La desaparición de personas en México ¡Exijamos Justicia!

En los últimos días el tema de la desaparición de personas en nuestro país se ha colocado en las primeras planas de los periódicos. Quizá para algunos sólo represente un tema mediático, pero para cientos de familias mexicanas, desde hace ya muchos años, significa angustia e incertidumbre permanente el no saber la suerte y el paradero de sus seres queridos.

El tema de la desaparición de personas en México es alarmante, sin embargo, continúa siendo un tema secundario en la agenda política. No se trata de hechos novedosos si atendemos a las noticias recientes, sino de una realidad que no puede ni debe seguir siendo callada.

La desaparición sugiere casos donde existen indicios de que la víctima fue privada de libertad y su paradero es desconocido. Por ello es necesario distinguir que la desaparición de personas comúnmente se deriva de tres causas i) cuando las personas son privadas de su libertad por particulares o bandas delictivas;  ii) aquellos casos en los que las personas simplemente se fueron de casa, sin dar aviso y por su voluntad; y iii) cuando existen funcionarios públicos implicados. Esta última recibe el nombre de desaparición forzada.

De acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la desaparición forzada se define como

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Desde finales de los 60, y hasta la fecha, se instaló en todo el continente americano una política generalizada de represión por parte del Estado, ahora llamada Terrorismo de Estado o Guerra Sucia[1]. Dicha política está  encaminada a la anulación de cualquier forma de organización cívica contraria a los regímenes totalitarios, francos o encubiertos;  los mecanismos de anulación más recurrentes son la tortura y la desaparición forzada.

En este contexto, una de las problemáticas estructurales en el tema de desaparición en México, es que las autoridades encargadas de su investigación no poseen, o al menos no han dado a conocer, la metodología que utilizan para determinar ante qué tipo de desaparición se encuentran dependiendo del caso y su contexto.

Ejemplo de ello es el reporte que en febrero de 2013 publicó el gobierno mexicano con extractos de una base de datos de personas registradas como desaparecidas. Dicha información contiene registros de diciembre de 2006 a diciembre de 2012 con un total de 26.121 casos. A pesar de que representa un primer esfuerzo, Amnistía Internacional señala que adolece de varias deficiencias. Por ejemplo: la lista no sólo incluye personas a las que se cree que se llevaron a la fuerza sino también personas no localizadas, es decir, personas que quizá se hayan ausentado voluntariamente de sus hogares o que no recuerden su identidad. No siempre se han eliminado de la lista las personas que posteriormente han aparecido, mientras que han quedado excluidos muchos casos de desapariciones forzadas documentadas por organizaciones locales de derechos humanos, ya que los registros se obtuvieron únicamente de las procuradurías generales de justicia de los 32 estados y del Distrito Federal así como de la Procuraduría General de la República. A pesar de que estos datos no ofrecen un panorama completo de todos los casos, sí muestra la constante sistemática de desapariciones y desapariciones forzadas que en gran medida el gobierno ha y continúa, pasando por alto.

Desde 2006, muchas miles de personas han desaparecido en nuestro país[2].  A pesar de que por las condiciones actuales, se cree que la mayoría ha sido sustraída a manos de bandas de delincuentes, existen denuncias de desapariciones forzadas a manos de la policía y el ejército, que a veces actúan en connivencia con bandas criminales. Las pocas víctimas de desaparición forzada y sustracción de personas cuyos restos se han hallado mostraban señales de haber sufrido tortura y otros malos tratos.[3]

La mayoría de las desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años se ha registrado altos índices de violencia delictiva y por ello, se ha intensificado la presencia de la policía y fuerzas de seguridad, por ejemplo Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. En este contexto se complica la determinación del tipo de desaparición que se investiga, ya que por un lado no es desconocida la política del Estado ante sus opositores, lo mismo sucede con el grado de corrupción y colusión que tienen autoridades con el crimen organizado.

Es importante subrayar que en su reporte, Amnistía Internacional destaca que uno de los factores del gran aumento de las desapariciones ha sido la negativa de diversas autoridades e instituciones a aceptar los casos que les presentan los familiares de las víctimas. Señala como ejemplo que la red de comisiones estatales de derechos humanos se ha negado por norma general a ayudar a las familias, sobre todo si éstas no pueden demostrar la participación directa de funcionarios públicos, a pesar incluso de que existan indicios de que la policía y la procuraduría no han cumplido sus obligaciones jurídicas de emprender investigaciones exhaustivas.

La obligación del Estado en temas de desaparición y desaparición forzada es clara. Se debe establecer el paradero de la víctima, llevar ante la justicia a los autores y garantizar que las víctimas o sus familiares reciban reparaciones. Es por esto que al no realizar investigaciones exhaustivas y efectivas, el Estado mexicano falta a su compromiso de protección y defensa de derechos humanos.

Ninguno de nosotros está exento de ser víctima de desaparición y/o desaparición forzada, este es un llamado para exigir se investigue de manera exhaustiva cada caso de desaparición en nuestro país.

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[1] En México, uno de los casos más reconocidos es el del señor Rosendo Radilla Pacheco, quien en 1974 fue detenido y posteriormente, desaparecido. Véase http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-rosendo-radilla-pacheco-2/

[2]Fuera de Control tortura y otros malos tratos en México. 2014. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf

[3]México: Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México. 2013. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR41/025/2013/es/95256ef0-1552-4d26-8a52-167582204dea/amr410252013es.pdf

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