Generación de “energías verdes” sin derecho a la consulta. El caso de Juchitán, Oaxaca

La instalación de parques eólicos está generando diversos conflictos socioambientales, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, donde existe 21 de estos parques. Las comunidades indígenas zapotecas de esta región se enfrentan a una situación adversa ante la llegada de las empresas eólicas, pues dicha llegada ha representado un aumento en las violaciones a los derechos humanos, agresiones hacia los defensores y defensoras comunitarios y desplazamiento de sus territorios.

Jose Luis García José Luis García

Por José Luis García Hernández.

La producción de “energías verdes” en un mundo que gira en torno a los hidrocarburos y los minerales metálicos y no metálicos, debería de ser una propuesta aplaudida por amplios sectores de la sociedad. Dado es el caso de la instalación de aerogeneradores para la producción de energía eólica.

Aun así, no se trata del simple establecimiento de estos parques eólicos. Es necesario realizar una serie de estudios de impacto ambiental y social para observar lo que generaría dicha implementación.

Estos estudios deberían considerar, por ejemplo, ¿quiénes están llevando a cabo estos proyectos? ¿Quiénes son los beneficiados de la producción de esta energía? ¿Cuál y cómo es la participación de la población en las comunidades donde se lleva a cabo la instalación de estos proyectos? Si existen grupos afectados por su instalación, ¿cuáles son las soluciones no sólo técnicas, sino socioeconómicas y ambientales para reparar dichos problemas?

Según la Asociación Mexicana de la Energía Eólica (AMDEE)[1], en México se han instalado 31 parques eólicos, 21 se encuentran en la región del Istmo de Tehuantepec: 20 en Oaxaca y uno en Chiapas. En Juchitán, Oaxaca, donde hay 12 parques, se han generado diferentes conflictos socioambientales. Aquí las comunidades indígenas zapotecas se ven afectadas por los proyectos de las empresas eólicas que desde el 2005 vienen expandiéndose.

El caso de Álvaro Obregón, una agencia municipal de Juchitán, es significativo. Aquí los comunitarios llevan resistiendo dos años contra estas empresas eólicas. Los indígenas se enfrentaron un 2 de febrero con unos 400 elementos de la policía estatal y lograron montar barricadas en el ejido Charis para impedir la instalación de más de 120 aerogeneradores del parque eólico Santa Teresa, propiedad de la empresa Mareña Renovables.

Actualmente, la empresa Energías Eólicas del Sur, antes Mareña Renovables, anunció que llevaría a cabo la construcción de un parque eólico con 132 aerogeneradores en una extensión de 5 mil 332 hectáreas, siendo a partir de este proyecto la región del Istmo la generadora del 90 por ciento del total de esta energía en el país. Según información de la empresa, se pagaría a los ejidatarios aproximadamente 8 centavos el metro cuadrado por la renta de sus tierras.

Este proyecto ha generado diversos conflictos. Ha dividido a los pobladores de la región: los beneficiados que exigen que se inicie ya la edificación y los afectados por el desplazamiento de sus territorios, particularmente los integrantes de la comunidad indígena zapoteca, quienes han presentado una demanda de amparo por las graves violaciones a sus derechos humanos en el consulta llevada a cabo por la misma empresa ante la construcción de un parque.

Este proceso de consulta inició en noviembre de 2014, siendo la primera ocasión en que el Estado mexicano realiza una consulta a una comunidad indígena sobre el “posible” desarrollo e implementación de un proyecto de generación de energía. Ante esto, se decidió formar una Misión de Observación conformada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Código DH).

Desde que inició este proceso, la Misión de Observación (MO) en conjunto con la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) han denunciado, mediante un boletín de prensa[2], que en las sesiones de consulta no han sido respetados los principios rectores de este derecho, el cual debe ser libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuado, según los principios del derecho internacional.

El mes pasado la Misión de Observación presentó ya su Tercer Reporte[3] sobre el proceso de Consulta Indígena en Juchitán, donde se enfatiza, nuevamente, que la situación en esta región no es nada alentadora pues no se está garantizando el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad consultada.

