Obedézcase pero no se cumpla

Víctor Aramburu se une a la plétora de artículos que discuten acerca de la violación grave, sistemática y calculada de la ley por parte del partido Verde (y de la impunidad con que hasta ahora lo ha hecho).

Víctor Aramburu Víctor Aramburu

En realidad Cantinflas no inventó el cantinfleo. Si bien la frase del título bien pudo haber salido de un diálogo de alguno de sus personajes, especialmente cuando representaba a una figura de autoridad, ésta tiene un origen mucho más añejo en el derecho castellano medieval y que posteriormente fue ampliamente utilizado en la Nueva España. Esta frase se aplicaba frecuentemente cuando alguna ley emitida por el rey de España se contraponía con alguno de los fueros y privilegios de alguna corporación novohispana o iba en contra de algún uso o costumbre de este otro reino. De esta forma, se buscaba salvaguardar la autoridad del Rey, mediante la obediencia, y al mismo tiempo, no contravenir los poderosos intereses de uno o varios sectores de la sociedad novohispana. Así, la ley dictada por autoridad legítima se convertía en letra muerta.

Con el cambio al Estado liberal, la aplicación selectiva de la ley tampoco se modificó mucho. Si bien en el papel todos los ciudadanos eran ya iguales ante la ley, en los hechos persistían los fueros y privilegios a los adictos al nuevo régimen. Como epítome de esta situación está la frase “[a] los enemigos, justicia; a los amigos justicia y gracia… cuando quepa esta última” que se le atribuye al prócer del liberalismo mexicano, Benito Juárez. En los dichos populares existe una versión similar a las dos anteriores: “[h]ágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre” y como ya sabemos, “entre broma y broma, la verdad se asoma”.

La impunidad, especialmente cuando se trata de figuras poderosas, es el pan nuestro de cada día en prácticamente todos los ámbitos de la aplicación de la ley en México. En entradas anteriores, he comentado cómo ésta impera en el combate a la corrupción y en otros delitos cometidos por servidores públicos, tales como la tortura o la desaparición forzada de personas. De nada sirve caer en el populismo penal de derecha —tan recurrido por el pseudopartido Verde en su campaña a favor de la pena de muerte— que apela a la imposición de penas estratosféricas como mecanismo disuasivo, o quizá incluso de venganza, si la probabilidad de que alguien sea detectado, detenido y sancionado por la comisión de una falta es muy baja o incluso inexistente.

Un delincuente que es racional, como también he mencionado en otra entrada, hará un cálculo de los costos y beneficios que le trae el violar la ley. El modelo básico para explicar la decisión del delincuente racional se basa en el concepto de utilidad esperada, cuya expresión más simple es:

E(U) = PU(Y-f) + (1-P) U(Y)

donde

  • P representa la probabilidad subjetiva (que no siempre es igual a la objetiva) de ser detenido y condenado.
  • Y representa las ganancias monetarias y no monetarias (incluyendo hasta la emoción o satisfacción monetizadas por cometer el crimen).
  • f es el costo del castigo convertido a unidades monetarias (costo del juicio, costo de estar en prisión traído a valor presente, costo de oportunidad por salarios no percibidos, costo del estigma social, entre otros).

Traigo esto a colación porque parece ser que en el pseudopartido Verde tienen esto muy claro, tanto para proponer leyes que nazcan muertas como para violar otras —y por eso seguimos padeciendo el abuso de los vacíos de ley— quizá dejados deliberadamente para su abuso posterior, como bien lo hace el Verde —o de plano su violación sistemática por diferentes medios: propaganda política disfrazada de informes de actividades de sus legisladores, cineminutos, envío de tarjetas de descuento y boletos para el cine a no simpatizantes durante el periodo de precampaña y veda electoral, pendones colgados en el mobiliario urbano público en periodo de precampaña, llamadas telefónicas y envío de mensajes a números celulares, entre muchos más—.

Como buenos delincuentes racionales, los líderes y candidatos de ese partido violan la ley porque hasta ahora, los costos que han enfrentado —que de acuerdo con Alberto Serdán ascienden a cerca de 200 millones de pesos hasta el 20 de abril— son menores a los beneficios que les ha traído violar la ley. Según la más reciente encuesta de preferencia electorales publicada por El Financiero, la preferencia electoral por este pseudopartido llegó a incrementarse en casi ocho puntos porcentuales de febrero de 2014 al mismo mes de 2015 (afortunadamente, esta encuesta revela que la preferencia por este pseudopartido cayó en tres puntos porcentuales de febrero a abril de este año). Más votantes le implicarían mayor poder de negociación con sus partidos aliados y el gobierno federal (así como con los gobiernos locales en donde logre convertirse en el fiel que incline la balanza en decisiones relevantes) y más recursos —provenientes de nuestros impuestos— con los cuales podrían darse el lujo de seguir violando la ley, a sabiendas de que la pena máxima —la cancelación de su registro— tiene una probabilidad extremadamente baja, si no es que nula, de que les sea aplicada. Tanta certeza de los beneficios de violar la ley tienen los líderes y candidatos del pseudopartido Verde y de que seguirán con vida que hasta han caído en el cinismo de solicitar una línea de crédito por un monto cercano a las tres cuartas partes de las multas que se les han impuesto hasta ahora.

La Ley General de Partidos Políticos, en su inciso e) del artículo 94 le otorga la facultad al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de condenar a pena de muerte —por hacer la analogía con el populismo penal del pseudopartido en cuestión— a los partidos políticos que “[…] de manera grave y sistemática […]” incumplan con las obligaciones que se les señalan en la normatividad electoral. Sin embargo, su presidente, el Dr. Lorenzo Córdova[1], parece que ya optó por obedecer, pero no cumplir con el mandato que le da la ley para sancionar las violaciones graves y sistemáticas cometidas por este pseudopartido al haber afirmado que “[…] no se guiará por la ‘estridencia de la tribuna’ para decidir si retira el registro al Verde[.]” Cabría cuestionar en este caso si la sanción nació como letra muerta, en cuyo caso la no aplicación se convierte en un incentivo perversísimo para que los demás partidos violen la ley, o el Consejo del INE, junto con su presidente, aplicarán posteriormente de manera selectiva a sus enemigos todo el peso de la ley. Luego no nos sorprendamos que la gente mande al diablo las instituciones y que sólo el 21% de los encuestados por Mitofsky (2015) haya dicho tener mucha confianza en el INE.

 Conoce más de Marxista guadalupano, tecnócrata liberal

Referencias:

El Financiero (2015) “Preferencia electoral para diputado federal” disponible en: <http://www.elfinanciero.com.mx/pages/asi-la-preferencia-nacional.html&gt;

Consulta Mitofsky (2015) Gran encuesta electoral: las preferencias al iniciar las campañas federales (abril/15), disponible en: <http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/elecciones-mexico/item/309-gran-encuesta-electoral-punto-de-arranque-rumbo-al-7-de-junio-2015&gt;

Herrera, C. (2015) “Descarta el instituto retirar registro al PVEM; ciudadanos, los que dan y quitan: Córdova”, La Jornada, 10 de abril, disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2015/04/10/politica/013n1pol&gt;

Ley general de partidos políticos, disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_100914.pdf&gt;

Serdán, A. (2015) “¿Quitar el registro al partido Verde?”, Horizontal, disponible en: <http://horizontal.mx/quitar-el-registro-al-partido-verde/&gt;

[1] Cabe destacar que los expresidentes del anterior IFE, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, también son partidarios de no quitar el registro al pseudopartido Verde.

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