Activismo lésbico. Una propuesta de intervención al conocimiento

La apertura de los estudios sobre la disidencia sexual en América Latina en los espacios académicos, está siendo posible gracias a que los estudios de las mujeres o de género abrieron la discusión y posicionaron la necesidad e importancia de tales áreas de estudio. Si bien esto ha sido parte del proceso de democratización y los proyectos modernizadores de los estados latinoamericanos, su instauración no ha sido fácil debido fundamentalmente a que los espacios universitarios, no han dejado de ser bastiones de poder de la intelectualidad masculina tanto de derecha como de izquierda.

La apertura de los estudios sobre la disidencia sexual en América Latina en los espacios académicos, aunque de manera lenta y temerosa, está siendo posible gracias a que los estudios de las mujeres o de género abrieron la discusión y posicionaron la necesidad e importancia de tales áreas de estudio. Si bien la institucionalización de los estudios de las mujeres o de género ha sido parte del proceso de democratización y los proyectos modernizadores de los estados latinoamericanos, su instauración no ha sido fácil debido fundamentalmente a que los espacios universitarios, no han dejado de ser bastiones de poder de la intelectualidad masculina tanto de derecha como de izquierda.

La experiencia de los estudios de las mujeres aparece como una necesidad estratégica de los movimientos feministas a principios de los años de 1980, en plena dictadura militar, fuera de la universidad, con ONGs feministas desde donde llevaron a cabo programas académicos dirigidos a profesionales y estudiantes de ciencias sociales y humanidades. Con la recuperación de la democracia, muchas de estas profesionales se reinsertaron en la universidad, aunque en general mantuvieron su pertenencia y parte de sus actividades científicas en los centros de investigación privados.

Si bien los estudios de las mujeres y género inician como la ampliación estratégica y activista de las feministas académicas en los campus universitarios, a diferencia de la experiencia norteamericana y europea, donde los “women´s studies” se constituyen como un “brazo académico del feminismo” con una perspectiva global y política de las discusiones teóricas en torno a la problemática de las mujeres y sus perspectivas de transformación, en América Latina el ingreso y la institucionalización implicó temas sin mucha articulación tratando de buscar legitimidad en los ámbitos del conocimiento. En la mayoría de los casos iniciaron seminarios de especialización ligados a carreras de psicología, sociología o antropología los que se convirtieron posteriormente en programas de maestrías y doctorados.

Si bien el activismo feminista en sus inicios fue crítico a los procesos de institucionalización, defendieron la autonomía como estrategia de transformación del sistema patriarcal y sus instituciones desde procesos de creatividad y el ejercicio de libertad. Las académicas feministas propugnaban espacios propios que permitiesen avanzar en la generación de propuestas teóricas sin tener que justificar cada uno de los conceptos. Sin embargo, muy pronto los procesos de institucionalización tomaron lugar dentro de los espacios universitarios sin dejar mucho margen de acción.

El pasaje del concepto de sexo en la concepción original de los estudios de la mujer, al de género, lleva implícito un ámbito simbólico. El género o la perspectiva de género es una forma de observar la realidad para identificar las asimetrías (culturales, sociales, económicas y políticas) entre mujeres y hombres. La idea de la institucionalización de la perspectiva de género nace en los círculos de activistas y teóricas feministas de Europa y Estados Unidos en la década de los años sesenta como una técnica para remediar las desventajas de las poblaciones de mujeres en condiciones de desarrollo y bienestar, en los ámbitos económicos, educativos, laborales, de derechos humanos y de salud, entre otros a través de la igualdad de derechos y la integración de las mujeres a los espacios de poder público-políticos.

