La Constitución antidemocrática

La reforma política del Distrito Federal quedó una vez más varada. Santiago Álvarez analiza las grandes contrariedades a la democracia que se pretendían imponer en la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Santiago Álvarez Santiago Álvarez

Por Santiago Álvarez Campero.

Muy afortunado fue que la Cámara de Diputados detuviera la reforma política constitucional del Distrito Federal (aquí la iniciativa de ley, que consiste básicamente en modificar el artículo 122 constitucional). La veloz actuación del Senado, en cambio, nos dice mucho sobre la idea y la práctica de democracia que tienen los actores políticos institucionales.  Aunque la reforma ya no sea urgente pese a que pretendió serlo, tenemos que revisar, en términos democráticos, el proceso político que siguió y el tipo de acuerdo que fueron capaces de plantear las élites políticas. El proyecto de Constitución para la Ciudad de México fue el triste y fiel reflejo del carácter oligárquico, partidocrático, de la democracia mexicana. En vez del verdadero festín democrático que establecer una Constitución puede ser, con vigorosa deliberación ciudadana y amplia discusión pública, se pretendía que Miguel Ángel Mancera tuviera la facultad exclusiva de presentar el proyecto de constitución para ser discutida y aprobada por una Asamblea Constituyente con representatividad política coartada, esto es, un parlamento fundador parcialmente impuesto directamente por los poderes establecidos.

Vale la pena subrayar que establecer una constitución es un evento político mayúsculo: se trataría de la ley suprema de la Ciudad de México (por debajo de la Constitución), en la que se fijarían los derechos y deberes ciudadanos, la organización política del aparato administrativo y los poderes públicos, los procedimientos judiciales, legislativos, electorales…  Para decirlo rápido, una Constitución es el referente más concreto del “contrato social” del que tantos filósofos políticos han escrito. En el caso de la capital mexicana, se prepara una Constitución hija de un proceso que niega intrínsecamente la democracia.

El proyecto se pactó cupularmente entre el PRI-Presidente y el PRD, encabezado por Mancera y respaldado por los Chuchos, que son los dueños del partido. El jefe de gobierno venía insistiendo desde hace mucho tiempo en la reforma política del Distrito Federal, pero poco caso le hacían. En estas arduas e infructuosas negociaciones, se fue tejiendo un entendimiento común entre Peña y Mancera: recursos para el GDF (fondo de capitalidad) a cambio de mantener un estricto orden público en la ciudad –no dejaré de insistir en la violencia con la que se han reprimido marchas en nuestra ciudad, con decenas de detenciones arbitrarias: nuestra izquierda del tolete–. Ya avanzada la negociación, mientras que el Presidente quería asegurar que su partido mantuviera la mayoría en el proceso, el PRD quería sacar la Constitución a como diera lugar. Y un partido que toma toda “oportunidad” que se le presenta (Fernando Belaunzarán dixit), nos habla de un partido con poca capacidad de negociación, subordinado siempre a los términos que se le dicten. En suma, la Constitución parece ser el resultado de una complicada negociación entre poderes ejecutivos, donde el Federal decide premiar la cooperación del Local. Muy revelador resulta que se prefirió conceder a Mancera su Constitución antes que subir el salario mínimo como él y su grupo de expertos proponían en un excelente documento.

Una vez logrado el acuerdo, los senadores aprobaron apuradamente el proyecto. “La reforma, sin embargo, nació en medio de un inédito proceso de aprobación, pues por primera ocasión senadores de las cinco fuerzas políticas representadas en el Senado hablaron en contra de ella por considerarla insuficiente, una simulación, un Frankestein, incluso un “bodrio”, pero todos confesaron en tribuna que iban a aprobarla, porque así fue el acuerdo político asumido por los coordinadores parlamentarios” (Excélsior, 29 de abril). Tenemos aquí, señoras y señores, la democracia mexicana: cúpulas partidistas tomando decisiones que los representantes populares se limitan a ejecutar. Un Senado que no es contrapeso federalista, sino oficina de trámite: la pusilanimidad de los poderosos.

