Los usos y abusos del término independencia

Víctor Aramburu presenta algunas delimitaciones del término independencia, tanto de los órganos electorales, como de los supuestos candidatos independientes.

Víctor Aramburu Víctor Aramburu

La independencia no es absoluta, sino que siempre es respecto a algo o alguien y tiene distintos grados. México se independizó política y económicamente de España, pero no culturalmente. Uno puede volverse financieramente independiente de los padres, pero conserva otro tipo de relación en el tiempo (que muchas veces sigue siendo de autoridad, aunque en un grado menor).

Visto de esta forma, ahora en México contamos con diversas figuras jurídicas y políticas en materia electoral a las que se les ha dado el carácter de independientes. Quizá la más celebrada en su momento fue la del otrora Instituto Federal Electoral. En este caso, la independencia se le otorgó respecto al Poder ejecutivo ya que, hasta la reforma electoral de 1996, la Secretaría de Gobernación presidía su Consejo general. También se le otorgó cierta independencia relativa a los partidos políticos debido a que, si bien estos formaban parte del Consejo, sólo tenían derecho a voz, pero no a voto, como hasta la actualidad. Sin embargo, los partidos políticos siguen teniendo influencia indirecta sobre la conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por medio de la Cámara de Diputados, pues esta institución es la encargada de elegir por mayoría calificada (dos terceras partes de los miembros presentes) tanto al Consejero Presidente como a los otros diez consejeros.

Con el propósito de otorgarle un poco más de independencia al Consejo General del INE en relación con el Poder legislativo, en esta reforma se determinó que los consejeros fueran electos de manera escalonada, de tal forma que distintas legislaturas, con posibles diferentes composiciones de partidos políticos, se encargarían de elegir a nuevos consejeros en sustitución de los salientes. Un mecanismo similar se ideó para los magistrados electorales, sólo que, en este caso, son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y electos por la Cámara de Senadores. De esta forma, no es posible afirmar que existe independencia total de los órganos electorales y esto no necesariamente es malo, porque, en algunos estudios comparativos de las instituciones, se ha encontrado que la total independencia puede desembocar en la falta de rendición de cuentas y a la ineficacia. Sin embargo, el riesgo de este tipo de mecanismos de elección es la llamada partidización, en donde los partidos políticos se reparten a los consejeros o magistrados por elegir según el poder relativo que tengan en las Cámaras. Así, existe la posibilidad de encontrar consejeros o magistrados más afines a determinado partido o partidos, sobre todo a aquel o aquéllos que tengan mayoría o formen parte de una coalición que los haya elegido. Para incrementar aún más el grado de independencia de los consejeros y magistrados se les otorgó un periodo de permanencia en el cargo mayor al de las legislaturas.

Quizá en las últimas semanas hemos comenzado a ver el grado real de independencia que tienen tanto el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sus resoluciones a casos específicos. El pseudopartido Verde, miembro de la coalición gobernante en el Poder Ejecutivo y de la mayoritaria en las Cámaras de diputados y senadores, continúa violando de manera descarada la ley y acumulando multas —que ascienden esta semana a 329 millones de pesos, según el consejero electoral Ciro Murayama— que serán pagadas con recursos públicos. A este partido no se le quiere aplicar la pena máxima que prevé la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que consiste en la cancelación de su registro, a pesar de sus reiteradas e incrementales violaciones a esta misma ley. En otro caso, el TEPJF siguió un criterio que privilegió el derecho a ser votado por encima de un requisito administrativo cuando se impugnó la candidatura de Xóchitl Gálvez para jefa delegacional de Miguel Hidalgo. Hasta este punto, podría argumentarse que tanto el INE y el TEPJF han actuado con extrema cautela y con base en un criterio que busca maximizar el respeto a los derechos de los ciudadanos a votar y ser votados. Sin embargo, la hipótesis de este actuar conservador, pero congruente, se desmorona cuando el TEPJF determinó, también en fechas recientes, revocar la candidatura de Marcelo Ebrard —y conste que no trato de hacer una apología del personaje, cuya actuación en el tema de la Línea 12 es, por lo menos, dudosa— para una diputación federal por la vía plurinominal aduciendo una violación a la LGIPE. En este sentido, no se está privilegiando el derecho a ser votado, sino una legislación de orden inferior. Quizá una hipótesis con mayor explicativo que la anterior tiene que ver con que los consejeros electorales no son del todo independientes, al menos de los partidos con poder real. Nuevamente, parece que el criterio que aplican ambas instituciones electorales es el de Benito Juárez: “[a] los enemigos, justicia; a los amigos justicia y gracia… cuando quepa esta última”.

En el extremo de la confusión acerca del término independencia se encuentra el abuso alevoso al que recurren algunos candidatos del pseudopartido Verde como Laura Ballesteros y Xiuh Tenorio, candidatos a jefes delegacionales de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, respectivamente, al autodenominarse independientes pero ir no sólo por una partido, sino por una coalición de partidos —PRI y Verde— que lleva más de una década vigente. Cabe recordar que las candidaturas independientes fueron creadas como parte de una exigencia de los ciudadanos que efectivamente no se sentían identificados ni representados por alguno de los partidos políticos, pero que deseaban hacer valer su derecho a votar y ser votados. En este caso, la independencia de las candidaturas es respecto a los partidos políticos. Por tal motivo, resulta, por lo menos incongruente, si no es que de plano un insulto a la inteligencia de los electores, que estos candidatos se denominen independientes cuando utilizan, al menos, los recursos de estos partidos políticos —lo cual los convierte en cómplices de la violación sistemática a la ley que lleva a cabo el pseudopartido Verde—. Estos políticos autodenominados independientes justifican, en el colmo de la incoherencia, su postulación por medio de los partidos políticos en la inequidad en términos de recursos y fiscalización que enfrentan los verdaderos candidatos independientes en comparación con los candidatos que postulan los partidos políticos. Este argumento resulta tan incongruente como haber visto a Nelson Mandela aliarse con los miembros del otrora gobernante y racista Partido Nacional de la Sudáfrica del Apartheid argumentando defender una agenda en favor de los derechos de la mayoría negra. En el fondo, estos candidatos desean mantener un supuesto halo de independencia debido a que están plenamente conscientes del tufo de corrupción que rodea al pseudopartido Verde y a sus inefables líderes —las chamaquedas y posible trata de personas del Nini Verde o los fajos de billetes de muy dudosa procedencia con los que alguna vez detuvieron a Arturo Escobar en un aeropuerto—. En este aspecto, Tenorio ya tiene experiencia, pues anteriormente fue fundador de Nueva Alianza junto con Elba Esther Gordillo y su camarilla, por no decir, familia y cómplices. Nadie está exento de cometer errores de juventud y expiarlos después, pero sólo que se tengan serios problemas cognitivos —en cuyo caso es cuestionable elegir a un gobernante así— sería creíble que se pueda tropezar dos veces con la misma piedra.

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