Operativo contra vagoneros: neoliberalismo y derecho al trabajo

El operativo contra vagoneros en el metro se basa en remover a trabajadores de su lugar de trabajo. La economía informal tiene como trasfondo la falta de empleos formales y como atractivo los bajos precios que ofrecen a consumidores. El énfasis contra “bocineros” forma parte de la guerra neoliberal contra la piratería.

Santiago Álvarez Santiago Álvarez

Por Santiago Álvarez Campero.

Hace algunos días, el Sistema de Transporte Colectivo Metro inició un operativo de “cero tolerancia” contra el comercio informal en el metro: “vagoneros” y especialmente “bocineros”. En el operativo, realizado en 12 estaciones, participaron mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, 500 de la Bancaria e Industrial y 150 vigilantes de seguridad institucional del mismo metro. En la semana, al menos 529 personas fueron detenidas y remitidas al juzgado cívico –donde la sanción es una multa de 600 pesos en promedio o 36 horas de arresto–, al tiempo que 470 personas fueron desalojadas. El operativo no sucedió sin asperezas, en tanto hubo enfrentamientos con la policía, además de que se revisaban las pertenencias de los usuarios al momento de ingreso. El Metro celebra que, con los días, el número de detenidos se redujo considerablemente; señal –según ellos– de la efectividad del operativo, de que están reduciendo el número de comerciantes ambulantes; señal –según yo– que los vagoneros se cuidan más para no ser detenidos, probablemente cambiando de línea o resguardándose mientras dure el operativo.

El Metro sostiene que este operativo es “en respuesta a una de las principales quejas de los usuarios que se ven afectados por las molestias que genera el comercio informal” y al mismo tiempo exhorta a los usuarios a dejar de consumir los productos que venden. Es decir, son los usuarios los que se quejan de y compran a los vendedores ambulantes. ¿Por qué les compramos si son tan molestos? Sí, los bocineros y vagoneros pueden ser molestos por el alto volumen de mercancía, por abultar más el ya de por sí apretado vagón, por estorbar en los pasillos. Pero también ofrecen productos a muy bajos precios y que están disponibles cuando uno los desea.

Los “bocineros”, vendedores de “música apócrifa”, ofrecen productos que probablemente no se comprarían “legalmente” a precios más altos. El combate contra la piratería, amparado en la defensa de la propiedad intelectual, forma parte del neoliberalismo global; proviene de la estructura del comercio internacional donde empresas trasnacionales presionan por leyes que les favorezcan en la distribución de bienes culturales globalizados.[1]  Se trata de leyes que vienen de fuera y se aplican en contextos muy locales, con diversidad de actores, los cuales impactan en su significado y alcance.

“La palabra pirata se ha convertido en un fetiche en el México de hoy en día. Música, películas, programas de computación, ropa, baterías, medicinas, teléfonos celulares, taxis, pólizas de seguros, artículos religiosos o permisos del gobierno pueden ser piratas o se pueden piratear. Estos bienes y servicios representan un conflicto de legitimidad: su origen es ilegal. Sin embargo, amplios sectores sociales consumen piratería, sujetos de diferentes edades y segmentos socioeconómicos. Por lo tanto, la demanda, la oferta y el intercambio de piratería se pueden entender como un amplio fenómeno social y económico, que revela la ambigua relación que los ciudadanos, vendedores y el gobierno tienen con la validez y la aplicación de la ley. En principio, la piratería evidencia un conflicto de orden legal. Pero la legalidad es un complejo objeto en disputa en múltiples registros sociales y políticos en México, donde la coexistencia de lo legítimo (de facto) y lo ilegal (percibido como derecho natural, reclamado como ilegitimidad lícita) da prueba de un orden maleable originado, entre otros factores, por las imperfecciones de la autoridad política para mantener el estado de derecho”.[2]

Los vendedores ambulantes ejercen su derecho constitucional al trabajo. Se calcula que 60% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y produce 25% del PIB; mientras que el 40% de los que trabajan en el sector formal producen 75% del PIB.[3] Así, el sector informal no es la mejor opción laboral, no es muy productivo, pero es la actividad laboral que está disponible para ellos. El comercio informal es una forma de subempleo que responde a la falta de empleos formales en la economía mexicana, a la precarización laboral en que estamos sumergidos debido al neoliberalsimo. Sería bueno reducir el peso de la informalidad, pero no a través de una estrategia punitiva que restringa su espacio de actividad económica, sino una que abra nuevos lugares y oportunidades en el sector formal.

En suma, el operativo contra vagoneros puede reducir de manera provisional (el tiempo que se mantenga en marcha) la presencia de trabajadores ambulantes en el metro. El operativo podría pensarse como una forma de reforzar el “estado de derecho” neoliberal, a través de la expulsión de trabajadores de su lugar de trabajo. Antes de quitar espacios de venta, debería pensarse en cómo crear un desarrollo económico incluyente que haga del comercio informal una opción poco atractiva para compradores y vendedores.

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[1] José Carlos G. Aguiar, “Neoliberalismo, piratería y protección de los derechos de autor en México”, Renglones, número 62, 2010, disponible en: http://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/229/art_1_Neoliberalismo_Jose_Carlos_Aguiar.pdf?sequence=2

[2] Ibid., p. 2

[3] Enrique Cárdenas, “Contexto económico de la impermeabilidad social”, México Social, número 59, junio 2015, p. 16.

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