Sobre el recorrido de Adriana: acceso a la justicia y derecho a decidir de las mujeres indígenas

El caso de Adriana Manzanares visibiliza el papel del Estado para el acceso a la justicia y el derecho a decidir de las mujeres indígenas en México a partir de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011.

Hace un par de semanas, comentamos el tema de acceso a la justicia en el caso de Adriana Manzanares[1] y señalamos que éste, al igual que muchos otros, se inscribe en un contexto de injusticia social que permea toda la estructura del Estado mexicano. La pobreza, la discriminación por condición étnica y etaria (en la mayoría de los casos mujeres jóvenes), el estado civil, la exclusión en los servicios de salud y educación continúan siendo constantes de vulnerabilidad para las mujeres indígenas en nuestro país.

En la entrada anterior, mencionamos que el poder judicial no ha cumplido con las obligaciones que le corresponden a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, queda pendiente analizar cómo el Estado no ha sido garante de los derechos de las mujeres, entre los que destacan el derecho a decidir.  

 

Derecho a decidir

Parte del movimiento feminista ha reivindicado el derecho a decidir como uno de los ejes fundamentales de su lucha. Se refiere al derecho que tienen las mujeres a tomar las decisiones sobre su persona y su cuerpo sin ningún tipo de intervención, por ejemplo, elegir si desea (y cuándo) tener hijos o no.

Es uno de los mejores indicadores para medir el avance político y social de los derechos de las mujeres porque permite reconocer la capacidad, libre y voluntaria, que tienen las mujeres de elegir sobre su vida reproductiva, la cual no incluye sólo el aborto, sino el acceso a métodos anticonceptivos y la educación sexual, que debieran ser garantizados por el Estado.

¿Cómo se relaciona el derecho a decidir con el acceso a la justicia de las mujeres indígenas? De acuerdo al informe Omisión e Indiferencia: derechos reproductivos en México, elaborado por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)[2], en el período comprendido entre 2009 y 2011, 679 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto, es decir, 226.3 mujeres en promedio al año, sin contar a las muchas otras que han sido denunciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco. 

Sin embargo, pese a que se continúa juzgando a mujeres que deciden interrumpir un embarazo, no existe disminución del mismo, es decir, no se ha demostrado una relación directa entre la legalización del aborto y su ocurrencia. La relación que sí existe es la disminución de la mortalidad materna por aborto inseguro[3]. Si bien el aborto es la tercera causa de muerte materna en México, su despenalización (en el Distrito Federal) ha disminuido los porcentajes por esta causa: en el 2010, representó el 9.3 por ciento, mientras que para el 2012, disminuyó al 7.1 por ciento[4].

En el caso de las mujeres indígenas, los datos no son anodinos ya que están relacionados a la alta tasa de mortalidad materna, destacando en segundo lugar Guerrero (estado natal de Adriana Manzanares) con 47.2 por ciento de muertes maternas en este sector de la población[5]. En este sentido, el aborto ilegal no sólo es considerado un delito en varios estados, sino además, el escaso acceso a servicios de salud pone en riesgo la vida de las mujeres indígenas.

Retomando la reforma constitucional de junio de 2011, existe un amplio marco jurídico internacional que obliga a México a realizar acciones directas para garantizar el derecho a decidir de las mujeres indígenas: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Plataforma de  Acción de Beijing y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Particularmente, la Plataforma de Acción de El Cairo y el Consenso de Montevideo reiteran la necesidad de garantizar la salud sexual y reproductiva de todas las personas en la diversidad de condiciones sociales[6]. ¿Qué es lo que hace falta para cambiar esta realidad? Compromiso por parte del Estado mexicano.

Más allá de afirmar que los derechos de Adriana Manzanares fueron violados por los usos y costumbres de su municipio, habría que visibilizar la incapacidad del Estado por garantizar el acceso a la justicia y limitar la decisión reproductiva de las mujeres. No se trata (solamente) de comunidades patriarcales, sino de una estructura política que, ante su incapacidad para responder a las problemáticas sociales, genera mayores desigualdades entre las diversas identidades.

El derecho a decidir de las mujeres indígenas y no indígenas es parte de una serie de condiciones que tienen por común denominador la injusticia social, con origen en la distribución desigual de la riqueza, políticas sociales asistenciales, la discriminación institucional y un sistema judicial débil. México debe reconocer que es una deuda que se tiene con las mujeres indígenas y no indígenas a fin de garantizar su salud y su vida.

 

 

 

 

[1] https://alaizquierda.com.mx/2014/08/27/sobre-el-recorrido-de-adriana-acceso-a-la-justicia-y-derecho-a-decidir-de-las-mujeres-indigenas/

[2] Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Omisión e Indiferencia: derechos reproductivos en México: derechos reproductivos en México, GIRE: http://informe.gire.org.mx/ (Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014)

[3]IPAS, Diez datos sobre aborto, Por la despenalización del aborto:  http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/ipas-10datos.pdf (Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014)

[4] Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Omisión e Indiferencia: derechos reproductivos en México: derechos reproductivos en México. Capítulo 3.Mortalidad Materna”, GIRE: http://informe.gire.org.mx/caps/cap3.pdf (Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014)

[5] Ibid.

[6] Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Family Care International (FCI), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Mujeres indígenas: derechos sexuales y reproductivos, Family Care International: http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Mujeres%20indigenas%20der_%20sex_%20y%20rep_%20FINAL.pdf (Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014)

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