De los daños colaterales a los abatidos: dos gobiernos en guerra

Este país sufre por las obsesiones de sus gobernantes. En los últimos años México se ha visto severamente afectado por las estrategias que han seguido para pasar a la historia como quienes lograron aquello que el día de hoy parece imposible: reducir la violencia y la inseguridad. Sin embargo, hoy no sólo nos debatimos entre las obsesiones y los errores del gobierno en turno, sino que estamos frente a un patrón de actuación de las autoridades en el cual la retórica belicista es la política del gobierno.

Ángela Guerrero Ángela Guerrero

Por Ángela Guerrero.

Este país sufre por las obsesiones de sus gobernantes. En los últimos años México se ha visto severamente afectado por las estrategias que han seguido para pasar a la historia como quienes lograron aquello que el día de hoy parece imposible: reducir la violencia y la inseguridad.

Tal es el caso de Felipe Calderón, un presidente que hacía todo lo que estuviera a su alcance por ser reconocido como aquél que ganó la guerra contra el narcotráfico, sin embargo, lo que logró fue trascender por el abrumante incremento de asesinatos y desapariciones en su gobierno. O bien, Enrique Peña Nieto, quien ha intentado ser aplaudido por su capacidad para lograr acuerdos con la oposición, por gobernar mediante “reformas” legislativas y de esa manera conseguir que el país avance, pero hasta hoy uno de sus principales legados ha sido la imparable violencia que se genera y perpetra desde el Estado, aunado a los infinitos errores de fondo y forma que su gobierno ha cometido en estos casi tres años de gestión.

En este sentido, existen dos informes que dan cuenta de los usos y abusos del poder por parte del Estado Mexicano en los últimos años. El primero de ellos fue el realizado por Human Rights Watch (HRW) en noviembre de 2011. En él se difundió que durante el gobierno de Felipe Calderón se presentaron múltiples casos en los que las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones contra civiles y como, en la mayoría de éstos, se intentó encubrir tales delitos.

Desde entonces, el informe sugería un patrón en la actuación de las autoridades: la aplicación sistemática de torturas para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas, la manipulación de las escena del crimen cuando se presentaba una ejecución y la simulación por parte de las autoridades para hacer ver les ejecuciones extrajudiciales como asesinatos perpetrados por cárteles del narcotráfico rivales.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de dos estudiantes en Nuevo León el 19 de marzo de 2010. Ese día fueron asesinados cuando salían de una Universidad en Monterrey. Aunque las primeras versiones señalaron que eran “sicarios” y habían muerto tras agredir con armas a un grupo de soldados, posteriormente el Ejército modificó su versión y afirmó que habían perdido la vida durante un enfrenamiento entre hombres armados y soldados.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al realizar su investigación, concluyó que el Ejército colocó armas en los cuerpos de las víctimas para incriminarlas, impidió que agentes del Ministerio Público tuvieran acceso a la escena del crimen durante varias horas y se encontró que ambas víctimas habían sufrido abuso físico antes de morir.

Con el cambio de gobierno en 2012 se abrió la posibilidad de que las estrategias de seguridad cambiaran de rumbo y que los errores y las graves violaciones de derechos humanos pudieran, al menos, ser una enseñanza de lo que no debe hacer un gobierno al combatir a organizaciones delincuenciales. Sin embargo, lejos de ser un aprendizaje, el patrón hallado por HRW continúa presentándose, incluso con mayor frecuencia y más violencia que el anterior.

Así, el informe sobre el caso Tlatalaya, recientemente publicado por Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez muestra por primera vez la existencia de órdenes expresas de las autoridades del ejército las cuales se traducen en incentivos para la violación de derechos humanos. En dicho documento se puede observar que las órdenes dadas a los militares se sitúan en el espectro de una guerra civil o bien, de un conflicto armado interno en el cual existen suspensiones de garantías. Lo cual es incompatible con el supuesto Estado constitucional y democrático en el que hoy vivimos.

Ahora bien, si el gobierno anterior fue señalado por un posible patrón en el cual las autoridades intervenían en las desapariciones forzadas y en las ejecuciones extrajudiciales, en este ya no cabe la menor duda de que esta es la manera de actuar de las autoridades castrenses. Las violaciones de derechos humanos son  parte fundamental de la estrategia para enfrentar la inseguridad y la violencia en el país.

Es decir, hoy no sólo nos debatimos entre las obsesiones y los sistemáticos errores del gobierno en turno, sino que estamos frente a un patrón de actuación de las autoridades en el cual la retórica belicista es la política del gobierno. En la medida en que no se exija justicia, verdad y reparación del daño a las autoridades y éstas no tomen el caso con la mayor seriedad que requiere, nuevamente tendremos un caso más en la lista de la impunidad con la que el gobierno opera cuando se trata de enjuiciar a sus funcionarios.

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