Ayotzinapa, la crisis del sistema federal y el caos gubernamental. Una entrevista con Andrés Valencia

El caso de Ayotzinapa que pone de manifiesto un monumental problema de ineficacia gubernamental en el mejor de los casos y en el peor, de complicidad con el crimen organizado. El problema de fondo es que no hay un estado de derecho eficaz y resolverlo implicaría volver a priorizar los objetivos del gobierno federal y replantear toda la política económica, presupuestal y de imagen gubernamental. No estoy seguro que se vaya a hacer” Andrés Valencia

A un mes de haber desaparecido 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las autoridades difundieron avances en la investigación del caso y señalan como responsables al alcalde José Luis Abarca, a su esposa y al secretario de seguridad pública local.

En un afán por promover la reflexión y la discusión en torno a esta grave situación, que ha marcado al país, y ha puesto de manifiesto el hartazgo de la población no sólo en cuanto a la violencia, sino a la vulnerabilidad del estado de derecho, en este espacio reproduzco un extracto de una entrevista que realicé el 19 de octubre a Andrés Valencia, embajador en Israel, Colombia y Brasil y encargado de mediar en el proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional en 2004.

La desaparición de 43 estudiantes en Iguala vuelve a poner la violencia en el centro de las preocupaciones de la sociedad mexicana y muestra las deficiencias de la estrategia de seguridad seguida por el gobierno federal. En ese sentido ¿Cuál es su diagnóstico sobre la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto?

Con respecto a la estrategia de seguridad cabe mencionar que el actual gobierno federal quiso hacer del tema de seguridad ante todo un problema de imagen, pues pareciera que se pensó que en tanto mejorara la imagen también mejoraría el problema de fondo. Para ello lo que se debía hacer era no considerar entre las prioridades de gobierno el problema de seguridad, gobernabilidad, el problema de refundación del Estado, que a todas miras es lo que hoy necesitamos.

La clave de una nueva estrategia de seguridad, si es que se puede hablar de una, es la coordinación de las autoridades municipales y estatales, sin embargo, esta  se ha planteado exclusivamente en el voluntarismo político cuando lo que se requiere son cambios institucionales. Ejemplo de ello es por un lado, el mando único el cual requiere modificaciones constitucionales y una reformulación del sistema federal, cosa que no se ha planteado. Por el otro, es el caso de Ayotzinapa que pone de manifiesto un monumental problema de ineficacia gubernamental en el mejor de los casos y en el peor, de complicidad con el crimen organizado.

Ahora bien, no dudo de los índices han bajado en estos dos años, por lo menos en la tasa de homicidios, pero nuestro federalismo ha llegado a un callejón sin salida en el que tenemos que replantearlo totalmente, incluyendo el tema de seguridad. Estos dos casos muestran la ausencia de un marco legal definido para la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública y por supuesto, muestran la urgencia de replantearnos los objetivos mismos de la política de seguridad, los cuales siguen sin estar claros, pues a ultimas fechas hemos vuelto a la detención de capos que definitivamente son negativos y no estoy seguro que eso conduzca a una mayor seguridad ciudadana.

En los últimos diez años ha habido casos similares a Ayotzinapa, pero sin esta connotación. ¿Por qué cree que éste ha tenido impacto a nivel nacional?

En cuanto a la magnitud de la atrocidad ha habido otros casos como San Fernando, pero definitivamente la respuesta social es distinta porque se da en un contexto de movilizaciones por parte de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y coincide con Tlatlaya. De ahí que cada día que pase sin que encuentren a los estudiantes las movilizaciones crecerán. Es una situación enormemente grave, pues esta respuesta social pone de manifiesto la ingobernabilidad del Estado y en especial de Guerrero, en ese sentido es distinto con San Fernando.

Días después del suceso en Ayotzinapa un grupo de Eurodiputados propone suspender los acuerdos con México a futuro. Ello muestra que la preocupación sobre la violencia en nuestro país ha traspasado fronteras. ¿Cuál cree que sea el costo para el actual gobierno federal?

El caso de Ayotzinapa causa un daño significativo a nivel internacional debido a la imagen que el gobierno había buscado proyectar. Se buscaba que se viera a México como un país modernizador y con crecimiento económico, sin embargo esta imagen se destruye al mostrar un gobierno que no es capaz de mantener lo básico que es la paz social y la seguridad de los ciudadanos.

Por otra parte la preocupación de los inversionistas extranjeros por la violencia en México es alta e inhibe las inversiones. De acuerdo con la importancia que este gobierno también le ha dado a este ámbito, el daño que ha tenido es proporcional al objetivo que se había planteado. La imagen que se tiene ahora a nivel internacional, no solo por la ONU, la Cámara de Diputados o bien la OEA, que dicho sea de paso es extraño que un funcionario de tan alto nivel se pronuncie directamente sobre un caso de un país miembro, lo que se transmite es de un país donde ocurren violaciones graves de derechos humanos y en el que hay signos graves de ingobernabilidad.

¿La conferencia que da el presidente días después del suceso en Ayotzinapa responde a los posibles daños en estas inversiones?

Efectivamente, tratan de reducir los daños, pero no todo es imagen, tienen que ocurrir hechos para mejorarla, sino el daño es inevitable.

¿Qué solución habría para la crisis de violencia que se está viviendo?

Creo que Ayotzinapa, con la coincidencia temporal de Tlatlaya, muestra la necesidad de plantearse reformas de fondo. La solución es muy compleja, podemos hablar de pasos muy iniciales para evitar un deterioro mayor pero no de una solución. Lo primero es encontrar a los 43 estudiantes, vivos  o muertos. Inevitablemente hay que pensar en la necesaria salida del gobernador que si bien no resolvería nada, el que se quede impide cualquier medida para evitar una afectación mayor de la situación.

Además, habría que situar el tema de ingobernabilidad, de reconstitución del Estado en el centro de las preocupaciones del actual gobierno, pues si no se pone en el centro es prácticamente imposible que la situación mejore.

Hace un momento planteaba que la situación de Ayotzinapa implica la ineficacia gubernamental a nivel federal, en ese sentido ¿qué cambios podríamos esperar?

No creo que podríamos hablar de una destitución por parte del gobierno federal, pues la salida del Secretario de Gobernación o del Procurador significaría un deterioro importante de la Presidencia y no creo que sea la solución, ni que ello detenga el deterioro de la situación actual.

El problema de fondo es que no hay un Estado de Derecho eficaz y resolverlo implicaría muy distintas medidas, situar en el centro de las preocupaciones del gobierno la constitución de un nuevo Estado, la crisis de seguridad y el deterioro federalista de nuestro país. Habría que volver a priorizar los objetivos del gobierno federal y ello implica replantear toda la política económica, presupuestal y de imagen gubernamental. No estoy seguro que se vaya a hacer.

¿Ayotzinapa puede ser comparable con otras situaciones en América Latina?

No creo que haya casos comparables, porque el contexto y el daño son muy distintos. Quizás el caso de los falsos positivos en Colombia, referentes a los actos que involucraban a miembros del ejercito con el asesinato de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros, probablemente es más atroz o igual que lo ocurrido en Ayotzinapa. Sin embargo, el problema es que Colombia tiene una imagen de país en guerra entonces no extraña tanto estos hechos. Pero cuando el gobierno mexicano busca dar la imagen de un país de progreso sostenido, moderno y con un estado de derecho, el daño es mucho mayor y en ese sentido no se compara.

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