Entrevista a Guillaume Long, Ministro de Cultura de Ecuador. Primera parte.

El gobierno ecuatoriano actualmente experimenta muy fuertes críticas y protestas sociales. Guillaume Long, Ministro de Cultura del gobierno de Rafael Correa, nos explica en esta primera parte de la entrevista para Ala Izquierda, distintos aspectos de las medidas que se han tomado ante la situación actual de su país, en relación a las leyes sobre el impuesto a la herencia y al plusvalor.

Carlos Pozo Albán. / Cancillería Ecuador.

Por Alejandro De Coss[1] y Francisco Martínez Cruz[2]

Ciudad de México, 31 de julio de 2015. Ecuador es uno de los países cuyo gobierno, en los últimos años, se caracterizó por impulsar un modelo político, social pero sobre todo económico, que le permitió ocupar un papel protagónico en la integración latinoamericana al tiempo que su imagen hacia el exterior se modificó de manera positiva. De este modo, desde su llegada a la presidencia en 2007, Rafael Correa ha encabezado una serie de reformas que han contrastado con los precedentes gobiernos de derecha y que por su efectividad, le granjearon un amplio respaldo del pueblo, como por ejemplo una nueva política fiscal que ha permitido una mayor redistribución de la riqueza; el crecimiento de la infraestructura; medidas sociales que van desde el aumento del salario mínimo y avances en el seguro social hasta las inversiones en la salud y educación; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la constitución del Ecuador como un Estado plurinacional.

Sin embargo y como consecuencia de diversos factores tanto internacionales como nacionales, la gestión del gobierno ecuatoriano ha comenzado a experimentar muy fuertes críticas y protestas por parte de organizaciones no gubernamentales enfocadas en temas de derechos humanos y de amplios sectores populares cuyos bienes y derechos ven amenazados. En ese contexto, Guillaume Long, Ministro de Cultura del gobierno de Rafael Correa, nos explica en entrevista para Ala Izquierda, distintos aspectos de las medidas que se han tomado ante la situación actual de su país, en relación a las leyes sobre el impuesto a la herencia y al plusvalor, las manifestaciones sociales y los derechos humanos.

 

Alejandro De Coss.- Sabemos que recientemente el gobierno ecuatoriano ha estado impulsando un par de reformas fiscales, específicamente el impuesto al plusvalor y el impuesto a la herencia. Nosotros quisiéramos saber, en su opinión, ¿cuáles son los objetivos que persigue esta legislación en el contexto económico de Ecuador y cuáles son los retos que se han encontrado a raíz de su proposición?

Guillaume Long.- Veo que estamos empezando con el plato fuerte.

América Latina en general, y Ecuador dentro del contexto latinoamericano, son espacios de gran desigualdad, de gran inequidad. ¡Somos ya la clase media mundial! Pero, claro, en promedio, y los promedios esconden siempre los extremos. América Latina es el continente más desigual y yo considero que la mayor parte de los problemas estructurales graves vienen de esa desigualdad. Podríamos hablar desde problemas delincuenciales en el contexto urbano de las grandes periferias urbanas de AL, que significan las tasas de violencia más importantes a nivel mundial, fuera de contextos bélicos, hasta muchas otras cosas que afectan a nuestras sociedades, como falta de cohesión social, inestabilidad política, etc. Todos son frutos de alguna manera de la desigualdad. Creo que la gran volatilidad política que también hemos padecido, sobre todo en la región andina, tiene mucho que ver con la gran desigualdad que hemos padecido. Ecuador ocupa en este momento, de 160 países que tienen cifras que se pueden comparar a nivel mundial con la misma metodología —comparando Gini y comparando tasas de desigualdad—, el puesto 136.

Claro, hemos avanzado muchísimo. Cuando llegamos al gobierno en 2008, el Gini ecuatoriano estaba por 0.54, altísimo, si uno considera que un Gini tipo europeo está alrededor de 0.30, considerando que cuanto más uno se acerca a 0, más igualdad, mientras más se acerca a 1, más desigualdad; 1 corresponde a la desigualdad extrema. De la cifra que les comento, se ha bajado a 0.47. Si se mira el índice de hace 8 años y el decrecimiento del Gini a que hemos llegado, es de los récords mundiales. Ecuador es de los países que más agresivamente ha bajado la desigualdad en la historia de la humanidad, me atrevo a decir. Hay pocos ejemplos de una baja tan brusca, tan abrupta. Pero sigue siendo un Gini altísimo.