Fue hasta la década de los años setenta en el marco de las Conferencias mundiales de la mujer organizadas por Naciones Unidas y por los intereses de las agencias internacionales de desarrollo en que los gobiernos manifestaron interés por insertar a las mujeres en sus proyectos económicos. A partir de que en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975) surgió la idea de que los gobiernos debían construir mecanismos internos para mejorar la situación de las mujeres, el Consejo de Europa elaboró herramientas teórico-metodológicas para implementar la institucionalización de la perspectiva de género (1990) y las presentó en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing. A partir de entonces, ciento ochenta y un Estados miembros de la ONU se comprometieron a integrarla en sus leyes, planes, programas y políticas.[1]

Tanto los procesos de institucionalización de la perspectiva de género como del movimiento feminista y los movimientos sociales en general, coincidieron con el ingreso de la globalización, la mundialización de la economía neoliberal y los ajustes económicos impuestos por dichas agencias como el Banco Mundial, el BID, ONU, etc. Políticas que se tradujeron en la reducción de la acción del Estado en favor de la empresa privada y la acumulación del capital en pocas manos. El objetivo primordial de la globalización es proporcionar al capital el control total sobre el trabajo y los recursos naturales y para ello debe expropiar a los trabajadores cualquier medio de subsistencia que les permita resistir un aumento de la explotación. Y dicha expropiación no es posible sin que se produzca un ataque sistemático sobre las condiciones materiales de la reproducción social y contra los principales sujetos de este trabajo, que en la mayor parte de los países son mujeres. La situación de las mujeres se ha empobrecido en todo el planeta.

Desde su inicio, la concepción de las desigualdades de género estuvo orientada al desarrollo más que a una transformación de las lógicas de relación de un sistema patriarcal de dominación.

Federici nos plantea que la perspectiva de considerar los problemas a los que se enfrentan las mujeres como un asunto de “derechos humanos” y a intentar priorizar las reformas legales como las herramientas básicas de la intervención gubernamental no consigue desafiar el orden económico mundial que es la raíz de las nuevas formas de explotación que sufren las mujeres.[2]

Para algunas académicas, el pasaje a los estudios de género ha sido más tolerado y académicamente más aceptable: “para la academia es mucho más fácil asimilar los estudios de género que el feminismo, siempre identificado por los sectores más resistentes con la militancia y no con la ciencia”.[3] Si el concepto de género permitió romper con el cerco del ghetto, para algunas tuvo un efecto perverso de tornar a las mujeres invisibles, así el género se convierte en un concepto eufemístico que oculta al sujeto. Galindo afirma que el género ha servido para implementar políticas redistributivas, no para subvertir el orden social a partir de entender que las mujeres somos un sujeto político. “Una cosa es impugnar, subvertir y cuestionar el sistema; y otra muy distinta es demandar inclusión”.

Las perspectivas políticas de los estudios de las mujeres o de género en la región han tendido más hacia la lógica institucional y de apego a las políticas públicas del Estado. Así, la docencia e investigación han estado dirigidas principalmente a la formación de especialistas en planeación estratégica y de políticas sociales desde la óptica de género; a fin de que las estudiantes se inserten en los espacios de poder estatal como institutos, secretarías o consejos de la mujer, como asesoras de diputados, senadores y funcionarios de gobierno, consultorías en organismos nacionales e internacionales dedicados a la temática de la mujer y/o como docentes universitarias, a quienes se les ha denominado tecnócratas del género, debido a la especialización académica, muchas de ellas, no asumiéndose incluso feministas.

Andrea D´Atri afirma que las feministas en dichos años en su mayoría salieron a conquistar representatividad, ganar cuotas y visibilidad política. Se dedicaron a la política de la identidad, abandonando cualquier análisis vinculado con las condiciones sociales de existencia, en el plano económico, político y cultural. Se pasó del “camino de la insubordinación a la institucionalización”. Podríamos decir que algunos feminismos fueron incorporados o cooptados a lineamientos de acción de organismos de poder internacionales, lo que dio lugar a las llamadas “expertas”, otrora militantes.[4]

Los estudios de la Disidencia Sexual

Junto a las mujeres desde mediados de los años de 1960, otrxs sujetos como lesbianas, homosexuales, travestis, transgéneros, bisexuales o intersexuales, luchaban por la transformación de su situación de discriminación y abrieron la discusión teórica respecto de un ámbito central para la comprensión de su situación de subordinación, la construcción política de la sexualidad, el deseo, los géneros y los cuerpos en el ámbito de la disputa democrática.

