La jaula de cobre

Los jornaleros y las jornaleras de este lado del río no solo ganan menos que en tierras estadounidenses, se debaten entre la explotación laboral, la falta de servicios para vivir dignamente y el abandono del gobierno desde hace décadas. Si la de allá es la jaula de oro, para los de acá es de cobre. Hay jaula pero no hay dinero. Son los más pobres de los pobres.

Ángela Guerrero Ángela Guerrero

Los jornaleros y las jornaleras de este lado del río no sólo ganan menos que en tierras estadounidenses, se debaten entre la explotación laboral, la falta de servicios básicos para vivir dignamente y el abandono del gobierno desde hace décadas. Si la de allá es la jaula de oro, para los de acá es de cobre. Hay jaula pero no hay dinero. Son los más pobres de los pobres.

El 17 de marzo de este año la situación en el Valle de San Quintín llegó a un límite cuando más de 40 mil jornaleros iniciaron un paro en demanda de mejores condiciones laborales. Al día siguiente, se registraron enfrentamientos entre trabajadores y policías de los tres niveles de gobierno de los que resultaron 200 personas detenidas al ser acusadas de ataques a las vías de comunicación.

Ángela

Foto: Desinformémonos

Sin embargo, esta situación no es privativa de Baja California. En estas condiciones sobreviven más de 3.5 millones de jornaleros en el país, quienes no sólo deben combatir las inhumanas condiciones laborales en las que se encuentran, sino que también se enfrentan a graves violaciones a derechos humanos y a la represión del gobierno por manifestarse.[1]

Dos casos ilustran la explotación que se vive en los campos mexicanos, el primero de ellos documentado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, se presentó en el 2007, cuando David, un niño de nueve años fue atropellado por un tractor mientras trabajaba en los campos de Sinaloa. A pesar de que el deceso ocurrió en horas de trabajo los dueños de la empresa agrícola se negaron a pagar la indemnización y al poco tiempo la familia tuvo que regresar a trabajar al mismo lugar donde su hijo murió.

El otro, es el de una bebé guerrerense de ocho meses de edad que murió en los campos de Guanajuato en 2013 a causa de desnutrición grave. Cuando la Procuraduría de Derechos Humanos del estado tomó el caso, documentó que la familia de la menor vivía junto con 29 personas más en una pequeña vivienda cercana a la zona de siembra.

En este sentido, una investigación realizada por la Dra. Teresa Rojas encontró que existe una violación sistemática a los derechos humanos de los trabajadores agrícolas. Entre los hallazgos del estudio destaca: la inexistencia de estabilidad laboral; la duración excesiva de las jornadas, que va más allá de lo legalmente establecido; la falta de un pago por tiempos extras de trabajo; una carencia de condiciones seguras para laborar; una indemnización por accidentes o enfermedades y el incumplimiento patronal en dotar a los trabajadores de una vivienda cómoda e higiénica durante su estancia.[2]

En toda esta indignante historia una de las peticiones que han hecho las jornaleras y los jornaleros de San Quintín es que un visitador de la ONU esté presente en las negociaciones con el gobierno federal, hecho que hasta ahora no se ha llevado a cabo.

Desde que la explotación de los jornaleros y las jornaleras agrícolas se empezó a documentar pocas son las veces que algún organismo internacional se ha pronunciado al respecto y cuando lo ha hecho, en la mayoría de los casos ha sido por el trabajo infantil, que aunque no es menos importante, se remite sólo a una parte del fenómeno de explotación que se vive a diario en la región y no a la situación generalizada de violación a los derechos humanos que se experimenta.

En los últimos años una de los formas en las que se ha logrado avanzar en materia de derechos humanos es utilizando la presión internacional para que el gobierno federal actúe en consecuencia. Bien valdría, que estos organismos además de incorporarse a las mesas de negociación como lo proponen los jornaleros de San Quintín, iniciaran una investigación rigurosa que ahondara sobre la situación de las jornaleras y los jornaleros en de todo el país que derivara en recomendaciones hacia las autoridades para mejorar la situación actual.

De no ser así los jornaleros seguirán enjaulados en su propia tierra, presos de su destino y víctimas de un gobierno que en definitiva no le importa las condiciones en que viven millones de jornaleros agrícolas.

Conoce más de La partitura del gran garrote

[1] Patricia Dávila, Denuncian violación de derechos contra 3.5 millones de jornaleros indígenas, Revista Proceso, México, 4 de julio de 2013.

[2] Rojas Teresa, Violación a los derechos y programas laborales para los jornaleros agrícolas migrantes, EDUCA, IPN, México, Enero 2014.

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