Actualmente, el proceso se encuentra en un momento determinante. Entre el cierre de la Fase Informativa y el comienzo de la Fase Deliberativa. Sin embargo, desde noviembre de 2014 hasta el 20 de abril de 2015, periodo en el que se concentran las sesiones de la Fase Informativa, la MO documentó 32 incidentes de seguridad de diversa índole dirigidos hacia defensores de derechos humanos comunitarios pertenecientes a la APPJ y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).

Es claro que estas condiciones, a decir, de la MO no generan espacios de confianza, seguridad y libertad para participar debidamente en la consulta, lo cual pone en tela de juicio la legalidad y legitimidad de dicho proceso.

De igual forma, se tienen documentadas 60 preguntas que no han sido respondidas, hacen falta abordar 12 temas de las sesiones de información por parte del Comité Técnico de la empresa. No se ha generado un debate argumentado y un diálogo respetuoso entre la comunidad y los responsables de la implementación del parque eólico. Por el contrario, se ha tratado de sustituir dichas sesiones mediante la entrega de documentos, que aunque están traducidos a la lengua zapoteca, no se toma en cuenta que gran parte de las y los indígenas  de la comunidad no saben leer.

Al finalizar el mes de abril de este año, el presidente municipal de Juchitán cerró formalmente la Fase Informativa y dio inicio a la Fase Deliberativa, acelerando un proceso de Consulta con demasiados errores, falta de información y situaciones de violencia que imposibilita a la comunidad zapoteca a tomar una decisión informada y libre.

Existen demasiados vicios, faltas e injusticias en esta consulta indígena. No se asegura la presencia de un traductor en las sesiones, no se consideran los tiempos, ritmos y actividades de la propia comunidad, como lo ha demostrado la MO.

Es necesario entender que este derecho a la consulta se sustenta en otros derechos fundamentales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Debe situarse en contexto específico y no sólo entenderlo como un simple procedimiento a cumplir para instalar un proyecto de generación de energía.

Ante esta situación es indispensable cuestionarnos: ¿Qué vale más, la generación de estos parques eólicos o el respeto de los territorios de comunidades, sean o no indígenas?

Es necesario tomar partido, denunciar y hacer visibles estos conflictos. No se trata sólo de la generación de proyectos de “energía verde”. Dichos proyectos deben ser respetuosos de los territorios de comunidades campesino-indígenas y de la naturaleza. Parece que la creación de éstos sólo obedece a la reproducción de más riquezas para grupos particulares, y no una alternativa para el desarrollo de energías renovables amigables y en sintonía con la naturaleza.

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[1] Para mayor información se puede consultar http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico.

[2] APPJ, ProDESC, Código DH y PODER, “Boletín: Comunidad zapoteca presenta amparo por violación al derecho a la consulta en proceso ‘modelo’ implementado a partir de la reforma energética”, 27 de abril de 2015. Disponible en: http://www.prodesc.org.mx/?p=3082.

[3] ProDESC, PODER y Código DH, Tercer Reporte de la Misión de Observación sobre el proceso de Consulta Indígena para la implementación de un proyecto eólico en Juchitán, Oaxaca, junio de 2015. Disponible en: http://www.prodesc.org.mx/wp-content/uploads/2015/06/Tercer-reporte-de-la-Misi%C3%B3n-de-Observaci%C3%B3n-de-la-consulta-ind%C3%ADgena-en-Juchitan.pdf.

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1 Comentario en Generación de “energías verdes” sin derecho a la consulta. El caso de Juchitán, Oaxaca

  1. Solamente para actualizar. PODER ya emitió el cuarto informe de la Misión de Observación de la Consulta en Juchitán. Aquí el enlace: http://projectpoder.org/wp-content/uploads/2015/07/CUARTO-REPORTE-DE-LA-MISI%C3%93N-DE-OBSERVACI%C3%93N-DE-LA-CONSULTA-A-COMUNIDADES-IND%C3%8DGENAS-DE-JUCHIT%C3%81N-6-JULIO-2015.pdf

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