Las primeras tesis sobre lesbianismo y homosexualidad en espacios universitarios, obligaron a la academia a cuestionar la censura, el desprecio y la moral impuestos sobre los temas de sexualidad y la disidencia sexual como ámbitos epistemológicos. Se inician entonces estudios que exploran la acción de nuevos sujetos que cuestionan principalmente las configuraciones del poder y las relaciones sociales desde los ámbitos de la sexualidad. No sin dificultades, algunas universidades abrieron centros de investigación, diplomados, cursos de pre y posgrado, se han organizado grupos de discusión, congresos, coloquios, etcétera, que aportan al entendimiento de la problemática.

Sin embargo, la carencia de una perspectiva crítica de las realidades poscoloniales de la región y la sumisión intelectual frente a los análisis nor-occidentales, nos advierten de los mismos riesgos que atravesaron los procesos de institucionalización de los estudios de género, y la posibilidad de que la academia se convierta también en centros de adiestramiento y tecnocratización de especialistas en “diversidad sexual” que propugnen mediante derechos, la inclusión de la disidencia sexual a los valores de la heterosexualidad o busquen insertarse en los ámbitos estatales e impulsen la apertura de secretarías, ministerios, consejos y organismos que sectorizan los sujetos y diluyen la problemática.

En ese sentido, la crítica al papel de la academia en los procesos de transformación es vital, así como al papel de los intelectuales orgánicos que sirven al poder hegemónico para refuncionalizarlo. Algunos análisis sobre las construcciones epistémicas hechas desde la academia feminista y la diversidad sexual nos advierten de la posición subalterna y colonial que dichos actores construyen frente al conocimiento occidental.

Breny Mendoza advierte que las feministas latinoamericanas no pudieron desarrollar un aparato conceptual y una estrategia política que les ayudara a entender y negociar mejor las relaciones neocoloniales que estructuran la vida del subcontinente, que “el saber feminista latinoamericano se ha construido a partir de la dislocación del conocimiento de su localidad geocultural, con teoremas venidos de realidades ajenas. Paradójicamente, nos dice, esta disfunción del aparato conceptual de las feministas conduce al final a un desconocimiento de lo que le es verdaderamente particular a América Latina y a una práctica política de mayor impacto”.[5]

En tal sentido, Espinosa afirma que los efectos de la colonización discursiva de los feminismos occidentales implicaría una colonialidad intrínseca a los discursos producidos por los feminismos latinoamericanos con dos consecuencias: la definición, en contubernio y franca dependencia de los feminismos hegemónicos del Norte imperial, de los lineamientos y ejes de preocupación y actuación del feminismo local; y la fagocitación de las subalternas habitantes de estas tierras a través de su (buena) representación por parte de las mujeres de las elites nacionales y los grupos hegemónicos feministas.

Uno de los mejores ejemplos de lo primero, se encuentra en los debates fundamentales dentro de la academia y el movimiento feminista, así como en los problemas abordados por las investigaciones y programas de estudios académicos de género y sexualidad ofertados en los últimos años en las universidades latinoamericanas.[6]

Gioconda Herrera, en su estudio sobre las investigaciones desarrolladas en el campo del género[7] nos muestra una explosión de investigaciones dirigidas al campo de la identidad y señala cómo es que las mismas, por un lado, se limitan a la mera descripción y sin poder indagar en cómo estas identidades se producen dentro de contextos específicos de poder; y por el otro, no han permitido estudiar la manera en que se articulan diferentes categorías de identidad entre sí.

Siguiendo los ejes de preocupación, estrategias y conceptualizaciones legitimados en los países centro, estos estudios se han focalizado fundamentalmente en el estudio de las sexualidades disidentes y la identidad de género sin poder dar cuenta del irremediable entrecruzamiento de estos órdenes (de la producción del deseo, la sexualidad y el género) con los de raza y clase, ni aún la manera en que el estatuto del sujeto de la identidad sexual y de género se estaría produciendo dentro de una determinada constitución de los estados nación latinoamericanos dentro de contextos de herencia colonial, y colonización discursiva.

