¿Qué nos dicen las estadísticas oficiales acerca del combate a la corrupción en México?

Víctor Aramburu explica la disparidad que existe en los datos oficiales de los delitos de corrupción. A partir de los datos, es posible inferir que son pocos los denunciados que acaban sujetos a proceso.

Víctor Aramburu Víctor Aramburu

En México, los delitos de corrupción no fueron definidos como tales sino hasta el periodo del cambio de gobierno entre el sexenio de José López Portillo y Miguel de la Madrid. La adopción de estas definiciones en el Código Penal Federal obedeció a los escándalos de corrupción que se habían suscitado en el sexenio de aquel Presidente y a que el tema principal de la campaña presidencial del nuevo Presidente era la Renovación Moral de la sociedad.

Actualmente, el título décimo del Código Penal federal está dedicado a los delitos cometidos por los servidores públicos, algunos de los cuales se encuentran relacionados con corrupción. A continuación, señalo estos delitos:

  • Ejercicio indebido de servicio público.
  • Abuso de autoridad.
  • Coalición de servidores públicos.
  • Uso indebido de atribuciones y facultades.
  • Concusión.
  • Intimidación.
  • Ejercicio abusivo de funciones.
  • Tráfico de influencia.
  • Enriquecimiento ilícito.

 A partir de este breve recuento, en los párrafos siguientes analizaré cómo ha evolucionado el comportamiento de estos delitos a partir de la información contenida en los Registros Administrativos Judiciales en Materia Penal disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si bien, como señalé, los delitos de los servidores públicos fueron definidos en el Código Penal Federal desde 1983, llama la atención que prácticamente no existe un registro de servidores públicos sujetos a proceso hasta el año de 1997. No obstante, sí debió haber habido servidores públicos, incluso condenados, porque existe el antecedente de casos ampliamente ventilados en la prensa como el del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano. Otra tendencia que es posible apreciar es el incremento en el tiempo de las denuncias de hechos delictivos relacionados con servidores públicos, como se muestra en el siguiente gráfico:

1. VAC

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, el siguiente hecho que llama la atención es que el número de denuncias se encuentra muy por arriba del número de servidores públicos sujetos a proceso ya que para el mismo periodo que abarcan las cifras anteriores, sólo hay 217 servidores públicos sujetos a proceso. Cabe aclarar que los datos no son estrictamente comparables ya que, en un caso, se refieren a denuncias, mientras que en el otro se refiere a servidores públicos sancionados además de que en la categoría de denuncias puede haber otro tipo de delitos no necesariamente relacionados con la corrupción—aunque son los menos. Sin embargo, queda claro que las cifras son en extremo dispares. En este sentido, cabría cuestionar a qué se debe esta divergencia, la cual podría tener su origen desde un verdadero problema con los registros y estadísticas oficiales o, a que algunos servidores públicos, como delincuentes de cuello blanco, tienen una probabilidad muy baja de ser sujetados a proceso, ya sea por una ambigüedad en la definición de los delitos, a que las autoridades no cuentan con la capacidad para reunir las pruebas o deliberadamente no lo hacen, a que ejercen su influencia política y utilizan sus recursos para liberarse del proceso, a que su mayor nivel de instrucción les permite ocultar los rastros de sus delitos, entre otras.

Una tendencia adicional que se observa es que ha aumentado el número de servidores públicos sujetos a proceso en cada una de las categorías delictivas relacionadas con la corrupción, como se observa en el siguiente gráfico:

2. VAC

Fuente: Elaboración propia con base en los Registros Administrativos Judiciales en Materia Penal del INEGI.

Destaca el hecho de que el delito que ha tenido el mayor aumento en servidores públicos sujetos a proceso es el de cohecho. No obstante, el delito que cuenta con mayor número de servidores públicos sujetos a proceso acumulados en el tiempo es el de ejercicio indebido de atribución y facultad en el servicio público (73) seguido por el de peculado (70). Por el contrario, resalta el hecho de que existen categorías delictivas que no tienen a ningún servidor público sujeto a proceso o tienen muy pocos, como uno o dos. Entre esos delitos destacan: ejercicio abusivo de funciones (0), coalición (1), falsedad en el ejercicio (1), tráfico de influencia (1), intimidación (1) y concusión (2).  Cabría nuevamente cuestionar a qué se debe esta disparidad: ¿El aumento o ausencia obedece a un crecimiento o ausencia real en la incidencia de los delitos? ¿Existe una política deliberada que priorice la persecución de determinados delitos? ¿Se trata de un simple problema de registro administrativo? ¿La definición de los delitos con un registro bajo dificulta su persecución? ¿Existe un proceso de autoselección por parte de los servidores públicos criminales en donde los que tienen mayores recursos económicos y políticos cometen precisamente los delitos con registros bajos?

Como comenté en mi primer entrada, es posible comprender a la corrupción como un fenómeno delictivo de cuello blanco y caracterizar a los servidores públicos como racionales, en el sentido de que su decisión de cometer un acto de corrupción dependerá de la utilidad esperada que de él obtengan. Dadas estas características, es de esperar que estén subrepresentados en relación al resto de los tipos de delitos debido a que: 1) los delitos tienden a no estar bien definidos; 2) quienes los cometen, tienden a subsanarlos por la vía civil; 3) quienes los cometen tienen menor probabilidad de ser detectados debido a que cuentan con mayores recursos para ocultar sus rastros, y 4) generalmente, no constituyen una esfera en la que los gobiernos pongan énfasis; entre otras. Estas características parecen reflejarse en los escasos datos que existen en México, debido a que existen grandes disparidades entre las denuncias interpuestas y los servidores públicos sujetos a proceso; entre los distintos tipos de delitos, y entre los servidores públicos sujetos a proceso y los que han recibido una sentencia condenatoria.

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1 Comentario en ¿Qué nos dicen las estadísticas oficiales acerca del combate a la corrupción en México?

  1. Muy objetivo tu análisis, bien ahí. Lástima que no hay datos para ver de qué partido son los servidores públicos sujetos a procesos y refutar la hipótesis chaira de que los del PRI son los más corruptos.

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