Ayotzinapa y nuestros desaparecidos

El 8 de octubre de este año decenas de miles de personas marchamos contra la violencia que nos aqueja hace varios años. Sin embargo, algo ha cambiado, las desapariciones tienen un tinte nuevo: el gobierno –llámese federal, local o municipal- no sólo se debate entre la incapacidad política para disminuir la violencia, ahora desaparece a las personas para acallar manifestantes, estudiantes o lideres sociales en plena luz del día.

El 8 de octubre de este año un grupo de amigos decidimos ir a la marcha por la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Mientras caminábamos por las calles de la colonia Juárez notábamos como poco a poco las personas se reunían alrededor del Ángel de la Independencia. Al llegar ahí pude darme cuenta que más allá de las distintas posiciones políticas, decenas de miles de personas estábamos reunidos por el dolor, por la tristeza, por la indignación y también por el miedo que genera que de un momento a otro un alcalde decida desaparecer sin más a 43 estudiantes.

La masiva manifestación que presenciamos no es más que la consecuencia de una serie de hechos violentos que parecen que lejos de tener fin con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, van incrementándose. Así, si hace apenas dos años este país se definía por la violencia en Durango, San Fernando, Nuevo León o Veracruz, hoy lo que nos marca es Tlatlaya, Ayotzinapa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, por solo citar algunos ejemplos.

Dentro de esta violencia que hoy presenciamos, me atrevo a decir que las desapariciones son por mucho la más dolorosa de las caras que tiene la violencia, y es también una de las consecuencias de contar con un sistema de procuración e impartición de justicia precario y disfuncional, en el que pareciera que las y los desaparecidos se encuentran en el último lugar de su lista de prioridades.

Ejemplo de ello es que a pesar de haber contabilizado más de 20 mil personas desaparecidas en el sexenio anterior, apenas en junio del año pasado se creó dentro de la Procuraduría General de la República la unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas, la cual inició operaciones con 40 millones de pesos y para el próximo año el gobierno federal propuso un recorte de 60%.[1]

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Aún más grave e inaceptable se torna esta situación cuando se sabe que las mismas autoridades, que justamente están encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía, son responsables o partícipes de estas desapariciones. Tal es el caso que en 2013 la organización Human Rights Watch (HRW) documentó 249 casos de desapariciones forzadas en el sexenio de Calderón. De éstos, 149 mostraban evidencias contundentes de que miembros de todas las fuerzas de seguridad tanto federales, estatales como municipales habrían participado en las desapariciones.[2]

De igual forma en mayo de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que de las 24 mil 800 personas desaparecidas de 2005 a la actualidad, en 2 mil 610 casos había indicios de participación de funcionarios públicos.

Ahora bien, al documentar estos casos HRW detectó un patrón en tales desapariciones en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin orden de detención e indicios suficientes que lo justifiquen. También, registró que las detenciones se llevaron a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, en retenes de control, en el lugar de trabajo o en establecimientos públicos.[3]

En este contexto, se entiende que durante el gobierno anterior se haya preparado el terreno para que el día de hoy estemos viviendo un espiral de violencia pocas veces visto. Sin embargo, en el gobierno actual lo que observamos es que ahora las desapariciones tienen un tinte nuevo: el gobierno –llámese federal, local o municipal- no sólo se debate entre la incapacidad y la inexistente voluntad política para disminuir la violencia, o bien para garantizar que sus funcionarios hagan el trabajo que les toca; ahora desaparece a las personas por medio de métodos inenarrables en el que participan policías para acallar manifestantes, estudiantes o lideres sociales en plena luz del día.

Es decir, a una situación que de por sí ya es inaceptable para los familiares y para toda la sociedad, se le añade el hecho de que ahora las autoridades no sólo participan en estas desapariciones mediante el patrón mencionado por HRW, también se realizan para criminalizar las protestas. Así, ya no solo nos debatimos entre la aparente imposibilidad de lograr una política integral de búsqueda de personas desaparecidas que esté a la altura de las necesidades de las familias, ahora pareciera que además de sobrellevar estos actos violentos debemos protegernos de nuestras autoridades para alzar la voz.

Así, lo que sabemos, sufrimos y vivimos es que la violencia se ha transformado al punto que para hacer frente a esta situación lo mínimo que se espera es la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, la detención del alcalde de Iguala y de todas aquellas personas que participaron en este hecho, y la implementación de medidas que garanticen que las protestas no serán criminalizadas.

Sin embargo, la actuación de las autoridades a nivel federal y a nivel local en días recientes no muestran que la solución vaya en ese sentido, pues frente a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa este gobierno se ha caracterizado por no sensibilizarse con las familias que esperan encontrar sus desaparecidos, no escuchar el coraje de miles de personas que salimos a marchar y por responder tardíamente y con comunicados tibios a problemas tan complejos y tan dolorosos como este.

Conoce más de La partitura del gran garrote

[1] Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México, Septiembre de 2014.

[2] Human Rights Watch, Las desapariciones en México, Human Rights Watch, México, 2013, p.13.

[3] Idem.

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