En este tenor Herrera concluye que:

Bajo la influencia de algunos feminismos y la política de identidades, el reconocimiento de la heterogeneidad, la particularidad y la diversidad ha ganado cada vez más terreno… [sin embargo] En la práctica, tanto académica, política y del desarrollo, este reconocimiento tiende a quedarse en lo formal y descriptivo. En ese sentido surgen algunas interrogantes: ¿cómo articular analíticamente el género, la raza, la etnicidad, la clase social para explicar la desigualdad social que atraviesa y obstaculiza todo proceso de desarrollo en nuestros países, más allá de la mera descripción?

En coincidencia con algunas de las hipótesis de Mendoza, el estudio de Herrera estaría mostrando cómo en un contexto como el latinoamericano, la producción de una reflexión sobre la identidad y sobre los cuerpos del feminismo se ha desarrollado con base en marcos conceptuales importados, sin que mediaran intentos de reapropiación que permitieran aterrizar ese cuerpo (muchas veces abstracto de la pregunta por el género) en la materialidad de los cuerpos racializados, empobrecidos, folclorizados, colonizados de las mujeres y disidentes sexuales latinoamericanas. La constatación de esta ausencia de los cuerpos indígenas, afro y carenciados del continente en esta reflexión sobre el sujeto del feminismo y la necesidad de ampliación de sus límites, es preocupante y a la vez sintomática de cómo la producción de conocimientos aún en esta etapa de “descentramiento del sujeto universal del feminismo aún contiene la centralidad euronorcéntrica, universalista y no logra zafarse de esa colonización histórica por más que la critique”, como nos alerta Ochy Curiel.

Tomando la propuesta de Julieta paredes y María Galindo de la necesidad de descolonizar para despatriarcalizar, como una tarea imprescindible de nuestras realidades latinoamericanas, la tarea de despatriarcalizar la academia implicaría principalmente descolonizar las construcciones epistémicas feministas o no, de occidente que se han presentado como universalizantes y por tanto hegemónicas, los discursos sobre las mujeres y disidentes sexuales latinoamericanos y sus luchas que fueron construidas desde occidente o bajo parámetros occidentales y las políticas ejercidas desde perspectivas complacientes con el poder hegemónico que lejos de atender problemáticas fundamentales de la región, sirven a ámbitos del poder económico neoliberal.

¿Qué significa entonces despatriarcalizar la academia en nuestros contextos?

El patriarcado es la matriz de opresión más profunda de todas las sociedades y los sistemas políticos y económicos. Es la estructura sobre la cual están construidas jerarquías sociales más complejas que la expresión única del poder masculino sobre las mujeres. Por eso, precisamente, los cambios sociales que no toquen la profundidad de dichas estructuras, representan un maquillaje en el funcionamiento de dichas estructuras de opresión.

Analizar el patriarcado Latinoamericano nos obliga a tener en cuenta que éste fue construido sobre la base de estructuras coloniales. Uno de los pilares estratégicos de la colonización fue el sometimiento a las mujeres y la persecución de la homosexualidad.  El papel de las mujeres en todo este período ha sido fundamental y requiere recuperar esa participación activa en la resistencia al sistema patriarcal aún antes de la colonia. En esa lógica de ideas, despatriarcalizar desde la academia debe suponer fundamentalmente desheterosexualizar las producciones epistémicas y en consecuencia la lógica de las relaciones sociales y la división del trabajo.

