Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM): Una respuesta del Estado mexicano y una oportunidad para la sociedad civil

De acuerdo con el último Informe Anual de ONU MUJERES, la desigualdad de género es todavía uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. En México, el desafío no es menor. A partir de la firma de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, el Estado mexicano se ha comprometido a eliminar los obstáculos específicos que las mujeres tienen para acceder a la justicia. En ese orden de ideas, el autor analiza el surgimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, sus desafíos y oportunidades.

Las mujeres. Un grupo históricamente vulnerado

Históricamente las mujeres han constituido un grupo vulnerado. Desde la Biblia, donde “no se habla de las mujeres en calidad de seres humanos, sino de bienes” (Miyares, 1997; 21) hasta nuestros días, pasando por la Revolución Francesa, que sentenció a la guillotina a Olympe de Gouges, paradójicamente, por defender la igualdad, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que excluyó a las mujeres como sujetos de derechos. El marco socio-histórico de la mujer, trazado con no pocas reivindicaciones,[i] ha dado pauta a sociedades denominadas falocéntricas, machistas y/o patriarcales, en las cuales lo masculino ha predominado y jerarquizado sobre lo femenino. Ambas construcciones sociales -masculino/femenino- se han circunscrito a funcionalidades dicotómicas, activas para el primero y pasivas, e incluso malignas,[ii] para el segundo. La violencia contra la mujer, de esta forma, ha sido expresada no únicamente de forma aislada e irracional, sino culturalmente, es decir, “utilizada para justificar o legitimar la violencia directa o estructural”. (Galtúng, 1990; 291)

Aunque esta violencia falocéntrica se ha robustecido en la parte Latinoamericana, principalmente debido a los procesos de colonización y de conquista que expresaron aún más la subordinación de las mujeres nativas frente a los conquistadores europeos, esta dinámica hoy permea en todos los países, sean o no occidentales.[iii] De esta manera, en México particularmente “la historia de las mujeres no ha sido ajena a las contradicciones y a las situaciones de desigualdad político-cultural y económico social que viven el resto de las mujeres en el mundo”. (Espinoza, 2006; 250)

A pesar de los avances y logros que se han vislumbrado durante el siglo XX[iv] para eliminar el binomio exclusión/desigualdad, las mujeres alrededor del mundo siguen sufriendo de: un desigual acceso a los servicios públicos de salud, educación y justicia; de trabajos en empleos informales y vulnerables; de leyes discriminatorias; y de un acceso restringido en el ejercicio del poder y la toma de decisiones políticas. (ONU MUJERES, 2011) En sí, de una violencia directa (familiar y comunitaria) y estructural (social, política y económica) que limita a las mujeres gozar sus derechos humanos y protegerlos mediante garantías. En este sentido, de acuerdo con el último Informe Anual de ONU MUJERES (2013; 2), “la desigualdad de género es todavía uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

Especialmente en México, las mujeres siguen desarrollándose bajo un rezago educativo; con una alta fecundidad a edades tempranas; con un limitado acceso a la salud; con una importante mortalidad debido a múltiples enfermedades; con una alta ocupación laboral no remunerada; en marcos sociales de pobreza; así como en un progresivo ámbito de violencia contra la mujer. (INEGI, 2013). Este último aspecto -la violencia interpersonal o directa-, cabe señalar, se ha visto reforzado como resultado, paradójicamente, del terreno ganado frente a los hombres, es decir, de una mayor equidad de género en los ámbitos laboral, educativo, económico y político, lo que ha generado de parte de algunos sectores masculinos un mayor resentimiento hacia las mujeres. En tal sentido, el porcentaje de las mujeres de 15 años y más que han vivido incidentes de violencia a lo largo de la relación con su última pareja ha experimentado un incremento al pasar de 46.55% en 2003 a 46.99% en 2011. (ENDIREH 2003, 2006 y 2011) Asimismo, la violencia feminicida, es decir, “el conjunto de conductas misóginas contra las mujeres que culmina con el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (artículo 21° LGAMVLV, 2014; 6), se ha visto aumentada de 1,295 casos en 2000 a 2,335 en 2010. (Icháustegui, et.al., 2012; 33)

 

Los Centros de Justicia para las Mujeres. Respuesta del Estado mexicano

Para eliminar la presencia y la persistencia de esta lógica de la violencia -directa, estructural y cultural- en contra de las mujeres, en 1979 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), misma que encontró eco en el ámbito regional americano hasta 1994 con la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En México ambos tratados internacionales, ratificados por el Estado en 1981 y 1998, respectivamente, se convirtieron desde entonces en los pilares jurídicos para el establecimiento de una larga y fructífera política ejecutiva, legislativa y judicial de género.[v] Primero con la creación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) de 2007,[vi] y posteriormente con la instalación de los Centros de Justicia para las Mujeres (en adelante CJM).

