Ni perdón, ni olvido

En las condiciones actuales la ley y los problemas de su elaboración o interpretación pasan a segundo plano. En estas condiciones la preocupación es anterior, más básica, común a todas y a todos y el primer deber de nuestra civilidad: convencernos que nuestra dignidad es invaluable y que urge demandar su respeto y protección.

“Donde hay sociedad, hay derecho”, decían los jurisconsultos romanos y este derecho, en su mismo entender, debía ser siempre equitativo y bueno; de no cumplir con estas condiciones, la norma de que se tratara no era propiamente jurídica y el deber de obediencia era prácticamente inexistente. A dos mil años de distancia, el postulado en esencia continúa siendo el mismo. Dentro de las sociedades que viven organizadas políticamente como democracias constitucionales, como supuestamente se encuentra organizada la nuestra, los derechos humanos constituyen un parámetro de equidad y bondad, por lo que la norma legislada que no sea conforme a ellos es sacada de nuestro sistema jurídico y no hay más deber de obediencia hacia ella.

El hacha rodeada de palos de abedul simbolizaba entre los romanos el poder del castigo, la vida y la muerte. Le llamaban fascis y lo portaban los líctores, las autoridades civiles que tenían la encomienda de hacer cumplir el derecho. En una sociedad como se supone que es la nuestra, debe ocurrir lo mismo exceptuando el poder de vida y muerte. La autoridad con que nace todo nuestro derecho es puesta en práctica por los servidores públicos encargados de vigilar el cumplimiento del mismo, son nuestros policías. Pero en una sociedad como en realidad es la nuestra, esto es alarmante.

Los acontecimientos ocurridos en Iguala hacen pensar una vez más sobre el terror en que nos encontramos sumidos y fragilidad de las suposiciones teóricas con las que hemos tratado de regularizar y racionalizar a través del derecho el salvaje gobierno que de iure o de facto rige a nuestro país. Suposiciones de esta naturaleza pueden tener un funcionamiento óptimo si hay condiciones básicas satisfechas: educación y seguridad, por decir lo menos; y preocupa en gran medida que este sea un caso donde se amenaza la primera y se carezca de la segunda. No es posible aceptar que ahora sean estudiantes de una Escuela Normal Rural, futuros educadores que se forman en condiciones precarias, quienes hayan sido violentados, muertos, vejados, sepultados y desaparecidos por agentes del propio gobierno.

Preocupa que la ley que con toda fuerza se aplique corresponda a la de grupos criminales. Preocupa que las personas investidas de verdadera autoridad no sean las que hayamos elegido. Preocupa que las autoridades legales no sean nuestros servidores. Preocupa que no preocupe sino hasta que la sociedad se conmociona.

Un Estado se encuentra legitimado, decía John Locke, en la medida en que garantice los derechos naturales de los gobernados. Cuando la ley a la que le debemos obediencia no es la ley que por vía de nuestros representantes determinamos, no tenemos por qué obedecerla. Cuando las autoridades aplican su poder de castigo, vida y muerte para procurar la obediencia a ese derecho ajeno, no hay razón para obedecerlas. Tampoco la hay cuando las autoridades no satisfacen las necesidades básicas de la población. No tenemos por qué obedecer ley, autoridad o institución que no nos trate como seres humanos.

Ayotzinapa es otro caso que se suma a los fracasos del gobierno por garantizar la vida de todas y todos sus gobernados y en el que estos, con desesperación, insisten en sobrevivir en total desamparo. Recuerdo que en 2010, en plena guerra de Calderón, Alejo Garza Tamez ante el requerimiento de un grupo de narcotraficantes, se negó a entregarles el rancho que era de su propiedad y se atrincheró en su domicilio, en el que falleció luego de un mortal enfrentamiento. La dignidad que ellos han defendido con arrojo nos tiene que calar a los vivos para indignarnos.

En estas condiciones la ley y los problemas de su elaboración o interpretación pasan a segundo plano. En estas condiciones la preocupación es anterior, más básica, común a todas y a todos y el primer deber de nuestra civilidad: convencernos que nuestra dignidad es invaluable y que urge demandar su respeto y protección. No nos demoremos, sirvan los nombres de los normalistas para recordarlo:

Felipe Arnulfo Rosa. 20 años.
Benjamín Ascencio Bautista. 19 años.
José Ángel Navarrete González. 18 años.
Marcial Pablo Baranda. 20 años.
Jorge Antonio Tizapa Legideño. 19 años.
Miguel Ángel Mendoza Zacarías. 33 años.
Marco Antonio Gómez Molina.
César Manuel González Hernández.
Julio César López Patolzin. 25 años.
Abel García Hernández. 21 años.
Emiliano Alen Gaspar de la Cruz. 23 años.
Doriam González Parral. 19 años.
Jorge Luis González Parral. 21 años.
Alexander Mora Venancio. 21 años.
Saúl Bruno García.
Luis Ángel Abarca Carrillo. 18 años.
Jorge Álvarez Nava. 19 años.
Christian Tomás Colón Garnica. 18 años.
Luis Ángel Francisco Arzola. 20 años.
Carlos Iván Ramírez Villarreal 20 años.
Magdaleno Rubén Lauro Villegas. 19 años.
José Luis Luna Torres. 20 años.
Bernardo Flores Alcaraz.
Israel Caballero Sánchez. 21 años.
Arturo Vázquez Peniten.
Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa. 21 años
Mauricio Ortega Valerio. 18 años.
José Ángel Campos Cantor.
Jorge Aníbal Cruz Mendoza. 19 años,
Giovanni Galindes Guerrero. 20 años.
Jhosivani Gro de la Cruz. 21 años.
Leonel Castro Abarca. 18 años.
Miguel Ángel Hernández Martínez. 27 años.
Antonio Santana Maestro.
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. 19 años
Israel Jacinto Lugardo. 19 años.
Adán Abraján de la Cruz. 24 años.
Christian Alfonso Rodríguez 21 años
Martín Getsemany Sánchez García. 20 años.
Cutberto Ortiz Ramos. 22 años.
Everardo Rodríguez Bello. 21 años.
Jonás Trujillo González. 20 años.
José Eduardo Bartolo Tlatempa. 19 años.

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