Debemos entender la heterosexualidad como una de las instituciones claves del patriarcado para sostener su sistema de poder. El argumento de la complementariedad de los sexos, presente en diversas culturas, inclusive en la andina (chacha-warmi), cuya interpretación puede estar tamizada por el pensamiento dualista cartesiano, no recupera la historia, ni los lugares reales o simbólicos de mujeres y disidentes sexuales. La complementariedad ha naturalizado y romantizado las relaciones entre mujeres y hombres e incluso entre disidentes sexuales, heterosexualizando por medio de roles las relaciones, aun independientemente de los cuerpos. La complementariedad ubica a la sexualidad en el ámbito de la reproducción pero no del deseo, ha construido la heterosexualidad como una institución de opresión económica, racial y de género que ha permitido y sustentado la doble jornada de trabajo de las mujeres y la división sexual del trabajo como la más perfecta de las relaciones económicas, generalmente con el ejercicio de la violencia. Nuestra genealogía histórica, está aún por conocerse. Las evidencias históricas de la existencia de relaciones homo o lesbo eróticas o de roles transgenerizados o de intersexuales, han sido en su mayoría desaparecidas por arquéologos e historiadores tras la moral judeo cristiana imperante. En ese legado colonial, nuestros pueblos colonizados son los grupos más disciplinados en mantener la división de los roles y ejercer los más duros castigos a la disidencia sexual y genérica.

Breny Mendoza, introduce la heterosexualidad en los análisis del mestizaje como dispositivo de poder, en la conformación de la sociedad colonial y postcolonial de Honduras, apunta tres elementos: Primero, la vinculación entre conquista, racismo y sexualidad, desde donde explica la invasión de los cuerpos de las mujeres, a través de actos de violación sexual cometidas por hombres españoles sobre mujeres indígenas o negras, o en algunos casos en el marco de relaciones efímeras. Segundo, el carácter heterosexual y el factor reproductivo que regulan el régimen de familia patriarcal en un sistema de castas. Tercero, el hecho de que el sistema de castas conduce a una condición de ilegitimidad y de bastardía del mestizo durante la Colonia, lo cual afectó su masculinidad e identidad hasta hoy día.

El mestizaje, producto de la imposición sexual en su cruce por la variable raza, muestra diversos escenarios que estructuran la pirámide de las castas y el destino social de los sujetos, así, mestizas, peronas, pardas, saltapatrás, zambas, indias, entre otras, nos dice Mendoza, dan cuenta que el concepto de mestizaje ha sido construido como una categoría heterosexual, pues implicó el producto híbrido de la relación entre el español y la mujer indígena, a través de la apropiación de sus cuerpos, de su sexualidad y su fuerza de trabajo. Señala, además, cómo las relaciones homosexuales, en tiempos de la conquista y de la sociedad colonial, fueron silenciadas y eran consideradas irrelevantes en la noción de mestizaje porque no eran “realmente amenazantes” a la pirámide social. Por otro lado, contrario sensu, varias fuentes subrayan que la supuesta homosexualidad (y lujuria en general) de las y los nativos fue denunciada con horror por la iglesia y la Santa Inquisición, como una manera de presentar los pueblos colonizados y esclavizados como inmorales, pecadores y, por tanto, merecedores de su suerte.

No hubo cabida para lo femenino-mestizo, ni para la indígena, la negra o la mulata. Las mujeres fueron suprimidas o representadas como “reposo del guerrero”, ausentes en su subjetividad, siempre asumidas como madres, hermanas, abuelas o amantes solidarias, no como entes activos de la vida pública.

La construcción de la identidad nacional se organizó con base en políticas nacionales de asimilación y/o blanqueamiento, cuando “lo indio” o “lo negro” se convirtió en un “problema”, bajo el argumento que su permanencia significaba el atraso. Si bien había un reconocimiento de la nacionalidad de los y las indígenas, por haber nacido en un territorio nacional en el plano jurídico, en el plano social y político fueron excluidos. La nacionalidad les fue a menudo negada a la gente negra, porque se asumieron primero como simples posesiones de sus amos, y luego, como extranjeros y extranjeras. Las facilidades a la inmigración masiva de personas europeas bajo el argumento de resolver el problema de “desolación” de los territorios, expresaba una política de racismo de Estado. Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, aunque había una amplia reserva de mano de obra indígena y negra, no se acudió a ella, argumentando que no contribuiría al desarrollo, al tiempo que se otorgaba nacionalidad a migrantes europeos y europeas para “mejorar la raza americana”.

