Donde la puerca tuerce el rabo

Víctor Aramburu nos explica por qué una condición necesaria e impostergable para combatir la corrupción en México pasa por la autonomía de la PGR respecto del Ejecutivo.

A raíz del escándalo #CasaBlancaDeEPN y la declaración de no culpabilidad de Raúl Salinas, se ha catalizado el debate acerca de la impunidad que existe con relación a los delitos de corrupción. Como he comentado en algunas entregas anteriores, en estos tipos de delitos, es de esperar que la tasa de impunidad sea incluso mayor a la de los demás, debido a que quienes los cometen, generalmente son gente con un mayor nivel educativo, más influencias y más dinero, los cuales abonan a que puedan reducir su probabilidad de detección y, en los casos en que son agarrados con las manos en la masa, también a reducir su probabilidad de sanción.

Algunas personas se han preguntado cuál sería el procedimiento para investigar a Enrique Peña por el presunto conflicto de interés que existe en la adjudicación de contratos durante su administración como gobernador del estado de México y ahora como Presidente. Temo decepcionarlos pero es prácticamente imposible ya que la permanencia en el cargo de los titulares de dos de las instituciones con las facultades para hacerlo—la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR)—dependen de él y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), única institución cuyo titular no depende de él y con facultades de investigación, aunque no sancionatorias, ya desechó la posibilidad de ejercer la primera función con el argumento de que la esposa del Presidente no es servidora pública.

En la historia reciente de México sólo hemos oído de pocos casos muy sonados de encarcelamiento de exservidores públicos, tales como Jorge Díaz Serrano y Arturo “el Negro” Durazo en el sexenio de Miguel de la Madrid, Joaquín Hernández Galicia alias “La Quina” con Carlos Salinas, Raúl Salinas con Zedillo y recientemente Elba Esther Gordillo alias “La Maestra” con el presidente Peña. Si se analizara escuetamente, de hecho, parecería que es tradición priísta—que no panista porque nunca encarcelaron a algún exservidor público de alto nivel—sacrificar a uno de los suyos al inicio de su sexenio como chivo expiatorio con el fin de aplacar la ira de los dioses de la venganza política. Los pecados de estos exservidores públicos no fue la ostentación superflua y de mal gusto de su enriquecimiento ilícito, sino haberse movido para no salir en la foto. Todos ellos apostaron en su momento por algún otro personaje que no resultó ser el ungido con el dedo del antecesor del Presidente que los encarceló. Así, la eficacia de las instituciones que se encargaron de detectar e investigar sus delitos—los cuales eran evidentes—y sancionarlos no fue el resultado de las facultades e instrumentos con las que éstas contaban, ni de la pericia de sus servicios profesionales o sus recursos presupuestales, sino de la consigna presidencial. Visto así, en materia de combate a la corrupción, México sigue siendo un país de caudillos y no de instituciones.

Aunque ya contamos con las instituciones que tienen el potencial de vigilar, investigar y sancionar posibles actos de corrupción, algunas de estas etapas del proceso de rendición de cuentas se encuentran concentradas, en algunos casos, y desvinculadas en otros. Por ejemplo, la ASF cuenta con autonomía de gestión respecto a su patrón, por decirlo así, que es la Cámara de diputados, para decidir cuándo y qué es lo que vigilará y el tipo de personas que contratará. Asimismo, su titular no puede ser removido fácilmente por su patrón. Gracias a esto, la ASF ha logrado detectar posibles delitos de corrupción como Enciclomedia, los de Oceanografía, en el SNTE, entre otros.

Entonces, ¿por qué si la ASF ha logrado hacer de manera correcta su trabajo, no hemos visto a más servidores públicos sancionados? La respuesta está parcialmente en que la ASF no puede sancionar directamente, es decir, no tiene dientes. Sin embargo, no se trata de que los tenga, ya que la concentración de poderes puede derivar en el abuso de éstos por parte de quien los detenta, además de que es ineficiente que una misma institución realice muchas tareas en vez de especializarse. Actualmente, la ASF, una vez que ha detectado ciertos actos con presunción de delincuencia, dependiendo de su naturaleza—si amerita sanción administrativa o penal—tiene que turnarlos a la SFP o a la PGR para que éstas, a su vez, hagan las investigaciones correspondientes (la segunda etapa del proceso). El problema está en que, a diferencia de la ASF, los titulares de la SFP y de la PGR pueden ser removidos por el mismo poder al que vigila la ASF. Con esto no quiero decir que no haya habido servidores públicos sancionados. De hecho, sí los hay. No obstante, la mayoría de ellos son de nivel medio a bajo y, cuando se trata de investigar a altos funcionarios, es fácil que los asuntos políticos y los intercambios de favores (nuevamente, corrupción) se mezclen en sus investigaciones. Debo acotar también que, en el caso de la SFP, tampoco es deseable que sea totalmente independiente del Ejecutivo, ya que un jefe siempre necesita tener cierto grado de control sobre sus empleados.

En el caso de la PGR resulta ya impostergable que ésta cuente con características similares a las de la ASF en cuanto a su autonomía de gestión y de permanencia en el cargo de su titular. Actualmente, el Presidente propone a su titular y éste es ratificado por el Senado. Sin embargo, el Ejecutivo aún conserva la facultad para removerlo en cualquier momento y sin justificación alguna de por medio. Así, si el Procurador decidiera iniciar una investigación al Presidente por la sospecha de algún delito grave (ya que la Constitución contempla que sólo por esto puede ser juzgado durante su mandato), éste podría despedirlo inmediatamente. Sería escupir para arriba. Es aquí donde la puerca tuerce el rabo.

La buena noticia es que esta semana la Cámara de diputados aprobó un dictamen en el cual se prevé la transformación de la PGR en una nueva Fiscalía General de la República cuyo diseño institucional contempla varias de las características anteriormente mencionadas. La mala noticia es que, la Cámara revisora, el Senado, ya se fue de “vacaciones” y no retomará el asunto hasta febrero del año que entra. Asimismo, tal y como están las cosas, se ha planteado que la fecha límite para la transformación de la PGR en la Fiscalía sea 2018 y, como ya sabemos, México es el país del mañana (además de que no está en el interés del Presidente y de su partido, perder el poder de exonerar o sancionar a sus queridos o malqueridos, según sea el caso).

Conoce más de Marxista guadalupano, tecnócrata liberal

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