Ante la criminalización y discriminación, Tribu Yaqui, resiste

Criminalización y discriminación, constante nacional para con los movimientos sociales. En el caso indígena, el panorama se potencializa. La Tribu Yaqui aún con la razón jurídica a su favor, resiste ante el capricho político Sonorense.

En los últimos días hemos sido testigos de la persecución y criminalización por parte del gobierno Sonorense en contra del secretario y vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero. El seno de este caso concentra temas sensibles e involucra derechos tanto colectivos como individuales, por lo que no sólo representa un atentado personal, sino en lo general, constituye un acto de intimidación y discriminación hacia este pueblo indígena.

Antecedentes

En el año 2010 el gobierno de Sonora impulsó la licitación y concesión para la construcción y operación del “Acueducto Independencia” que pretendía trasvasar desde la pera “El Novillo”, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la Cuenca del río Yaqui a la Cuenca del río Sonora. Ese mismo año, el proyecto fue sometido a la Manifestación de Impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y para 2011 ya se había otorgado su autorización. Todos estos actos de autoridad se realizaron sin consultar a la Tribu, en pleno incumplimiento de la ley nacional e internacional.

En ese mismo año, la Tribu Yaqui presentó un amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental señalando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) como responsables. El Juez Cuarto en Sinaloa resolvió en 2012 otorgándole el amparo a la Tribu, pero ese mismo año la Semarnat recurrió la sentencia, recurso de revisión que fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En mayo de 2013, la Corte confirmó la sentencia que otorga el amparo a la Tribu Yaqui (631/2012) y en agosto del mismo emitió una aclaración de la sentencia a petición de las autoridades responsables, pertenecientes a la Semarnat, en la cual se ordenó expresamente que la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) debía quedar insubsistente y que debía consultarse a la Tribu Yaqui de conformidad con los estándares internacionales.

La resolución emitida por la SCJN entre otros efectos, reconoce y obliga a las autoridades responsables a elaborar un proceso de Consulta a la Tribu Yaqui, mismo que debe estar adecuado a los estándares internacionales, esto significa,  ser previo, libre e informado.

La relevancia política y jurídica de este fallo se produce al ser el primer procedimiento consultivo a los pueblos indígenas indicado por el máximo tribunal del sistema judicial mexicano, luego de la Reforma Constitucional de junio del 2011,  con la que el Estado mexicano reconoce la obligada observancia y ejecución del  contenido del Convenio 169 de la OIT, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documentos esenciales a la hora de interpretar los derechos que les han sido reconocidos  a los miembros de pueblos indígenas en nuestro país.

La lucha de la tribu Yaqui

La Tribu Taqui con la construcción y operación del “Acueducto Independencia”, no sólo ve violado su derecho a la Consulta previa, libre e informada, sino también su derecho al Territorio y a sus recursos naturales[1]. En ejercicio de los principios de autonomía y libre determinación, de acuerdo a sus formas de organización han conformado un frente de contención, en el cual Mario Luna ha venido jugando un papel relevante; como vocero, ante autoridades y opinión pública, es la cara del movimiento.

Una de las acciones que la Tribu Yaqui ha llevado a cabo con el propósito de visibilizar la problemática que enfrentan, ha sido el bloqueo permanente de la carretera Federal México 15, ruta internacional que atraviesa el noroeste del país, y justo de esta acción se derivan los cargos que se le imputan a Mario Luna.

De acuerdo a la nota periodística de Sin embargo,[2] en una recapitulación de los motivos por los que fue detenido Luna Romero, se relata que en junio de 2013, Francisco Antonio Delgado Romo, “al parecer”, embistió con su automóvil a los manifestantes que participaban en un corte de carretera contra el Acueducto. Los miembros de la comunidad lo aprehendieron y lo mantuvieron retenido durante dos días antes de dejarlo libre. Después de que la esposa de Francisco Antonio Delgado Romo presentara una denuncia, el ministerio público del Estado de Sonora presentó cargos por privación ilegal de la libertad y robo de automóvil contra Mario Luna Romero y otros tres dirigentes comunitarios. Al respecto, se ha señalado que Mario Luna no estaba presente en el lugar donde acontecieron estos hechos y por lo tanto, los cargos son falsos y se deja claro el sentido político de su detención. Sin embargo, el día 11 de septiembre se ejecutó la orden de aprehensión en su contra y al día de hoy, se encuentra preso ya con un auto formal prisión confirmado.

Respecto a la detención de Mario Luna, organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, así como instituciones académicas han advertido la arbitrariedad de las autoridades judiciales y sobre todo, manifiestan preocupación sobre las presuntas irregularidades del procedimiento bajo el cual se está llevando a cabo la investigación del caso. En entrevista con La jornada, Mario Luna declaró que su detención forma parte de la persecución que sobre la Tribu Yaqui ha emprendido el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés y al mismo tiempo, lo responsabiliza de lo que pueda sucederle a él y a su familia[3].

Los efectos del hostigamiento

Con la detención de Mario Luna, se lanza un mensaje de hostigamiento en lo general a la Tribu Yaqui. Desarticular el movimiento de la Tribu pudiera ser uno de los propósitos aparentes, pues ahora no sólo se lucha por el cumplimiento de una sentencia emitida por la SCJN que ordena un proceso de Consulta que a su vez resguarda el derecho al Territorio y a otros derechos que nacen de éste, en reconocimiento a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, sino también, se lucha por la liberación de su vocero y secretario. La lista de demandas yaquis crece, al mismo tiempo en el que la apatía del gobierno estatal y federal se intensifica.

El movimiento inició a partir de la construcción de una mega obra que atiende intereses políticos y económicos particulares, en un momento álgido en el que los planes de desarrollo continúan excluyendo a los pueblos indígenas asentados en los territorios sobre los cuales se programan dichos proyectos. Violaciones a derechos colectivos se consuman, mientras las autoridades administrativas incumplen las obligaciones que les demanda el poder judicial. ¿Cuál es la vía que elige el Estado? La criminalización. ¿Cuál es la vía que eligen los movimientos? La resistencia.

[1] Véase INFORME PRELIMINAR DEL PROCESO DE CONSULTA A LA TRIBU YAQUI, A un año de la sentencia de la SCJN, elaborado por la Misión Civil de Observación Consulta a la Tribu Yaqui. http://observacionconsultayaqui.files.wordpress.com/2014/05/informe-mco-impresion-final.pdf

[2] Sin embargo, 18 de septiembre de 2014. Vocero yaqui está preso por razones políticas y “tememos por su seguridad”: Amnistía. http://www.sinembargo.mx/18-09-2014/1120616

[3] Véase Soy un preso político: Mario Luna. 17 de septiembre de 2014. http://www.proceso.com.mx/?p=382291

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