tiempo se solicitó que a través del medio de comunicación más eficaz, se notificara a la autoridad penitenciaria el sentido del fallo y en consecuencia se ordenara la inmediata y absoluta libertad de la quejosa[8].

¿Puede ser la impartición de justicia una herramienta para violentar a las mujeres? Como bien se ha mencionado, en las instancias locales influyeron valoraciones subjetivas en el caso de Adriana (una relación extramarital y embarazo fuera del matrimonio), por ello, no son casualidades las omisiones y violaciones de derechos durante el proceso judicial.

Dichas fallas no ocurrieron de forma aislada, fueron las autoridades judiciales las que omitieron mecanismos a la hora de impartir justicia en el caso de Adriana. Este caso desgraciadamente es repetitivo, y se suma  al patrón que se ha creado en el quehacer judicial, ser mujer e indígena configura un perfil al que hoy en día, le sigue siendo difícil tener acceso a la justicia. El reconocimiento de la SCJN sin duda es un precedente, pero el sistema judicial es un cuerpo más complejo, en el que todos sus niveles debieran homologar criterios a través de la capacitación de jueces y personal administrativo, el panorama actual nos lleva a preguntar: ¿El poder judicial ha cumplido con las obligaciones que le corresponden a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011? ¿Es el poder judicial un garante del cumplimiento de esta reforma? Los escenarios de violación continúan, y aquí estas preguntas.

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[1]Véase el engrose de la sentencia en amparo directo 21/2012. Información disponible en la página oficial de la SCJN en el rubro de Sistemas de Consulta-Sentencias y Datos de Expediente. https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

[2] Entendiéndose como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias judiciales para asegurar la adecuada defensa de aquellas personas cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración ministerial o judicial.

[3] En octubre de 2009 se dicta sentencia condenatoria por homicidio calificado. Determinando que se encontraba plenamente acreditada la responsabilidad penal, medios probatorios suficientes, caída intencional, considerando que el grado de reproche social se ubicaba entre el mínimo y la media, se le impuso una pena de 32 años de prisión y se le condenó a cubrir montos de reparación del daño y gastos funerarios. La defensa de Adriana Manzanares y M.P. apelaron la resolución, para ser resuleta la inconformidad en abril de 2010 por la Primera Sala Penal de TSJ de Guerrero, en la que confirma la resolución de Primera Instancia por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco, imponiéndole una pena de 22 de prisión. La Sala consideró que los medios probatorios son aptos para dar por acreditado el delito de homicidio agravado y no calificado. Calificó los medios probatorios como idóneos, confiables y eficaces para sustentar la responsabilidad de la acusada, al haber dado a luz, y horas después tomar al menor en sus brazos y dejarlo caer con la INTENCIÓN de privarlo de la vida, lo que se acreditó en la necropsia, la muerte la causó un golpe en el parietal izquierdo.

[4] En las constancias de actuaciones ministeriales, de forma contradictoria, se asentó que al momento de rendir su declaración, Adriana Manzanares declaró entender el español, sin embargo, aún cuando esto hubiese pasado, por el simple hecho de ser indígena debe ser asistida por un intérprete.

[5] Véase Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) 6P (9a.) Décima Época. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Tesis Aislada.

[6] El padre del hijo de Adriana Manzanares, que también fue detenido y quien también se auto-reconoce indígena, sí tuvo un intérprete a su disposición, con lo cual se tiene que la autoridad ministerial actúo de manera parcial en el proceso de los dos acusados.

[7] Engrose de la sentencia en amparo directo 21/2012.

[8] El 22 de enero de 2014, le fue notificada la resolución de la SCJN a Adriana Manzanares.

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