Parece estado, camina como estado, pero es el Distrito Federal

Se ha reanudado el tema de la reforma política del Distrito Federal y aún hay varios temas que no se han definido. La configuración jurídica como entidad federativa, la Asamblea Constituyente y el referéndum al que sería sometida la Constitución, son tópicos que merecen nuestra atención.

Cuando ya parecía un tema sepultado y uno de los puntos no cumplidos del Pacto por México, el domingo pasado el senador Mario Delgado informó en conferencia de prensa los avances sobre la reforma política del Distrito Federal que lo convertirían en definitiva en el estado número 32. Y es que luego de aprobarse las recientes reformas constitucionales en materia político-electoral, pareció que otra reforma constitucional que incidiera en la Ciudad de México sería dejada para “después”, lo que en política significa para quién-sabe-cuándo. Según afirmó el senador, la reforma quedará lista a finales de septiembre de este año. Qué bueno que se reanuda el debate con esa contundencia. Sin embargo, hay varios aspectos que aún no están totalmente resueltos y habrán de definirse en los próximos días en la negociación entre las fuerzas políticas del Senado; después de todo la Ciudad de México seguirá siendo el lugar de residencia de los poderes federales y ello basta, según parece, para que su configuración jurídica no sea idéntica a la de un estado. Quiero hacer énfasis aquí en tres detalles que me parece que todas y todos los capitalinos no podemos dejar de observar:

1. Que la Ciudad de México no sea más un Distrito Federal y se convierta en un estado es de una importancia formidable porque cambiaría la naturaleza jurídica que se le asignó desde 1824, cuando el Congreso la eligió como el lugar donde residirían los supremos poderes de la Federación, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América. Esta configuración provocó que las decisiones políticas fundamentales quedaran en manos del Congreso Federal, por lo que la Ciudad careció desde entonces de un gobierno autónomo. Pero la Ciudad creció en territorio y habitantes, así que las nuevas necesidades la configuraron como un Distrito Federal muy sui generis. No había órganos de gobierno locales integrados por representantes de los defeños, por lo que las leyes, esos instrumentos que representan –o deberían representar– las decisiones del pueblo de un Estado, eran formuladas por representantes del país entero; esto pronto terminó por incomodar a la creciente ciudadanía que residía en el Distrito Federal.

Tenían que pasar más de 160 años para que se concedieran a la Ciudad autoridades locales electas democráticamente y, a pesar de ello, en nuestros días su margen de acción está muy limitado. Así, por ejemplo y en total discrepancia con los estados, el Jefe de Gobierno podría ser removido por la Cámara de Senadores contra la voluntad de quienes lo votamos; si quisiéramos fincar responsabilidad política contra algún asambleísta, el juicio político se llevaría a cabo en la Cámara de Diputados donde diputados provenientes de otras partes del país podrían meter su cuchara, quedando a merced de los intereses políticos federales; o si quisiéramos oponernos a una reforma a la constitución, nos quedaríamos con las ganas de hacerlo, porque al no ser miembro del Pacto Federal, el Distrito Federal no es tomado en consideración (pese a que el mismo Estatuto de Gobierno en su artículo 2 dice que sí es una entidad federativa). Y así muchos ejemplos ad infinitum.

Por eso el tema de la reforma política es tan importante y por eso mismo es preciso ver en qué términos el Congreso dejará a la Ciudad de México. Que en lugar de gobernador la propuesta del Senado insista en denominar al titular del ejecutivo local “jefe de gobierno”, ya debería alertarnos sobre el tipo y tamaño de autonomía que se nos pretende conceder.

2. Otro tema que se debe observar es la Asamblea Constituyente que habrá de elegirse para elaborar la Constitución de la Ciudad. Frente a la propuesta priísta que pretendía facultar a los miembros de la Asamblea Legislativa electos el próximo año para tal tarea, avanza con más aceptación la propuesta de elegir a una Asamblea diferente, cuyos miembros no recibirían remuneración alguna y tendrían el encargo específico de discutir el proyecto de constitución que les haga llegar el jefe de gobierno. El problema que aquí reside consiste en que las reglas para determinar quiénes y cuántos podrán ser las y los constituyentes, así como la forma de elegirlos, aún no están claras. Al respecto, la ciudadanía no puede dejar de presionar, porque bien podría dejarse la integración en manos de los partidos políticos, lo cual no me parece correcto. Hay que recordar que no se trata de una ley cualquiera, se trata del primer documento que dará cuenta de la existencia de una nueva entidad y que será el pacto de las y los capitalinos, el primer fundamento de las leyes que nos habrán de regir. Por ello, el proceso de elección de las y los constituyentes debe abrirse también y con mayor énfasis a la ciudadanía no militante de partido alguno, pero al mismo tiempo debe ponerse atención a las reglas que garanticen una elección genuina y una participación informada.

3. Concatenado con lo anterior, bajo la lógica de dotar de la mayor legitimidad posible a la Constitución, el referéndum al que se sometería el proyecto resulta del todo punto plausible, puesto que se estaría reconociendo que el poder constituyente reside plenamente en el pueblo y que los aquí llamados constituyentes son simplemente proyectistas de la constitución. No obstante, el problema sigue siendo el procedimiento, porque si las preguntas están mal formuladas, el referéndum podría arrojar resultados no deseados. Más aún, antes de llegar a esa etapa, se requiere de una fuerte concientización y campaña informativa de los tópicos de la reforma política que permita comprender a toda la ciudadanía del Distrito Federal, la importancia de la autonomía que se quiere conseguir; de lo contrario, el referéndum tendría como participantes a tribus y acarread@s para imponer o rechazar cuestiones que así consideren ciertas fuerzas políticas.

En ello las autoridades locales tienen mucha responsabilidad. Una reforma de esta naturaleza no puede venir como concesión –desde arriba–, sino como respuesta a una exigencia ineludible de las y los capitalinos –desde abajo–. Sin embargo, poco o más bien nulo parece el trabajo que hasta ahora ha desarrollado la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa (basta con dar clic aquí, para notar su desempeño casi nulo). Si es verdad que ya ha realizado varios foros públicos en las diferentes Delegaciones del Distrito Federal para informar a la ciudadanía, una encuesta nos haría saber qué tanto impacto han tenido en la generación de un mayor conocimiento del tema.

A no ser que se quiera que esto pase desapercibido con la consecuente discrecionalidad con que puedan arreglar sus intereses los partidos políticos en la Ciudad, es necesario incluir a todas y todos los defeños en el debate. El Distrito Federal, como el estado de la Ciudad de México, puede dar una mayor batalla al ser el principal contrapeso del Gobierno Federal. Que no se nos vaya la oportunidad.

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