El argumento del odio

El discurso gubernamental y el de columnas afines al gobierno afirma que la oposición a la administración de EPN se fundamenta en reacciones emocionales manipuladas. La negación de la agencia de las colectividades disidentes profundizan las contradicciones que dan origen a la protesta. La continuidad de esta argumentación que pareciera sorda seguirá alimentando el descontento social.

Hay un rencor desmedido e injusto contra Enrique Peña Nieto (EPN). Actores en la sombra interesados en verlo fracasar son quienes han llevado el tema de Ayotzinapa al nivel federal. Las demandas de su renuncia no son auténticas, sino resultado de la manipulación de estos desestabilizadores maestros.

Este es el argumento que algunos articulistas (Pablo Hiriart, Carlos Alazraki, Beatriz Pagés) han utilizado en últimas semanas para reducir la protesta social y el descontento de amplios sectores de la población a mero odio manipulado. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) u otros actores que no se mencionan serían los instigadores. En todo momento se niega la posibilidad de que el proceso responda a una reflexión colectiva e individual. No habría manera de que esto sucediera. La infalibilidad presidencial no permite este tipo de exabruptos.

Esta línea argumentativa resuena en otros espacios. Círculos cercanos al poder, y quienes pretenden detentarlo, la utilizan para reafirmar su posición: el régimen marchaba por buen camino hasta que todo esto sucedió.

Lo que hay dentro del “todo esto” no es de su interés. Es un problema municipal, un asunto del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un tema del narcotráfico -y por ello deberíamos protestar contra el narco- o una conjura maquiavélica que no es siquiera verdad: los estudiantes nunca existieron.

El discurso parte de dos premisas que pueden ser criticadas. La primera, infundada de arrogancia, es que no hay posibilidad de disidencia ante la impecabilidad de las reformas estructurales y las medidas de la administración de EPN. La segunda, que los ciudadanos no son tales, sino pueblo malo o pueblo bueno: el que no acepta a su presidente y el que sigue adelante con lo que éste y sus allegados promueven.

La imposibilidad de la disidencia parece salida de un México que ya no existe. La comparación con el autócrata régimen priísta del siglo XX es evidente. Podría alegarse que hay una disonancia cognitiva; que EPN y sus allegados no ven que México es distinto y que la población, en toda su diversidad, ha creado formas de organización y construido colectivamente deseos de una vida más justa, mejor.

Podríamos también decir que los 89 años que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus predecesores han gobernado ininterrumpidamente el Estado de México formaron a EPN en un ejercicio desmedido del poder. Que la nula rendición de cuentas que los gobernantes en este país tienen es aún más fuerte en Toluca.

Ambos argumentos pueden tener algo de razón.

Hay un tercer factor que, combinado con los otros dos, podría arrojar luz sobre la soberbia sordera del grupo en el poder. A las autocráticas tradiciones de las que EPN y Osorio Chong provienen, se suma otra forma de distanciamiento de los gobernados que los grupos en el poder han ejercido en México desde los 80: la tecnocracia.

En la silla de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se sienta Luis Videgaray, doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sin ahondar en su historia personal, que es tema distinto, es necesario señalar su inserción en la larga historia de tecnificación de la política pública en México.

La arrogancia de los tecnócratas es la misma que la de la economía. La ciencia social que busco devenir ciencia dura, sometiendo a los procesos sociales a la infortuna de no ajustarse a los modelos que crea. Esa adecuación ceremonial, en la que la realidad es juzgada moral y ontológicamente por la técnica, se traslada a la decisión política. La oposición a las reformas es fruto de la ignorancia en el mejor de los casos o del odio, en el peor.

La segunda premisa está íntimamente relacionada a la primera. Habría, como Claudio Lomnitz (2000) señala, dos clases de pueblo en la construcción histórica de la ciudadanía en México: el bueno y el malo. La bondad y la maldad están determinadas por la voluntad de seguir o cuestionar los designios de la clase dominante. La oposición activa se traduce en maldad, barbarie, desestabilización u odio. La bondad, durante el largo gobierno del PRI, se identificó con la corporativización de la organización social bajo los designios del partido gobernante.

Estos dos elementos se encuentran detrás del argumento del odio. La ignorancia y maldad del pueblo inconforme responden a los intereses obscuros de quien los guía. Van en contra no del gobierno, sino del progreso y el proyecto de nación. Son las acciones de los bárbaros, los comemierdas, los que buscan truncar la historia de éxito del país.

Esta visión, profundamente colonial, puede explicar las desatinadas reacciones del gobierno, acorralado. A cada intento del grupo en el poder por desactivar la protesta a través de la simulación y no de la acción se sucede un recrudecimiento de la crítica. A las peticiones de superar los crímenes y permitir que la impunidad continúe se oponen acciones colectivas que exigen un cambio cada vez más radical.

La percepción del grupo en el poder pareciera ser que una aceptación de las exigencias de la disidencia llevaría a un desmoronamiento del pacto de impunidad con el que gobiernan. Investigar las responsabilidades del caso de Ayotzinapa o de la “Casa Blanca” con seguridad señalaría a altos mandos en los tres niveles de gobierno. El grupo en el poder no está dispuesto, lógicamente, a propiciar su caída voluntariamente.

Las contradicciones que se han colocado en el centro de la atención pública no amainarán. El descontento en creciente organización ha percibido la necesidad de transformar radicalmente los acuerdos que sostienen al régimen que gobierna este país. La arrogancia del gobierno y sus heraldos es una aliada valiosa en la exacerbación de esta situación de enfrentamiento entre el deseo de justicia y equidad y la voluntad de conservar las prebendas de quienes dominan los destinos de México. Son artífices inconscientes de su propio derrumbe.

El argumento del odio, al ser incapaz de aprehender la complejidad de los procesos sociales e históricos que informan y movilizan a la disidencia, sólo puede abonar a destruir los acuerdos institucionales que sostienen a quienes lo utilizan. El negar la agencia de las disidencias que hablan desde la subalternidad fortalece su voluntad de construir un cambio radical.

La arrogancia del grupo en el poder será el sello de su caída.

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