La diplomacia de la hipocresía organizada

Víctor Aramburu ahonda en dos informes presentados recientemente por la ONU relacionados con delitos cometidos por servidores públicos: la desaparición forzada y la tortura.

En menos de treinta días, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho patentes dos hechos que para muchos de los ciudadanos de a pie, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, miembros de gobiernos extranjeros, prensa nacional e internacional, entre otros, son conocidos excepto para… el gobierno federal mexicano. El 13 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de esta organización internacional dio a conocer en un informe que en gran parte del territorio mexicano existe un contexto de desapariciones generalizadas y que muchas podrían incluso ser desapariciones forzadas. Cabe aquí aclarar que la desaparición forzada es un delito tipificado en el Título décimo del Código Penal Federal, el cual se refiere a los delitos cometidos por servidores públicos. Dado que la desaparición forzada sólo la cometen agentes del Estado, es de esperar que el gobierno mexicano adopte una posición de autodefensa, ya que de otra forma, casos como el de Ayotzinapa implicarían que efectivamente fue el Estado. De hecho, hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no ha acusado a ninguno de los detenidos por ese delito.

Incluso, uno de los hallazgos del Comité es que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no cuenta con elementos para poder presumir o distinguir si se trata de una posible desaparición forzada. Para el ciudadano común, conocer la magnitud de este fenómeno en los años recientes —desde la administración del presidente Peña— es imposible, al menos sin una petición formal de información (y es altamente probable que la información haya sido clasificada como reservada debido a que se refiere a procesos). El nivel de agregación que presentan las estadísticas de la PGR y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) llega sólo al nivel de cometidos por servidores públicos, pero dentro de esta gran categoría se incluyen otros delitos relacionados más con el fenómeno de la corrupción tales como el tráfico de influencias o la concusión. Si se revisan las estadísticas judiciales en materia penal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se encontrará que la información sólo está disponible hasta 2012, aunque con un grado de desagregación mayor que el de las dos fuentes anteriores. Llama la atención que sólo dos personas fueron sentenciadas por el delito de desaparición forzada de 2009 a 2012. Resulta claramente inverosímil que, ante el número de desapariciones de personas reportadas para esos años y los niveles de violencia alcanzados en el país, sólo dos casos de desaparición forzada se hayan presentado.

Baste recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 levantada por el Inegi, en el año 2013, la cifra negra —entendida como el porcentaje de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa— a nivel nacional fue del 93.8%. Asimismo, la falta de sentenciados quizá obedece más a la poca denuncia derivada del temor de enfrentar en un proceso penal a personas más poderosas y con más influencias y contactos, a la poca credibilidad en las instituciones de procuración y administración de justicia e incluso a la deliberada falta de acusación por este delito por parte de la PGR, como hasta ahora parece haber sucedido con el caso de Ayotzinapa. Acordémonos también que esta falta de credibilidad está bien fundamentada en la evidencia ya que, de acuerdo con Zepeda (14) “[…] la posibilidad de que una persona cometa un delito y sea puesta a disposición de un juez es de 3.3%[.]”

El segundo hecho es que el día de ayer el Relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, afirmó en su informe “[…] que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento” (SinEmbargo, 2015). Como en el caso anterior, traté de hacer el mismo ejercicio de buscar en los registros administrativos de la PGR, Sesnsp y el Inegi con base en la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal, el cual se refiere al delito de abuso de autoridad cometido por servidores públicos. Esa fracción señala como una de las definiciones de abuso de autoridad “[o]bligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la tortura[.]” Esta definición se encuentra también en la fracción XII del artículo 225 del mismo Código referente a los delitos contra la administración de justicia, cometidos igualmente por servidores públicos. Sin embargo, los resultados del ejercicio fueron incluso más infructuosos ya que, además de no encontrar la información desagregada en las bases de datos de la PGR y el Sesnsp, en el Inegi no aparece ninguna persona sentenciada o siquiera procesada por ese delito durante el periodo de 2009 a 2012. Es decir, resulta todavía más inverosímil que no se haya presentado ningún caso de extracción de una declaración por medio de tortura durante este periodo. Nuevamente, quizá las explicaciones más probables para la ausencia de procesados y sentenciados tengan que ver con el temor de anteponer denuncias, desconfianza en las instituciones y quizá hasta una deliberada inacción de la PGR para acusar a los perpetradores por este delito en particular.

Si bien es racional hasta cierto punto que el gobierno federal trate de negar la realidad ya sea mediante el canal diplomático o por medio de una política deliberada para reclasificar los delitos de tal manera que parezca que no fue el Estado, en esta coyuntura de pérdida de la poca credibilidad que los ciudadanos tenían en las instituciones como resultado de la violación de los derechos humanos por parte del Estado y los escándalos de corrupción, quizá es imprescindible, más que nunca, que el Estado, desde sus más altos niveles, comience por reconocer sus fallas y enmendar el camino mediante acciones en la dirección correcta. La transformación de la PGR en una Fiscalía independiente del Ejecutivo va en esa dirección. Sin embargo, otras acciones como el nombramiento de Arely Gómez y Eduardo Medina en las más altas instituciones de procuración y administración de justicia, respectivamente, apuntan hacia la dirección contraria, dada la poca o nula experiencia de los dos en ambos temas (paradójicamente, la experiencia de cada uno corresponde más al cargo que el otro obtuvo).

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Bibliografía:

SinEmbargo (2015) México en la ONU: el empeño de negar la realidad, 10 de marzo, disponible en: <http://www.sinembargo.mx/opinion/10-03-2015/32557&gt;

Zepeda, G. La investigación de los delitos y la subversión de los principios del sistema penal en México, México: CIDAC, disponible en: <http://www.congresoson.gob.mx/docs_biblio/docBiblio_39.pdf&gt;

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