A resolver el conflicto que viene: la ocupación de tierras y la implementación de la reforma energética

Uno de los principales retos que enfrenta la implementación de la reforma energética es la resolución efectiva del conflicto entre las compañías petroleras y las comunidades que poseen las tierras con hidrocarburos. ¿Cómo prevenir el conflicto y evitar el encono que mine los beneficios de la reforma?

En el contexto de la recién aprobada reforma energética hay algunos desafíos más apremiantes que atender: los conflictos latentes entre las compañías petroleras con derechos de explotación y las comunidades que ostentan los títulos de propiedad de los terrenos donde hay hidrocarburos. Se trata de un reto formidable que compromete la productividad del sector energético y, en consecuencia, fallar en superarlo implica un elevado costo polìtico. Desde un punto de vista estratégico, la gestión de esta clase de conflicto en los próximos años constituirá la carta de presentación del país entre los inversionistas extranjeros, y los resultados marcarán la diferencia entre un panorama de inversión atractivo o la percepción internacional de un mercado mexicano carente de las garantías necesarias para operar productivamente proyectos de hidrocarburos. No es un tema trivial, pues está en juego la consolidación de parte importante del proyecto de nación concebido por la administración federal en curso.

En el centro del conflicto que amenaza con minar la productividad de la industria extractiva de petróleo y gas se encuentra el uso u ocupación de tierras privadas. El tema es muy sensible, no sólo por el peso mediático que tiene, sino porque tiene implicaciones cruciales para el desarrollo local antes, durante y después de la explotación de las reservas de hidrocarburos. Aunque las actividades upstream (exploración y explotación de hidrocarburos) son altamente rentables y, por ende, se catalogan como actividades de interés público y prioritarias sobre cualquier otro uso que pueda darse a los terrenos donde hay hidrocarburos, su desarrollo implica brindar acceso a las compañías petroleras a tierras privadas. En síntesis, la nueva Ley de Hidrocarburos concibe una serie de mecanismos para compensar a los propietarios por el uso, goce o afectación de derechos y bienes durante las actividades productivas de hidrocarburos, destacándose la posibilidad de renta de la tierra, el pago por daños ambientales y sociales, además del pago a la comunidad entre 0.5% y 3% del ingreso que se obtiene en los proyectos que lleguen a comercializar gas y petróleo. Sin embargo, no hay en realidad mucho margen de acción para los afortunados cuyas propiedades se encuentren sobre combustibles fósiles: de no llegar a un acuerdo con las compañías para facilitar el acceso a los terrenos, de y rechazar la consecuente intermediación federal, se habilita el trámite de una declaración de servidumbre legal de hidrocarburos, por cuyos efectos las compañías pueden construir infraestructura y desarrollar actividades productivas sin el consentimiento del propietario original[i].

Por abusivo que parezca, las nuevas disposiciones se encuentran en línea con prácticas internacionales en materia de uso de suelo, pues la tendencia es dar prioridad a la extracción de hidrocarburos sobre otras actividades y a pesar de otros derechos[ii]; sin embargo, en lo que ahora México debe centrarse es el desarrollo de mecanismos más allá de las compensaciones económicas, también en línea con buenas prácticas internacionales, para prevenir y gestionar de forma eficaz el conflicto. La experiencia internacional en países en desarrollo comprueban que el conflicto tiene efectos nocivos para las empresas y el Estado, pues no sólo pone en riesgo el patrimonio del capital privado y su inversión en los proyectos, sino que impide alcanzar los objetivos económicos planteados al obstaculizar la operación exitosa de la extracción y comercialización de hidrocarburos, así como constituir mala publicidad.

El abanico de posibles respuestas es amplio y resulta necesario analizar otros casos donde gobiernos nacionales permiten el desarrollo de actividades de extracción en propiedad privada. Por ejemplo, el gobierno canadiense cuenta con una estrategia de largo alcance para concientizar a los propietarios de terrenos con hidrocarburos sobre las ventajas que se derivan de utilizar sus tierras para la extracción de los mismos, en aras de facilitar el acercamiento de las empresas a la comunidad, sin que el énfasis en los beneficios económicos opaque la descripción objetiva de los riesgos ambientales y la enunciación clara de los derechos que todas las comunidades tienen durante la negociación con las compañías extractivas. Asimismo, la provincia de British Columbia cuenta con servicios de arbitraje y mediación orientados a celebrar acuerdos entre las partes afectadas que sean satisfactorios, mitigando así la posibilidad de inconformidad[iii]. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que es la instancia oficial encargada de realizar la mediación en el contexto nacional cuando no se llega a un acuerdo, podría aprender lecciones importantes sobre la gestión de conflictos.

Por otro lado, un arreglo que llama particularmente la atención es el colombiano, donde se apuesta por reducir el conflicto mediante inversiones sociales obligatorias para las empresas que obtienen permisos de extracción en las comunidades donde se ejecutan los proyectos. Los proyectos de inversión, conocidos como Programas en Beneficio de las Comunidades, cuentan con un presupuesto total mínimo de 1% de la inversión contemplada en las etapas de exploración y extracción,  y se centran  en proveer servicios sociales y generar capacidades productivas en las comunidades huéspedes. La estrategia colombiana recibe asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), pues en el contexto del país suramericano, más del 80% de los proyectos de extracción de hidrocarburos se desarrollan en las comunidades catalogadas como las más pobres[iv]. Asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia ha desarrollado guías y lineamientos para el desarrollo de los proyectos con el objetivo de aminorar el conflicto social[v]. En vista de que las empresas que extraigan petróleo y gas en México pueden compensar a la comunidad mediante inversión en infraestructura social, el precedente colombiano es relevante para ahorrar a nuestro país más ensayos y —errores, como es comprensible— de lo que son estrictamente necesarios.

Y en nuestro país, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el momento preciso para preguntarnos sobre el conflicto y su resolución. En particular, al estar aún pendiente la elaboración del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, contamos con una oportunidad excelente para articular una estrategia coherente de previsión de conflictos. También es una gran oportunidad para mandar señales económicas y políticas pero, sobre todo, de asegurar que los beneficios enunciados en la reforma sean distribuidos más equitativamente en la práctica, justo en aquellos lugares donde la reforma será tangible en forma de pozos, maquinaria y trabajadores donde antes había sembradíos y ganado. El país va a tener que aprender a convivir con las grandes petroleras, no obstante, aún está por verse en que términos. Por mucho que uno apoye la reforma, un poco de empatía deja claro el dilema que tenemos entre manos. Después de todo, ¿usted que haría si mañana Exxon o Chevron tocan a su puerta para negociar la instalación de un pozo de gas natural en su patio?…. Recuerde, sólo tiene 80 días para decidir.

Conoce más de Grid Político.

 

[i] Ley de Hidrocarburos (publicado en el DOF el 11 de Octubre del 2014).

[ii] Acceso a la tierra para la industria extractiva: enfoque social y ambientalmente sostenible (s.l., Programa Evidencias y Lecciones desde América Latina, 2012), p.1.

[iii] Oil and Gas Development and You. Information for landowners (British Columbia, Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, s.f.).

[iv] Programas en beneficio de las comunidades implementados por el sector hidrocarburos en Colombia (Colombia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), p. 21.

[v] Proyecto de Guía Técnica Colombiana (2012, Gobierno de Colombia).

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