Ahora bien, vayamos a la aberración principal del proyecto constitucional: la composición política de la Asamblea Constituyente. En los artículos transitorios del proyecto de ley se dicta que sesenta de los cien asambleítas serán elegidos por representación proporcional –sistema electoral adecuado, dado que recoge de manera más amplia las preferencias políticas del electorado–. Los cuarenta constituyentes restantes, una proporción nada despreciable, será designado (¡!) por los partidos políticos (“el Congreso”) y por los poderes ejecutivos. Esto niega varios pilares básicos de la democracia, pero vamos por partes.  Primero, obstaculiza la soberanía popular. We the people, todos nosotros, somos los que decidimos darnos las instituciones políticas, que se supone son nuestras. La institución mediante la que la soberanía popular se expresa políticamente es, por excelencia, el congreso, especialmente el constituyente. En nuestro caso, la soberanía popular estará privada de cuarenta por ciento de las posiciones parlamentarias que, no obstante, decidirán sobre nuestras instituciones.  Segundo, el sistema de cuotas pervierte la división de poderes del sistema federal mexicano, en tanto los poderes ejecutivos federal y local designarán a 12% de los legisladores (Juan Linz muere otra vez), mientras que los poderes federales integrarán, en conjunto, a 32% del congreso local (ésta es la “democracia indirecta” de Belaunzarán). Estas designaciones no son sino los partidos repartiéndose y dotándose poderes de veto –no se conseguiría una mayoría calificada sin su participación–; serán legisladores que no responderán sino a quien los impuso. Esto nos lleva, tercero, al desprecio descarado por el principio de representación política, que otra vez es contra la soberanía popular. Cuarenta por ciento de un congreso que no será representante de nadie sino de sus jefes; cuarenta por ciento que no necesitará ser votado para gozar un cargo público que decidirá sobre un documento con consecuencias materiales transcendentales. Parece que los partidos políticos están cansados de competir en elecciones, por lo que prefieren asegurarse de ante mano un buen porcentaje de las posiciones. El cinismo –y la tremenda fatiga– de la partidocracia.

Otro aspecto negativo menos sonado es que el Jefe de Gobierno tendría la facultad exclusiva de presentar el proyecto de constitución, la iniciativa de ley suprema. Atrás quedó la ilustre comisión redactora del Constituyente de 1856 o las acaloradas discusiones del Constituyente de 1917 para incluir las causas revolucionarias obreras (artículo 123) y campesinas (artículo 27 y la reforma agraria).  Espacio histórico de deliberación pública sobre las dimensiones, características y alcances del Estado y del proyecto de nación, la Constitución de la Ciudad de México no se redactará en conjunto, no se consultará con nadie, no tendrá participación ciudadana, sino que  provendrá de la oficina de Miguel Ángel Mancera y será votada por un Constituyente a modo. ¿Qué quiere imprimir –institucionalizar–  en la Constitución el jefe de gobierno? ¿Atribuirse facultades especiales para garantizar “la paz pública”, disolver protestas e investigar a los sospechosos? ¿Consolidar la centralidad política y presupuestal de la policía? ¿Mantener el sistema electoral que genera sistemáticamente sobrerrepresentación de la primera fuerza política, que es su partido? Crear la #CDMX, para la cual la Constitución es el paso culminante, se ha vuelto el proyecto personal de Miguel Ángel Mancera, quien no es un demócrata ejemplar, sino un policía venido a Jefe de Gobierno, un político oportunista.

Esta constitución antidemocrática es producto de la circunstancia política del país, que es contradictoria y difusa. Por una parte, este proyecto, al igual que el nombramiento de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte, va en contra del espíritu de los tiempos, como dijera Soledad Loaeza. Aunque quizá son nuevos tiempos de centralización política, de reafirmación autoritaria, partidista, cupular, en este proceso sinuoso e inacabado que es la democratización política. Y es que la democracia, además de un régimen de derechos, son formas de hacer las cosas, procedimientos institucionales legítimos para representar, canalizar preferencias políticas y crear instituciones que aplicarán a todos por igual. No es cualquier cosa este palpable desprecio por el ritual democrático básico. Ya no hay civismo.

Por otra parte, del otro lado de la moneda circunstancial, la ciudadanía atenta y molesta que vemos y somos, que marcha y no se calla, es el legado más exitoso de la democracia mexicana. Tenemos que ser tomados en cuenta. Pienso que el próximo ingreso de Morena y otros partidos a la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, puede apuntar a la fragmentación del sistema de partidos y dar pie a nuevos esquemas de alianzas. Esto podría suponer una oportunidad para los defeños y una dificultad para Mancera y el PRD de imponer su Constitución de la Ciudad de México. Quizá por esto mismo estaban tan apurados por lograrla. Me llama la atención que en los transitorios se establece que los órganos de gobierno en funciones se ajustarán al nuevo orden constitucional. ¿Por qué no proponer que la eventual Constitución de la Ciudad de México aplique de 2018 en adelante, al igual que la elección de alcaldías?  Si vamos a darnos una Constitución, ojalá fuera la de todos los capitalinos, la creada y discutida por 100% de representantes populares electos en elecciones libres donde todos los ciudadanos tengamos derecho a votar y ser votados como candidatos independientes, ratificada después en referéndum, como si nos tomáramos la democracia en serio.

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