No todo lo que brilla es oro

Víctor Aramburu presenta en esta entrada algunas preguntas que debemos hacernos antes de creer que los programas financiados con tus impuestos tienen el efecto que te quieren hacer creer.

Antes de comenzar, quiero aclarar que estoy jugando el papel de abogado del diablo. Por supuesto que considero que el Estado debe intervenir en la economía para solucionar problemas donde la acción de los individuos y el mercado no son suficientes. Sin embargo, como había comentado en una entrada anterior, en ocasiones, la intervención del Estado puede resultar, en el mejor de los casos, inocua, y, en el peor, un desperdicio de recursos que nosotros, los contribuyentes, le otorgamos o, en el caso de México, provenientes de la venta de un recurso no renovable como el petróleo, el cual, según la Constitución, nos pertenece a todos.

Un ejemplo reciente y evidente del peor de los casos es el pago de 16 millones de dólares que se hizo a una compañía china como indemnización por la cancelación del contrato para la construcción del tren que iría de la ciudad de México a Querétaro. Básicamente fue como si todos los que pagamos impuestos se los hubiéramos regalado a esta compañía (o, en su caso, como si le hubiéramos regalado alrededor de unos 200,000 barriles de petróleo a precios actuales). Hasta ahora, ni siquiera hemos tenido una explicación, creíble o no, por parte del gobierno de por qué se canceló el proyecto. Tampoco hemos visto que algún servidor público haya asumido la responsabilidad política, administrativa y, en caso de que haya habido delito de corrupción, penal. Tienen razón los empresarios que se quejaron de la reforma fiscal, aun con su carácter progresista—es decir, cobrándole más al que más tiene, porque resultó peor otorgarle ese dinero al gobierno para que lo regalara, en vez de que, lo hubieran gastado como ellos hubiesen querido (en una de ésas hasta invirtiendo y generando más empleos).

El ejemplo anterior es de los más burdos del dispendio de recursos que la sociedad ha puesto en manos del gobierno para la solución de un problema. En este caso, el propio gobierno generó un problema peor, ya que ni tendremos tren, se dilapidó dinero que pudo haber sido invertido en la generación de empleos y ningún servidor público ha asumido alguna responsabilidad. Sin embargo, existen también varios programas que tienen una justificación que suena loable, pero que, en los hechos, representan también una dilapidación sutil de nuestro dinero por diversas razones que a continuación expondré.

Para ilustrar el problema anterior, tomaré como ejemplo el documento Avances en la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2013-2014 publicado por la Secretaría de Gobernación. Algo que rápidamente salta a la vista es que, en su página 19, hace un comparativo entre la incidencia delictiva en términos absolutos (es decir, no en relación con el tamaño de la población) a nivel nacional y en los municipios que forman parte de este programa para los años 2012 y 2013. Excepto en los secuestros, en todos los demás delitos, señala que hubo una reducción en estas cifras que van desde 1.92% en las lesiones dolosas hasta un 18.9% en homicidios dolosos. Sin una visión crítica, uno podría creer que las acciones que ha emprendido este programa realmente han tenido el efecto deseado de reducir la incidencia delictiva, excepto en secuestros. No obstante, se me ocurren algunas preguntas que pueden eliminar este espejito que nos quieren vender a cambio de nuestros impuestos:

  1. ¿La incidencia de delitos realmente se registra bien?

De acuerdo con la Encuesta Nacionalización de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 levantada por el Inegi, en el año 2013, la cifra negra a nivel nacional es del 93.8%. Este dato se refiere al porcentaje de “[…] delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país[.]” De hecho, esta cifra fue 1.7 puntos porcentuales superior a la registrada en 2012.

Visto de esta manera, no podemos tener ninguna de certeza de que las cifras presentadas por el documento como línea base de 2012 y el cambio para 2013 sean representativas de algo. Como consecuencia, tampoco podemos adjudicar causalidad alguna a las acciones emprendidas por el Programa para lograr la variación reportada.

