Aborto: del no derecho a la gestión

En la lógica de la gubernamentalidad las mujeres no son relevantes al Estado, sino hasta el punto donde se posicionan como un punto estratégico para la propia conservación del poder estatal, para la seguridad del Estado. La libre decisión sobre el cuerpo, entendida así la interrupción del embarazo, conforma una nueva tecnología de poder que, más allá de salvar vidas en lo individual, es una gestión poblacional.

Ilustración: Karla Monterrosa

Desde muchos siglos atrás las disputas por el dominio sobre el cuerpo de las mujeres ha tenido como arena predilecta el espacio que ocupa el discurso legal. La reivindicación o prohibiciones sobre la reproducción humana han tenido en los últimos 40 años un eje articulador: el delito de aborto. Del año dos mil a la fecha en América Latina se han presentado diversas modificaciones en las leyes penales que castigan la interrupción del embarazo, en algunos casos para incrementar la pena o eliminar excepciones (Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Chile), en otros para reducir la sanción, y en menor medida a despenalizar la conducta (Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay).

En México estas normas penales han sufrido transformaciones de largo trayecto: en el siglo XIX, bajo la influencia juarista se creó el delito autónomo de aborto, con menor castigo que el homicidio; para los años 30 se comienzan a contemplar excepciones a su castigo, como cuando el embarazo sea producto de una violación. En los últimos años, la normatividad a nivel de los Estados de la República se ha bifurcado: por un lado, se legaliza la interrupción del embarazo en el Distrito Federal y, por el otro, se extienden y mantienen las normas prohibitivas del país en Estados como Querétaro y Guanajuato.

¿Qué explica esta dinámica contradictoria en México, entre la liberalización y el punitismo en materia de aborto?

Las sociedades, según el pensamiento de Michel Foucault, tienen al menos tres momentos, desde los que es posible hacer el seguimiento de algunas dinámicas de poder, a saber: la de soberanía, la disciplinaria y la del biopoder.

Soberanía.- Se caracteriza por el sujeto de protección que será el monarca, como tal las facultades jurídicas tienden a autorizar de manera amplia y tener libertad de decisión sobre sus súbditos, por tanto puede dejar vivir y hacer morir, esto es perdonar magnánimamente la vida o matar través del suplicio.

Disciplinaria.- Versa sobre el control individualizado de los cuerpos, su clasificación, normalización, adiestramiento, inventa las sanciones adecuadas, surge la prisión como forma de castigo, el objetivo es formar sujetos dóciles y útiles para la incipiente forma de producción capitalista.

Biopoder.- Consiste en la gestión de las poblaciones, emergen dispositivos de seguridad masiva, los esfuerzos de la gubernamentalidad son en contra del riesgo, las crisis y el peligro social, el tratamiento penal de los individuos se vuelve estadístico y aleatorio. En esta dinámica de poder se sostiene que se hace vivir y se deja morir.

Las leyes penales mexicanas contrapuestas sobre el aborto se explican, en una primera aproximación, bajo los puntos anteriores. De las normatividades disciplinarias, como las de Guanajuato que buscan castigar a las mujeres por la vía penal, domestican y obligan a la reproducción, hacer saber a las mujeres que esos cuerpos deben tener una conformación y desarrollo normal, que implica no realizar interrupción del embarazo, y bajo un ámbito cargado de catolicismo se busca castigar su alma bajo el discurso de la culpa y el arrepentimiento, que se paga con el encierro en prisión.

Las leyes liberales sobre la interrupción legal en la Capital del país se ubicarían bajo el esquema de gubernamentalidad que se enfoca en la numeralia, en la estadística nacional e internacional. No le interesa si se trata o no de derechos reproductivos, se trata de hacer vivir a las mujeres que morían por abortos mal practicados.

Las tres concepciones, soberanía, disciplinaria y biopoder, no son una línea de progreso normativo, por el contrario conforman sedimentos en donde se superponen unas con otras. Por ejemplo, el que sostenga que el poder soberano ha desaparecido basta con mencionar casos de tortura y desaparición forzada de personas. Y por supuesto la actualidad de instituciones disciplinarias como la cárcel.

Una explicación más completa transita por el campo de lo que hace algunos años escuché decir a la Doctora María Inés García Canal: “en estos tiempos nos hacen morir y nos dejan morir”. De aquí se entendería por qué las prohibiciones en muchas Entidades Federativas directamente mandan a la muerte a mujeres que tienen embarazos, que ponen en peligro su vida, bajo amenaza del reproche penal. Por el otro lado, dejan morir a muchas otras mujeres que en pobreza buscan (en la clandestinidad) abortos inseguros, o en su caso a algunas, se dirá “a las suficientes”, se les da acceso (estadístico) a la salud pública (derecho a la salud), gestionando la tasa de mortalidad materna. Tal cual, como un dato poblacional, no como un derecho.

Con toda razón, en Historia de la Sexualidad I, Michel Foucault hace referencia al “sexo [y el cuerpo de las mujeres] como el ‘pozo’ del juego político”. Las confrontaciones del movimiento feminista han derivado en algunos casos en “derechos”, que desde esta lectura son sólo desplazamientos normativos, no otorgamiento ni mucho menos reconocimiento de derechos. No obstante el discurso liberal acompaña dichos cambios en las normas, la despenalización del aborto, como libertad de las mujeres a ejercerlo, se lee como un acoplamiento de las leyes a las prácticas de las mujeres usuarias del aborto, así como sus operadores para que continúen haciendo lo que hasta antes del acoplamiento jurídico hacían, pero bajo el esquema de la seguridad estatal.

En la lógica de la gubernamentalidad las mujeres no son relevantes al Estado, sino hasta el punto donde se posicionan como un punto estratégico para la propia conservación del poder estatal, para la seguridad del Estado. La libre decisión sobre el cuerpo, entendida así la interrupción del embarazo, conforma una nueva tecnología de poder que, más allá de salvar vidas en lo individual, es una gestión poblacional.

La movilización en contra de medidas penales y el reconocimiento de derechos no ha de detenerse. De tal suerte que mientras se ejerzan actos de resistencia contra las normatividades, podrán ser cambiadas a ámbitos menos restrictivos, con castigos o tratamientos menos indignos. Si desde el gobierno la visión de la libertad se plantea desde el ámbito filosófico-jurídico, como una figura formalista, desde la sociedad el discurso de la libertad es una fuente de carácter histórico-política que ha de ser defendida.


Arturo Sotelo Gutiérrez. Abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco; Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; y candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.


Bibliografía

Foucault, Michel. Defender la sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores, 2009.

Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Foucault, Michel. Vigilar y castigar. México: Siglo XXI Editores, 2008.

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