El palo y la piedra

Informar, en democracia, no es cualquier verbo; implica una acción a la que está obligada toda aquella persona que ejerce el poder que le es conferido por la ciudadanía.

Informar, en democracia, no es cualquier verbo; implica una acción a la que está obligada toda aquella persona que ejerce el poder que le es conferido por la ciudadanía. Este informe es una manera de rendir cuentas, de explicar qué fue hecho y de qué manera a nombre del pueblo. En atención a esta obligación, el señor Enrique Peña Nieto entregó su informe ante el Congreso de la Unión el pasado día 1º de septiembre y el 17 hará lo propio Miguel Ángel Mancera ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vale la pena detenerme a reflexionar algunos aspectos de esta práctica en la cual los órganos legislativos se han convertido en auditorios sin capacidad de interpelación.

Todo servidor público está obligado a informar acerca de los actos que comete a causa del cargo que detenta y que se le encomienda. Sin embargo, quienes son electos democráticamente tienen un deber si no más importante, al menos sí mucho más significativo que quienes son únicamente designados (ya por dedazo –como no debiera ocurrir– ya por los conocimientos que poseen –como sí debiera suceder–). Esto se debe a que quienes son democráticamente electos, deben su legitimidad a sus electores pero son responsables de manera directa no solo ante ellos, sino ante la totalidad de la ciudadanía. Estas personas, que reconocemos bien o mal como nuestros representantes, son empleados nuestros a quienes es preciso cuestionar acerca del estado que guardan los negocios públicos, los negocios de todos.

Siguiendo estrictamente esta lógica, por ejemplo, el titular del ejecutivo federal para rendir su informe ante la ciudadanía, podría contratar a un buen equipo de producción que por diversos medios de comunicación le permitiese llegar a los más de ciento diez millones de habitantes que tratan de medio vivir en este país. No obstante, la rendición de cuentas que implica el informe en esta situación se pierde pues, por un lado, el pueblo tan disperso y tan numeroso está incapacitado de ofrecer un cuestionamiento efectivo a una sola voz ante lo que se le informa; y, por el otro, el servidor público rodeado de gente que le aplaude al término de frases contundentes, bien entonadas y medidas, más que dar un informe, da un discurso que se celebra o se abuchea, pero que no tiene mayor resonancia. Esta situación, por supuesto, no es la que debería corresponder a un informe que significase una rendición de cuentas. Aquí surge la importancia que tienen los órganos legislativos como receptores de esos informes.

Si se recuerda, el tipo de democracia que según nuestra Constitución nos rige, es el de una democracia representativa. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales son órganos conformados por una pluralidad de personas electas por el pueblo y que idealmente lo tendrían que representar. Tienen como función principal la elaboración de las normas que, entre otras cosas, rigen los actos de toda institución, de todo servidor público y regulan las relaciones interpersonales. La paga que en abundancia se asignan les permite o les debería permitir dedicarse en exclusiva a su función al menos por el tiempo en que se comprometan a ejercer el cargo; incluso, la posibilidad que ya tendrán de reelegirse, nos amenaza con que ellos se prolonguen en el puesto y que, ojalá, propicie que se desenvuelvan con mucho más profesionalismo. Asimismo, tienen acceso a una mayor cantidad de información que les debiera permitir estar en una posición mucho más ventajosa respecto de cualquier otro ciudadano para analizar los datos y los diferentes problemas que se les plantean. Pero por si lo anterior fuera poco, los órganos legislativos cumplen con la importantísima tarea de controlar el poder del ejecutivo. Vistos así, los órganos legislativos resultan ser las instancias más idóneas que, en representación del pueblo, son capaces de recibir directamente el informe del titular del ejecutivo.

En los hechos, es cierto, esto así sucede. Sin embargo, no es lo mismo mandar por escrito un documento larguísimo, que presentarse ante el órgano legislativo y, ante la vista de todos los presentes (y de los que sigan la transmisión por cualquier otro medio), ser cuestionado acerca de la gestión realizada. El tipo de informe extinguido en el último año de Vicente Fox pudo haberse convertido –sobre todo con la integración que tuvo el Congreso de la Unión posteriormente–, en un control político que pusiera en evidencia ante la ciudadanía los grandes problemas del gobierno. Sin embargo, como todos lo saben, hoy el informe a nivel federal carece de contestatarios.

Pero en el Distrito Federal no estamos en un lecho de rosas, como dijera Cuauhtémoc en pleno tormento. Ante la ausencia de reglas que determinen el formato del informe del jefe de Gobierno, recuérdese que el año pasado la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa determinó que este debía realizarse haciendo uso de la pregunta parlamentaria por escrito, modalidad que antes de esa ocasión no se había empleado. Ello implicó que los coordinadores de los grupos parlamentarios plantearan preguntas escritas al Jefe de Gobierno y, de igual modo, recibiesen la respuesta. Aunque por escrito hay mayores posibilidades de expresar y argumentar una respuesta de manera puntual, me parece que esta modalidad le restó mucho carácter al informe que he referido, pues en lugar de significar un control político que ponga en evidencia ante el público los grandes problemas de la ciudad y del gobierno, se vuelve un mero evento formal de discursos, aplausos y abucheos (si es que no los censura la transmisión en vivo). Hace falta ver el formato que para este año determine la Comisión de Gobierno, pero sabiendo lo bien cuidado que tiene al señor Mancera, con toda probabilidad no diferirá al del año pasado.

Se dijo en aquel entonces que la pregunta parlamentaria lograba una mayor civilidad. Si por civilidad se entiende la no interrogación en público de nuestros representantes, entonces desde hace tiempo venimos siendo civilizados. ¡Tremenda mentira! Se trata más bien de impedir un control político y una manera de exigir cuentas que hace público el desempeño de nuestros representantes y que impacta en las preferencias de la ciudadanía. En el pasado, según nos cuenta el padre Sahagún (Cap. IV, Libro Sexto del Códice Florentino), los mexicas mantenían a sus gobernantes –por muy hueytlatoanis que fueran– bajo la amenaza del palo y la piedra. En nuestros días, me parece que como ciudadanos pedimos a los legisladores que actúen como nuestros representantes y, ante un informe, sancionen con la evidencia pública al gobernante que no sepa manejar nuestros negocios. No, no es mucho pedir.

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