En este momento, tenemos otra manera que a veces es más pedagógica para ilustrar esto. Cuando llegamos al gobierno, el 10% más rico del Ecuador tenía 36 veces más riqueza que el 10% más pobre. Es decir, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 36 veces en cuanto a acumulación de riqueza. Hoy la diferencia es de 23 veces. Entonces, hay una reducción muy fuerte que nos llena de optimismo, que si seguimos con el mismo tipo de políticas, podemos reducir más todavía esa brecha que es vergonzosa, que esconde riquezas obscenas y pobrezas vergonzantes.

Los promedios en países post-bienestar social, como Japón, Francia o Alemania, son parecidos, la diferencia es 6 veces entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre. Estamos todavía muy lejos de llegar a números así, incluso en un contexto absolutamente capitalista. A veces la oposición de ultraderecha, la que padecemos los gobiernos progresistas de AL, un poco trata de desdibujarnos como unos cucos, un poco recurriendo a un lenguaje oriundo de la Guerra Fría, del postmacartismo, de los miedos, de la cubanización, ahora de la venezolanización. Pero incluso sin hablar de socialismo, solamente hablando de los estados de bienestar, que son muy capitalistas, vemos que estamos aún lejísimos de reducir esa brecha.

Perdón por la larga introducción, pero solamente así se pueden entender las políticas que estamos queriendo impulsar, incluyendo las dos propuestas de ley que mencionaste. Frente al diagnóstico de que todavía nos falta hacer más redistribución para poder reducir la pobreza aún más, la desigualdad por supuesto, el Ejecutivo presentó en la Asamblea Nacional dos propuestas de ley. Una que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la herencia. Nosotros ya tenemos un impuesto a la herencia, pero había un incremento para el quintil, incluso el decil, más rico de la de sociedad, y había una reducción para los deciles más pobres.

En realidad era una ley que incluía un nuevo impuesto progresivo y redistributivo, pero que además tenía —y creo que ahí está el tema de fondo— una serie de artículos que afectaban no solamente la tasa de imposición, sino, un aspecto gravísimo también en AL, que es el tema de los fideicomisos: el hecho de que tú puedas tener básicamente todos tus bienes en manos de fideicomisos que están en el exterior. Varias personalidades de la derecha tradicional en el Ecuador, incluyendo personajes políticos, no son ni siquiera dueños de su propia casa, porque la casa en la que viven está en manos de un fideicomiso, pero si, en el hipotético caso que falleciera una persona que tiene este tipo de fideicomiso, los herederos no heredan en Ecuador, no pagan impuestos ahí, porque muchas veces —hay que decirlo con nombre y apellido— eso suele pasar sobre todo con fideicomisos panameños, los accionistas del fideicomiso van y heredan en Panamá o en otros paraísos fiscales en donde no se paga impuesto alguno.

Yo creo que eso fue uno de los aspectos que incomodó, más que el incremento que fue bastante moderado del tema de las herencias, y que además no afectó a todo el mundo de igual manera. Creo que lo que fue al corazón de la acumulación de capital sin impuestos y de privilegios bastante cuestionables, fue el tema de poner fin a esta evasión de impuestos, a estas prácticas de recurrir a paraísos fiscales para la acumulación primaria de capital.

Una segunda ley tiene que ver fundamentalmente con la plusvalía y, sobre todo, desde una óptica no de acabar con la plusvalía, sino de acabar con la plusvalía no razonable. Con la que es fruto muchas veces de prácticas dudosas como la especulación y el tráfico de tierras. Al haber un gobierno que le ha apostado al desarrollo endógeno y a la inversión pública. Nosotros en Ecuador somos el país de AL que en este momento tiene la mayor inversión pública en relación con el PIB (15%), el promedio de AL es del 5 o 6%.

¿Qué significa eso? Carreteras, escuelas, hospitales, infraestructura pública en general para atención a ciudadanía, etc. Y esto tiende a crear fenómenos de plusvalía en terrenos privados. Entonces tú intervienes con la carretera, o con alguna infraestructura pública y el terreno de al lado, la hectárea que valía 10 mil dólares antes de la intervención, antes de la inversión pública, llega a costar un millón de dólares. Entonces, la ley pensaba la plusvalía desde esa plusvalía exagerada. No se pretende afectar a aquel que compró su casa en 10 mil dólares y después de 15 años la revendió en 200 mil, no hay ningún problema. Eso es una plusvalía razonable.