Así, la construcción de Nación tiene un significado profundamente heterosexual, en su texto La Nación Heterosexual, Ochy Curiel[8] analiza la nueva constitución colombiana promulgada en 1991 como instrumento jurídico, teórico y político de la nación, bajo las dimensiones de un contrato heterosexual basado en la diferencia sexual, lo que imprime a la constitución y a la nación misma la característica de un régimen político.

Durante el periodo democrático actual (desde los años 70s), después de los procesos de transición democrática de las décadas 80s y 90s, la mayoría de los países latinoamericanos han modificado sus constituciones. De 18 países, hubo un total de 326 reformas constitucionales parciales entre 1978 y 2009, y 16 nuevas constituciones promulgadas. Una de las propuestas más generalizadas en las nuevas cartas constitucionales de la región es el reconocimiento de las naciones multiculturales debido a las luchas políticas por el reconocimiento político y social, de grupos (indígenas y afrodescendientes) que no habían sido contemplados en la nación, que bajo la ideología del mestizaje, quedaron fuera de su construcción, lo que sustentó el racismo estructural. Demandas que coincidieron con cambios en la economía, en los estados y en los movimientos sociales.

De todas las propuestas que llevaron los indígenas, afrodescendientes, mujeres y disidentes sexuales a la Asamblea Nacional Constituyente, nos dice Curiel, quedaron las que se enmarcan en el Estado liberal, que aunque en su momento hayan sido un gran avance político como la igualdad de derechos, la participación política, el reconocimiento de las mujeres jefas de hogar, los derechos de parejas (heterosexuales) etc., las que tenían que ver con la libre opción de las mujeres en torno a la maternidad no pasaron, porque eran precisamente las propuestas que, aunque ligadas a la institución de la maternidad, referían fundamentalmente a la autonomía de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, aunque fuera en el marco de la heterosexualidad.

La constitución define a la “La Mujer” y El Hombre” universalizados, biologizados y complementarios, en una única manera de serlo, siempre dependientes uno del otro, definidos desde la producción y la reproducción, elementos claves que sustenta el régimen heterosexual.

A la vez que proclama la igualdad de los sexos, propone “un trato igual a los semejantes y un trato desigual a los que son distintos —y los sexos se definen como distintos debido a su falta de parecido mutuo”. Reconoce la igualdad desde la diferencia, sin cuestionarla. Une doctrinalmente la igualdad entre hombres y mujeres, con los efectos de la desigualdad social producida por la diferencia sexual, lo que sustenta al sistema heteropatriarcal.

Si bien el parentesco, la familia y la mayoría de las estructuras sociales son un producto cultural, el artículo 42, nos dice Curiel, define la familia bajo la ideología de la nuclearización y biologización como la unión de un hombre y una mujer sea por lazos “naturales” o jurídicos en condiciones reproductivas, diferente a la realidad colombiana donde existen distintas formas de familia y parentesco.

Por otro lado, aunque la Constitución Colombiana define la nacionalidad como base de la ciudadanía, puede ser utilizada para limitarla, como es el caso de muchas mujeres y lesbianas migrantes. Aunque la nacionalidad se obtiene por derecho, la ciudadanía está limitada cuando el régimen de la heterosexualidad actúa como demarcador de derechos, por ejemplo el acceso al trabajo y a la vivienda, llevando a situaciones de precariedad y de inseguridad no sólo a nivel local, sino también transnacional, más aún cuando por efectos de la mundialización se genera una división sexual y racial internacional del trabajo que empuja fundamentalmente a lesbianas y mujeres del Tercer Mundo a migrar y a establecer, sin quererlo, relaciones heterosexuales para conseguir papeles y estabilizar su situación migratoria. En ese sentido, la nacionalidad y la ciudadanía son afectadas directamente por el régimen heterosexual.