Particularmente el origen real de los CJM, más impositivo que propositivo, devino tanto de las recomendaciones del Comité experto de la CEDAW, como del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia, y de las resoluciones que la misma Corte hiciera vinculatorias al Estado mexicano por violaciones a los derechos de mujeres y niñas (Caso González Banda y otras; Caso Fernández Ortega y otros; y Caso Valentina Rosendo Cantú y otra). El exhorto era claro: el Estado mexicano debía eliminar los obstáculos específicos que las mujeres tenían para acceder a la justicia.

Dejando atrás los modelos de atención a las mujeres que eran víctimas del delito de los 60s y 70s, impulsados en su mayoría por organizaciones de la sociedad civil, el modelo de los CJM, tomado de los Family Justice Center de San Diego, California y de los Centros de Justicia de Delitos de Feminicidio y Violencia contra la Mujer de Guatemala, busca crear una institución especializada que entienda y comprenda el fenómeno de la violencia contra la mujer, pero sobretodo que esté capacitada para prestar un trato y una atención a través de distintos principios como la perspectiva de género, la no revictimización, la atención a sus características particulares, la no discriminación, entre otros. Se trata de “la concentración de instancias gubernamentales, del poder judicial y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que brinden servicios de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional, coordinada y especializada a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos bajo un mismo techo, con la finalidad de garantizarles el acceso a la justicia y a encontrar conjuntamente un proceso de re dignificación”. (SEGOB y CONAVIM, 2012; 23)

Para su adecuada implementación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) diseñaron y publicaron tres documentos base para el adecuado funcionamiento de los CJM, así como de su personal:

  1. Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía Metodológica;
  2. Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México, y
  3. Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres.

Estos tres documentos contienen, a grandes rasgos, los pasos específicos que se deben llevar a cabo para la creación de los CJM: su localización geográfica, su estructura arquitectónica, organizacional, así como la plataforma tecnológica necesaria. Asimismo, refieren las estrategias jurídicas y operativas a implementar, principalmente para contar con el apoyo de las instituciones de la sociedad civil. Igualmente delinean el proceso de atención (desde el conocimiento de los hechos hasta la restitución de los aspectos vitales de la mujer que vive violencia) y de actuación del personal bajo principios que hagan del Centro un lugar confortable, respetuoso de los derechos humanos, y confiable para las mujeres que viven violencia. Además, contemplan unidades especiales e infraestructura para tramitar, cumplir, controlar y dar seguimiento a las órdenes de protección (emergencia, preventivas y de naturaleza civil/familiar), así como medidas de protección tales como la red de apoyo familiar, la estancia transitoria y/o el albergue. Lo anterior, bajo los componentes básicos y transversales de los CJM: la prevención; el acceso a la justicia; la atención individualizada, el empoderamiento; y el seguimiento.

 

Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). Desafíos y oportunidades

Los CJM constituyen una piedra histórica y angular para derribar los obstáculos que las mujeres tenían en el pasado, no solamente en el aspecto del acceso a la justicia, sino en el ambiente social y cultural de discriminación y desigualdad. Si bien el CJM puede observarse como una institución reactiva y punitiva, y como tal limitada para transformar la cultura de la violencia en contra de la mujer, su creación significa un logro que debe permear en otras instituciones no penales, principalmente bajo sus funciones de prevención y de empoderamiento. En este sentido, el ámbito de la prevención tiene “como objetivo transformar los patrones socioculturales de comportamiento de mujeres y hombres a través de la generación de políticas públicas que disminuyan los factores de riesgo” (crear mapas de riesgo para conocer cuáles son las poblaciones más vulneradas o con mayor incidencia de casos de violencia contra la mujer con la finalidad de establecer programas educativos, promover la cultura de la denuncia y crear programas de participación ciudadana en la sensibilización de la población) (SESNSP y INACIPE, 2012; 26), mientras que el empoderamiento “incluye tanto el cambio individual como cambios sociales y culturales de estereotipos y estructuras que produjeron su situación de violencia” (restitución de los derechos y establecimiento del programa denominado Plan de crecimiento que les retorne la confianza y el poder de decisión perdidos, a través de grupos de crecimiento donde las mujeres compartan sus vivencias y se apoyen, del trabajo, así como la participación en actividades de difusión del CJM en sus comunidades). (SESNSP y INACIPE, 2012; 27)

El avance logrado, desafortunadamente se ha visto mermado por dos motivos, ambos a nivel político. El primero, obedece a una disputa institucional de origen entre dos instituciones federales: la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el SESNSP. Aunque pertenecen a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en un inicio ambas diseñaron y publicaron sus propios modelos para la creación y el funcionamiento de los Centros, razón por la cual en el país existen dos tipos de CJM: modelo CONAVIM y modelo SESNSP/INACIPE. El segundo, por su parte, refiere al poco compromiso político y al deficiente apoyo económico que han tenido los CJM en las entidades federativas. De acuerdo con un seguimiento metodológico de los CJM en 7 entidades federativas, realizado en 2013 por el INACIPE y el SESNSP, el promedio de calificación de los CJM evaluados fue de 5.2. Según la investigación, los aspectos clave que impiden el fortalecimiento de los CJM son: la falta de voluntad política, la falta de autonomía de gestión respecto de las Procuradurías Generales de Justica de los Estados y la insuficiencia de asignación de recursos públicos.

