Parlamento abierto, ¿una contradicción en sus términos?

La opacidad con que se mantiene el ejercicio de los recursos presupuestales de los congresos legislativos del país es abrumadora; y si eso se compara con el desempeño de los legisladores o el resultado de sus gestiones, parece que la diferencia es enorme. ¿Para qué nos serviría una Alianza para el Parlamento Abierto?

Desde los primeros días en que Barack Obama comenzó a ejercer como presidente de Estados Unidos en 2009, llamó a su administración a establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. Esta iniciativa de “gobierno abierto”, causó gran impacto en la población mundial, porque si se leía con la manera tradicional de hacer política, tal concepto implicaba una contradicción en sus términos: ningún gobierno, para ser exitoso, tenía necesidad de abrir sus puertas de par en par a la inspección o participación de sus gobernados. Menos aún era creíble que un país que por mucho tiempo había ocultado información, de repente pretendiera abrirse.

A pesar del disparate aparente, ya hubiera sido por imitación o por presión, la iniciativa de Obama comenzó a calar en un considerable número de naciones como una nueva forma de gobernar. Un par de años después, en 2011, se anunció la Alianza para el Gobierno AbiertoOpen Government Partnership–, una iniciativa internacional que ha buscado sumar a los países –actualmente 64 en total– a comprometerse con cuatro principios: optimizar la disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno para toda la ciudadanía; apoyar la participación de ésta en el gobierno; implementar los más altos estándares de integridad profesional en las administraciones; y favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura y rendición de cuentas. México fue de los países entusiastas que promovieron tal acuerdo, y apenas a finales de septiembre de este año, para el colmo de la ironía, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de tal alianza.

Por si el asombro no fuera suficiente, el año pasado, en el marco de todo lo mencionado, el Senado de la República decidió impulsar una Alianza para el Parlamento Abierto en México la cual, al incluir también a los 32 congresos locales, permitiese aumentar la confianza de la ciudadanía en los órganos legislativos poniendo en práctica los cuatro principios del gobierno abierto. Si bien resulta sumamente interesante analizar lo que cada una de tales directrices podría generar al interior de los parlamentos mexicanos –que en mi opinión lo que más abonaría sería su legitimidad–, hay uno que por la coyuntura, merece una especial mención: la transparencia de los recursos asignados a cada órgano legislativo.

Según el estudio recientemente dado a conocer por Integralia Pública, el Poder Legislativo (tanto local como federal) no ha dejado de fallar en la mejora del trabajo de comisiones; la creación de mecanismos eficientes de fiscalización y control de los recursos económicos ejercidos; y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y es que pese a tanta alianza, los legisladores de todas las bancadas insisten en no querer transparentar a detalle los recursos que reciben individualmente, por grupo parlamentario, por comisión y para sus respectivos módulos de atención, sin contar las demás fuentes de recursos que ni siquiera ellos mismos conocen.

En efecto, nadie sabe con certeza en qué se gastan los millones de pesos que reciben todos los congresos. En conjunto, este año los 32 congresos locales habrán ejercido 11 mil 236 millones de pesos, monto similar al presupuestado por la Cámara de Diputados y la de Senadores. La Asamblea legislativa del Distrito Federal, sin ser un congreso propiamente como el de los estados de la República, habrá gastado como si realmente lo fuera e incluso mucho más: mil 528 millones de pesos, el presupuesto más alto entre todas las legislaturas. Según el mismo reporte, la opacidad de los congresos locales se debe principalmente a la inexistencia de la información, la falta de fuentes homogéneas de consulta, la falta de mecanismos y protocolos homogéneos en las unidades de enlace para la atención de solicitudes de información, y que, en algunos casos, la información no se proporciona de manera expedita.

La opacidad con que se mantiene el ejercicio de esas enormes cantidades de dinero es abrumadora; y si eso se compara con el desempeño de los legisladores o el resultado de sus gestiones, parece que la diferencia es enorme. No coincide tanto dinero con tan pésimo trabajo, a no ser que en México paguemos fortunas por cometer ruindades (aunque suceda, no debería ser así). No faltará quien señale que eso es un motivo más para que de una vez por todas eliminemos a los órganos legislativos de la faz de nuestros gobiernos o por lo menos para dar por buena la reducción del número de representantes, tal como los priístas pretenden hacernos ver aunque sus propósitos distan mucho de ser sinceros. Sin embargo, en lugar de pensar soluciones tan tajantes o populistas, lo que debemos comprender es que la falta de transparencia no es un motivo válido para terminar con una de las instituciones vitales para la democracia, la pluralidad y la representación política. Lo que tenemos que ver es la manera de sanear las instituciones. Creo que hay que poner el ojo en lo que gastan las legislaturas y la forma en que lo hacen; pero no solo eso, sino es preciso también enfocarnos en los medios efectivos con que contamos la ciudadanía para exigir cuentas a los legisladores. El Parlamento Abierto es una buena opción, pese a la contrariedad que implica para la clase política de nuestro país, ya vieja o nueva (pero gran parte igual de mañosa cuando se trata de dinero). Esperemos ver pronto los resultados.

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