El gas natural es (en su mayoría) de la clase media en la ciudad

Las colonias con el servicio de gas natural pertenecen mayoritariamente a delegaciones con índices medio de desarrollo social, pues la inversión necesaria que deben realizar los hogares para conectarse a la red de distribución es una barrera para hogares de menores ingresos. Bajo el esquema actual, es la clase media quien se beneficia de los energéticos alternativos.

Cuando en el año 2000 la empresa española Fenosa obtuvo la concesión para proveer y distribuir de gas natural a la Ciudad de México, incluyendo hogares, comercios e industrias, la impresión general era que en cuestión de poco tiempo el dinámico mercado de la capital del país permitiría que el servicio se generalizara en las delegaciones. No había razón para dudar lo contrario. A diferencia del tradicional gas licuado de petróleo (LP), el gas natural no sólo es menos contaminante —tema lejano e irrelevante para los consumidores no iniciados, lamento decir—, sino que su provisión mediante la instalación de tuberías incrementaría la disponibilidad permanente del energético y, bien regulada, la infraestructura  mejoraría de forma importante la seguridad del servicio en comparación con los volátiles tanques e instalaciones de gas LP en los hogares.  Por si fuera poco, el gas natural es más barato que el LP, y por ende, se coronaría como un energético más limpio, cómodo y accesible para todos los bolsillos. No obstante, pese a todas las proyecciones, la tasa actual de penetración del servicio en las colonias de la ciudad es todavía baja y su consolidación como energético primario en los hogares de la ciudad continúa siendo una promesa pendiente. El objetivo de la siguiente columna es analizar por qué las expectativas de bienestar social y económico descritas anteriormente no han terminado de consolidarse.

En México, la provisión de gas natural a hogares y comercios se lleva a cabo mediante una empresa privada concesionada, la cual es aprobada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para distribuir y vender de forma exclusiva el energético a los consumidores en una zona geográfica definida. Sin embargo, para poder consumir el gas natural, los hogares y comercios deben conectarse a la red de distribución subterránea mediante la instalación de tuberías, infraestructura cuyo financiamiento es corresponsabilidad de la empresa y los consumidores según la regulación en la materia. Es decir, parte importante del costo la instalación gas natural —tuberías y sistema de control o medidor— es financiado por los vecinos de una calle y la empresa Fenosa. Se trata de una inversión que los usuarios recuperan en un par de años gracias al ahorro que se deriva de consumir gas natural. En teoría, el mercado provee eficientemente el gas natural a los usuarios interesados en consumirlo y que, además, estén en posibilidades de realizar la inversión necesaria para su provisión. Económicamente, el supuesto anterior es lógico y eficiente.

En la práctica, el mercado ha permitido un bajo grado de penetración del gas natural en la ciudad, particularmente —pero no exclusivamente— entre las delegaciones con índice de desarrollo social reducido, donde un porcentaje muy bajo de sus colonias cuentan actualmente con el servicio. Entre este tipo de delegaciones el porcentaje de colonias con gas natural no rebasa 30% —siendo Tlalpan la excepción—, cifra que contrasta con el promedio 46.5% en delegaciones con desarrollo social medio. [1] Las estadísticas anteriores señalan la pertinencia de reflexionar sobre la capacidad que tienen las fuerzas del mercado para  encargarse de la provisión de este tipo de bien. Transitar hacia una matriz energética con mejor desempeño ambiental requiere volver más accesible los energéticos alternativos, especialmente mediante el establecimiento de un contexto más favorable para su consumo. En el caso del gas natural, la inversión inicial requerida para permitir su consumo constituye una barrera de expansión enorme, y es en sí misma un obstáculo de desarrollo social para regularizar el servicio de gas, particularmente en comunidades urbanas de difícil acceso. Bajo el esquema actual se corre el riesgo que únicamente las clases con mayores recursos puedan acceder a este energético más eficiente y de menor costo, situación que no permitiría a clases menos pudientes liberar recursos destinados actualmente al consumo de gas LP para la satisfacción de otras necesidades.

Tampoco es posible pedir a los actores  que realicen acciones que no son económicamente factibles.  El bajo grado de proyectos de Fenosa en colonias de menores ingresos señala que la empresa no puede subsanar las pérdidas de conectar indiscriminadamente a la red de distribución a todos los hogares —incluso cuando se reconoce la existencia de un mercado rentable de consumidores menos afluentes—. Por otro lado, el problema podría solucionarse con una inversión importante por parte del Estado, que en su papel de promotor social podría subsidiar la infraestructura de conexión; sin embargo, nadie pone en duda lo fundamental que es priorizar las inversiones públicas en aras de finanzas más sanas, por lo que dicha alternativa no parece viable. Una posible solución sería establecer esquemas de financiamiento privado como ya ocurre con los comercios.

En realidad, se trata de decisiones de política pública que se reducen a reflexionar sobre la medida en que es pertinente proveer el gas a natural y a qué costo. ¿La sustitución del gas LP por natural constituye un bien público suficientemente deseable como para justificar una inversión inmensa por parte del Estado en infraestructura para conectar a hogares de bajos recursos?, ¿es realmente el gas natural un bien que el mercado distribuye de forma eficiente?, y sobre todo ¿es la transición energética un objetivo de política que realmente puede dejarse al mercado?, ¿podemos confiar tanto en las fuerzas de oferta y demanda? La pregunta es relevante, porque entre lo que es eficiente y los objetivos de política pública, por lo general, hay brechas abismales.

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[1] Datos obtenidos de la página oficial de FENOSA y las estadísticas de Evalúa DF respecto al desarrollo social en las unidades territoriales del DF.

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