Pese a ello, las oportunidades para la sociedad civil en la construcción de una sociedad con y para las mujeres se han abierto con los CJM, los cuales lejos de ser una igualdad en la diferencia se instalan como una política de diferenciación para la igualdad, comprendiendo sistemáticamente un hecho: históricamente las mujeres han constituido un grupo vulnerado.


Alan García Huitrón. Licenciado en Criminología y Criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, plantel Distrito Federal. Desde 2010 se desempeña como Asistente-Investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), donde actualmente colabora en la investigación “Jóvenes transgresores y factores de riesgo específicos.” Es autor, coautor y colaborador de diversas publicaciones en revistas y libros. Participó en los Comités de Investigación responsables del diseño de los libros base de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). De igual forma, formó parte del Comité de Investigación para el estudio del Seguimiento metodológico de los Centros de Justica para las Mujeres en 7 Entidades Federativas en 2013.


[i] Para Ana de Miguel, existen cuatro momentos históricos de movimientos y de luchas sociales contra el orden dominante patriarcal: el feminismo pre moderno; el feminismo moderno; y el feminismo contemporáneo. (Miguel, 1995, pp.2-27)

[ii] De acuerdo con Raúl Zaffaroni, el primer sistema punitivo e ideológico de la historia, conocido como Malleus Maleficarum (Martillo de las brujas) en el siglo XV, funcionó alrededor del castigo a las mujeres, quienes señaladas como brujas, eran perseguidas y quemadas, al considerarlas inferiores, peligrosas, y vulnerables ante Satán. (Zaffaroni, 2012: 26)

[iii] Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que no existe ningún Estado-nación que escape a este fenómeno, la violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública de proporciones epidémicas.(World Health Organization, 2013: 35)

[iv] Dos aspectos son de relevancia: por una parte la instalación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW-en inglés) en 1946 por Naciones Unidas, que posteriormente inició las Conferencias Mundiales de la Mujer y, por otra, el movimiento feminista internacional durante los años 60s y 70s que, en el marco de los movimientos anticapitalistas, puso sobre la mesa un hecho por demás sobresaliente: la lucha a favor de las mujeres es también la lucha contra el capitalismo. Inclusive, es en esta etapa cuando surge el término “género” referida a una “categoría analítica con la cual se visibilizan prácticas, papeles y relaciones sociales discriminatorias, desiguales e injustas asociadas a la diferencia de sexo y al ejercicio de la sexualidad.” (González, 2012: 189)

[v] Para observar la incorporación de la política de igualdad de género durante el siglo XX y lo que va del XXI en México, véase (Huacuz, 2008)

[vi] La creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se debió, en gran medida, a las recomendaciones del Comité de la CEDAW (COCEDAW-en inglés), las cuales desde 1998 sugerían al Estado mexicano procurar adoptar una legislación nacional sobre todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia en el hogar, y en consecuencia las leyes de los estados. (ONU MUJERES y UNFPA, 2012: 75)


Bibliografía

Miyares, Alicia 1997. Prólogo a la edición española. En La Biblia de la mujer, Cátedra, España, 21: Stanton Cady, Elizabeth y Alicia Miyares.

Miguel, Ana de 1995. Los feminismos. En Diez palabras clave sobre mujer, Verbo Divino, España, 2-27: Amorós, Celia (Dir.).

Zaffaroni, Raúl Eugenio 2012. La cuestión criminal. Planeta, España.

Galtúng, Joseph 1990. Cultural violence. Journal of Peace Research 27 (3): pp.291.

World Health Organization 2013. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. World Health Organization, Italy.

Espinoza, María Eugenia 2006. La integralidad de los Derechos Humanos de las mujeres frente a la violencia de género. En Contornos y pliegues del Derecho. Homenaje a Roberto Bergalli, ANTHROPOS, España, 250: Iñaki Rivera, et.al (Coords.)

Ortega González, Alma Rosa 2011. Política sexual: construcción de sujetos de género. En Cultura y jóvenes en México. Miradas diversas, CONACULTA, México, 189: Aguilar A., Fernando y Roberto García S (Coords.)

ONU MUJERES 2011. El progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012. En busca de la justicia. ONU MUJERES, EEUU.

ONU MUJERES 2013. Informe anual 2012-2013. ONU MUJERES, EEUU.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013. Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, 2006 y 2011, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.

Icháustegui, Teresa del Carmen et.al (Coords.) 2012. Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas: 1985-2010, ONU MUJERES, INMUJERES y Cámara de Diputados, México.

Rodríguez Huacuz, María Dolores 2008. La incorporación de políticas de igualdad de género en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, México.

ONU MUJERES y UNFPA 2012. México ante la CEDAW, ONU MUJERES y UNFPA, México.

SEGOB y CONAVIM 2012, Centros de Justicia para las Mujeres: lineamientos para su creación y operación, SEGOB y CONAVIM, México.

SESNSP y INACIPE 2012, Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía metodológica, SESNSP y INACIPE, México.

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