  1. ¿Se trata de una contingencia o de un problema crónico?

El documento sólo presenta cifras para 2012, 2013 y lo que iba de 2014 al momento de su elaboración. Aun si asumiéramos que hubo un registro correcto de la incidencia delictiva, no conocemos la tendencia de largo plazo de ésta en términos relativos, es decir, para más años y en relación con el número de habitantes. Así, la variación reportada puede deberse a fenómenos que nada tuvieron que ver con las acciones emprendidas por el gobierno o, al menos con ese Programa. Algunas explicaciones alternativas podrían ser la reactivación económica de esos municipios derivada de una mayor inversión privada, la emigración de los delincuentes, la baja de los delincuentes causada por rivalidad entre ellos mismos o por autodefensas, entre otras.

  1. ¿Las acciones llevadas a cabo por el gobierno realmente tienen el efecto deseado?

Esta pregunta lleva a toda una rama dentro de la literatura de evaluación de políticas públicas. Para poder saber si realmente las acciones de gobierno tienen el resultado deseado, es necesario hacer la analogía con las medicinas. Para conocer si éstas son efectivas, se necesita, en primer lugar, tener a al menos dos personas (generalmente se hace con grupos de personas) con el mismo padecimiento y hacerles análisis antes y después de que se les dé el remedio. A una se le da el compuesto químico que presuponemos que atenuará o eliminará la enfermedad, mientras que a la otra se le hace creer que también se le está dando, cuando en realidad sólo se le está dando un placebo. En el caso de las políticas públicas, sería necesario tener dos grupos de municipios con características muy similares no sólo en la incidencia delictiva, sino también en cuestiones como el tipo de actividades económicas que llevan a cabo, niveles de empleo, educativos, de pobreza, capacidades de las instituciones locales, entre otras. En un grupo se pondrán en marcha las acciones que creemos que tienen un efecto sobre la incidencia delictiva (asumiendo, nuevamente, que nuestras mediciones del fenómeno son confiables) y en el otro no. Si todas las demás cuestiones mencionadas evolucionan de manera similar y notamos un cambio en la incidencia delictiva en el tiempo, entonces quizá sí tendríamos cierta evidencia de que las acciones que se pusieron en marcha pudieron haber incidido sobre la delincuencia.

En el documento que tomé como ejemplo, no se menciona nada acerca de esto. Simplemente se menciona, por ejemplo, que se realizaron “[…] acciones de capacitación para la prevención de factores de riesgo de violencia y delincuencia y la promoción de la cultura de la legalidad, impactando en 164,342 personas […]” (Segob, 2014: 22) o “[q]ue 1,500 jóvenes de ambos sexos [participaron] en una Academia de Fútbol dirigida por un ex futbolista [sic] profesional durante tres meses” (Segob, 2014: 43). Cabría preguntar si las personas que participaron en estas acciones ya de por sí estaban interesadas en hacerlo y lo hubieran llevado a cabo de todas formas, con o sin, las actividades llevadas a cabo por el gobierno, financiadas con nuestros recursos. Por esta misma razón, es posible pensar también que estas mismas personas ya de por sí, tenían una menor probabilidad de delinquir que otras que realmente necesitaban de ellas o de otro tipo de acciones, por el simple hecho de estar interesadas en participar en ellas. A este problema, en políticas públicas, se le llama de autoselección. Incluso, podríamos ir más allá y, aun asumiendo que estas acciones fueran efectivas, cuestionar si son las que tienen los mayores efectos en relación con su costo y si no habría otro tipo de acciones que pudieran lograr el mismo efecto, pero consumiendo menos impuestos, o lograr más, consumiendo el mismo nivel de impuestos.

Por esto, hay que ser cuidadosos cuando nos venden espejitos a cambio de nuestros impuestos y petróleo porque, no todo lo que brilla es oro.

Conoce más de Marxista guadalupano, tecnócrata liberal

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