2015: la participación política y el descontento social

El año pasado fue crítico para la legalidad del régimen político mexicano. El autor reflexiona acerca de las opciones que este año presenta para la ciudadanía.

Ésta es la última entrada del primer ciclo de este blog. Agradezco profundamente la cuidadosa y dedicada edición de José Luis García y la atinada dirección de Francisco Martínez. De igual forma, quiero agradecer a todo el equipo de la Revista Ala Izquierda por la oportunidad brindada. Finalmente, guardo infinito aprecio a quienes en este semestre se tomaron el tiempo de leer los textos que por esta vía compartí.

Renunciaron 14 de los 16 jefes delegacionales del Distrito Federal. Sin que medie simulación de cumplir con los mandatos para los cuales se postularon hace tres años, ahora todos buscarán nuevos puestos de elección popular.  Ninguno de los jefes delegacionales está exento de acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Ninguno ha sido investigado. Todos esperan, presumo, que las cosas permanezcan así.

El salto de los jefes delegacionales es común a la dinámica de la política electoral en México. Un puesto de elección popular sólo es útil si funciona como el trampolín que lleve a los políticos a uno nuevo (la lógica de la reelección de legisladores y alcaldes es contrarrestar este proceso; su efectividad está por verse). De diputado a senador a gobernador a diputado a senador a, por qué no, presidente. Un juego de sillas en el que las complicidades y lealtades son mucho más importantes que la voluntad de los votantes. Es la miseria de un régimen que no puede seguir sosteniendo la falacia de su carácter democrático.

2014 fue año crítico para la legitimidad del régimen político mexicano. Las matanzas de Tlatlaya y Ayotzinapa, sumadas a otras igualmente atroces, como la de San Fernando en 2010, han dejado en claro que el crimen organizado y el Estado se traslapan. El grado de esta identificación no se conoce con certeza, pero existen señalamientos claros de la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno. Un Estado criminal. La amenaza del narco fundida con la fuerza ejercida por el Estado.

Los casos de tráfico de influencias en los que Enrique Peña Nieto y su gabinete se han visto envueltos son otra cara de esta crisis. Las casas adquiridas por Grupo Higa, el beneficiario de la ahora cancelada licitación del tren México-Querétaro, son materializaciones de la forma en la cual el capital opera en el país: al cobijo del poder político, al margen de la ley y en detrimento de un sistema que empodere a ciudadanos y colectivos.

La respuesta gubernamental ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. El desdén y la arrogancia con la cual estos delicados casos se han tratado son una afrenta más frente a un creciente descontento popular. La ausencia de respuestas contundentes no es un asunto de incapacidad institucional o de falta de voluntad. Es la expresión de un grupo en el poder que no está dispuesto a perseguirse. Es su obstinada decisión de permanecer lucrando con los puestos para los que son elegidos, creando nuevos ricos entre los cercanos y garantizando que la impunidad continúe.

La falta de rendición de cuentas de funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno es un problema estructural del Estado mexicano. Es un elemento clave para precariamente sostener el funcionamiento del sistema que permite la acumulación de fortunas a la par de la producción de desigualdades. La impunidad es necesaria para garantizar el despojo de tierras comunales, para ignorar reglamentos de construcción, para traficar con cuerpos enteros y desmembrados, para lavar el dinero que se obtiene en la economía criminal en las obras públicas del gobierno.

El pacto criminal que gobierna a México se perpetúa en esos funcionarios que delinquen en un puesto para llegar a otro y continuar traficando influencias. El sistema no permite elegir sistemática y transparentemente a quien represente a los ciudadanos. En esos puestos normalmente se enquistan emisarios de la clase dominante, que no se preocupan por las distinciones entre economía legal e ilegal: la labor es garantizar la acumulación y reproducción de sus riquezas.

El problema central de este país es uno de economía política. El poder estatal es central en esta configuración. Hoy permite la continuidad de la barbarie necesaria para la acumulación. Mientras el dinero continúe fluyendo las vidas seguirán siendo prescindibles, las normas irrelevantes y la oposición reprimible. La estructura del Estado, con los funcionarios coludidos que brincan de un puesto a otro, es un obstáculo mayúsculo en la construcción de una sociedad pacífica y justa.

2015 presenta una disyuntiva para quienes se oponen a las formas de administrar la muerte, la violencia, la desigualdad y la impunidad del Estado mexicano. Si en 2014 la oposición tomó las calles y visibilizó la necropolítica que nos gobierna, en 2015 se enfrenta a una decisión sobre las formas de lucha con las que seguirá avanzando. Por un lado, se ha llamado a la abstención en masa y la construcción de alternativas autogestivas y locales. Por otro, algunos han comenzado a organizarse en la promoción de candidaturas independientes y la toma de espacios de poder dentro del entramado político actual. Ambas opciones presentan retos mayúsculos.

La opción autogestiva tiene fuerza en aquellos territorios que han emprendido procesos de organización frente al abandono o el ataque del Estado. Territorios completos son administrados de forma colectiva: Cherán, la Montaña de Guerrero, los Altos de Chiapas, entre otros. Espacios urbanos y periurbanos han comenzado también vías para la autogestión. Estos últimos tienen retos particulares: poblaciones que fluctúan, dificultad para la provisión autosuficiente de bienes básicos y la necesaria convivencia con prácticas diversas en espacios densamente poblados.

Por supuesto, la autogestión es sólo una vía. El camino de la abstención requeriría de la construcción de alternativas frente a la supuesta única opción del voto y la competencia electoral. El reto es conseguir que las grandes movilizaciones de 2015 cristalicen en movimientos organizados, en plataformas creativas y en métodos radicales de participación política. No hay fórmulas para esto, sólo la participación y la prueba y error.

La vía de las candidaturas independientes tiene fuerza en esta ciudad. A pesar de los múltiples obstáculos, puede ser un camino para comenzar a modificar las prácticas políticas en el sistema mexicano. La falta de representatividad de los partidos y la aparición de alternativas ciudadanas puede ser atractiva para amplios sectores de la ciudadanía.

Los retos aquí son distintos. Por un lado, están esos candidatos que se ostentan como independientes, cuando en realidad son parte de los partidos establecidos: mero camuflaje. Por otro, existe la posibilidad de replicar involuntariamente las prácticas que mantienen el pacto de la impunidad y la desigualdad en pie. El cambio gradual siempre se encontrará con la fuerza incalculable de las estructuras.

Estas opciones no son excluyentes. La magnitud del reto exige de la oposición la exploración de alternativas diversas. La consolidación de movimientos de base, colectivos y radicales (en el sentido de crear prácticas y plataformas ideológicas que busquen eliminar las bases de la desigualdad, la violencia y la impunidad en México) puede pasar por la promoción de candidaturas independientes. Éstas, más allá de sus derrotas o victorias, pueden fungir como aglutinantes para poblaciones que desean participar, pero no han encontrado canales que les sean cercanos, que les hablen de la vida cotidiana. Esta opción no será suficiente para los sectores más radicales de las movilizaciones de 2014, pero puede ser una vía para ampliar la participación política al margen y en contra de una partidocracia que ha demostrado estar agotada y que ha perdido toda legitimidad.

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