Son sólo algunos ejemplos que exhiben a la Constitución como ley suprema de la Nación, que no solo fija los límites de un Estado moderno y sus poderes, sino y sobre todo, condiciona y orienta las relaciones de sexo, además de “raza” y clase. Ese “contrato social y sexual” surgió de la negociación entre las fuerzas políticas y sociales y contó también con el agenciamiento de los grupos subalternizados, los cuales fueron “incluidos” parcialmente. Sin embargo, quienes poseyeron el privilegio de prescribirla, fueron en su gran mayoría, los grupos que han sustentado el poder político, económico, social, sexual y racial.

Si la Nación es heterosexual, el Estado como organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional, también lo es.

La mayoría de definiciones acerca del Estado coinciden en su carácter de dominio y monopolio de la violencia para el ejercicio del poder. Para Marx, no es el reino de la razón ni del bien común, sino de la fuerza y del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado una dictadura. Así pues, lejos de ser la expresión del bien común, es la expresión de relaciones de poder, de hegemonías históricas; en ese contexto el Estado es estructuralmente patriarcal.

Actualmente, hablamos del Estado fallido cuando un Estado manifiesta un fracaso social, político y económico, por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo solo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial, y a la interferencia militar en la política. Características de la mayoría de los Estados latinoamericanos debido a la reducción de la acción efectiva que el neoliberalismo impone a los estados, a los intereses de las transnacionales en la explotación irrestricta de los recursos naturales, lo que obliga al exilio de indígenas y campesinos a zonas urbanas dentro o fuera de sus países. De la misma manera que lo provoca la presencia del narcotráfico, el feminicidio, los crímenes de odio, la impunidad impuesta por la ineficacia de los sistemas de justicia, la corrupción, son algunas de las razones que caracterizan nuestros estados como Estados fallidos. Problemas en los que la pobreza, la raza, el género y la preferencia sexual, están indisolublemente cruzados. En este sentido, las apuestas tanto a los análisis y acciones estadocéntricas parecieran encaminadas a reforzar ese estado calamitoso de la política, que excluye a gran parte de sectores no hegemónicos. De ahí que es necesario replantear propuestas que apuesten a reforzar experiencias comunitarias fuera de los marcos del Estado; existen experiencias diversas de comunidades que se organizan al margen de este implementando ámbitos de seguridad comunitaria, justicia distributiva, intercambio de productos, etc.

El activismo académico implica pues poner en cuestión la forma en cómo la construcción de conocimiento nos facilita un entendimiento de nuestras realidades fundamentalmente para transformarlas.


Norma Mogrovejo. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante de SNI, CONACYT, autora de diversos ensayos y publicaciones sobre historia del movimiento lésbico en América Latina.


[1] Citlalin Ulloa Pizarro, “La institucionalización de la perspectiva de género en México: una política pública en transición”, http://www.analisispublico.administracionpublica-uv.com/wp-content/…/08/1.pdf

[2] Silvia Federici. Revolución punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map36_federici.pdf

[3] Costa y Sardenberg 1994, 389 Teoría e praxis femenista na academia: Os Núcleos de Estudios sobre a mukher nas universidades brasileiras. Revista de estudios feministas [Río de Janeiro]: 387-400.

[4] Andrea D´Atri, Feminismo Latinoamericano. Entre la insolencia de las luchas populares y la mesura de la institucionalización, 2005, en http://www.creatividadfeminista.org/artículos/2005.

[5] Mendoza,  Breny, La epistemología del sur, la colonialidad del género y el feminismo latinoamericano http://media.wix.com/ugd/1f3b4c_4b4fc9c69d30059e91571ae5c897dda7.pdf

[6] Yuderkys Espinosa Miñoso, Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos: Complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional: http://www.glefas.org/glefas/files/biblio/etnocentrismo_y_colonialidad_en_los_feminismos_latinoamericanos_yuderkys_espinosa.pdf

[7] Herrera, Gioconda, comp. (2001). Antología de estudios de género en el Ecuador. Ecuador: FLACSO-ILDIS, Estudio introductorio.

[8] Curiel, Ochy, La Nación Heterosexual. Un escenario de análisis desde la Antropología de la Dominación, en la frontera, y Brecha Lésbica, Colombia 2013.

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