Es una ley que piensa, sobre todo, en gente que tiene información privilegiada. Eso pasa mucho con nuestros alcaldes. Es un fenómeno latinoamericano. Me imagino que eso debe pasar también en México. Hay, a veces, autoridades locales que saben que después de 5, 10, 15 años, se va intervenir en un lugar dado, que se va a urbanizar. Entonces se compra con ese privilegio que es el acceso a la información, que no tiene el resto de la ciudadanía, se hacen intervenciones a muy bajo costo y luego de 20 años la hectárea que valía 5 o 10 mil dólares, llegan a valer millones y millones. Es información privilegiada que favorece a unos de forma absolutamente antidemocrática. También se quería luchar contra este fenómeno de especulación y de tráfico de tierras, a través de esta otra ley que tiene que ver fundamentalmente con la plusvalía.

Hay todo un debate académico sobre el tema de a la plusvalía. Si es que es algo legítimo o no. Si es que tú no hiciste absolutamente nada para que subiera de precio tu terreno, tu casa, y es por la fortuna de la acción de un tercero, que de forma pasiva resultas beneficiado. Marx escribió mucho sobre esto y ha habido mucho análisis de parte de varios economistas, desde Keynes para acá. Nosotros pensamos que es de las formas menos legítimas de enriquecerse, sin pretender quitar el derecho a la ciudadanía de revender su casa a un precio mayor del que la compró.

Esas dos leyes generaron un efecto muy fuerte por parte de la derecha tradicional en el Ecuador. Creo que las leyes no fueron necesariamente socializadas de la forma más adecuada por parte de nuestro gobierno.

Hicimos, de hecho, un ejercicio bastante fuerte de autocrítica. El propio presidente dio un mensaje a la nación diciendo que temporalmente íbamos a retirar las leyes, hasta tener un debate mucho más de fondo sobre estos temas. No están retiradas del todo del escenario político, pero se dio paso a un gran debate nacional para luchar contra la desinformación que se ha generado en torno de estas leyes. Ha habido una campaña para hacerle creer, sobre todo a la clase media, la cual ha crecido mucho durante los últimos 8 años por la reducción por la pobreza, que iba a ser la gran perjudicada de esas dos leyes. Para nada. En realidad, los que saldrían afectados —entre comillas—, son el 1%, el 2% más rico de la sociedad. Incluso, me atrevo a decir menos en algunos casos, porque realmente la desigualdad es tal que es muchas veces el 0.1% de la sociedad que vive en condiciones de gran opulencia.

Esa es la situación en la que estuvimos. Salieron  a la calle varios miles de personas en contra de las leyes. También varios miles a favor. Se polarizó un poco el escenario político en los últimos meses. Yo siento que hay una baja en la intensidad de la protesta. De hecho, las cifras de aprobación al gobierno siguen siendo altísimas, 65% de aprobación a la gestión del Presidente de la República. Hay un repunte hacia arriba. No se le ve afectado a la popularidad del Presidente. Él en persona salió a rebatir los argumentos y un poco a contrarrestar la campaña de engaños que había, y  siento que las cosas están un poquito más tranquilas.

Pero, ciertamente, la lección que podemos sacar de esto es lo que sucede cuando uno afecta los intereses de las grandes oligarquías latinoamericanas. Y aquí no lo digo recurriendo a un lenguaje incendiario de izquierda clásica, sino que realmente creo que tenemos que enfrentar con mucha seriedad histórica el debate actual. Seguimos teniendo en AL estructuras productivas y socioeconómicas que se parecen mucho a la Europa del siglo XIX, y cuando nuestros referentes son justamente la modernidad europea, norteamericana, desde nuestra propia burguesía los referentes son la democracia liberal o burguesa, como se quiera llamar, y uno dice: “Bueno, está bien. Si esos son los referentes, los caminos de los europeos fueron estos”. Las leyes sobre herencia, sobre plusvalía, en Francia, Alemania o Escandinavia, son mucho más fuertes, mucho más agresivas y mucho más redistributivas de lo que nosotros nos estábamos planteando en estas nuevas leyes.

Claro, pero si uno sigue ese camino y un poco se acerca, sin llegar al mismo nivel de intervención estatal, en seguida la acusación es que nos vamos hacia el comunismo, que somos “cucos” —un lenguaje bastante reaccionario del pasado, de los viejos fantasmas que tenemos que superar—, y no nos damos cuenta que tenemos estructuras sociales, económicas y productivas muy parecidas a la Europa del siglo XIX. El gran acierto de las élites europeas del siglo XX fue saber que si seguían con estructuras económicas del siglo XIX iban a seguir teniendo inestabilidad política, no iban a tener cohesión social nunca, no iban a prosperar ellos mismos, porque habrían huelgas, conflictividad, guerras. Más bien tenían que ceder un poco para que el sistema fuera sostenible. Y eso creo que es la gran lección que tenemos que aprender en AL. Nuestras élites tienen que empezar a ceder un poco. Si no, no va a ser nunca sostenible, incluso el capitalismo como lo entiende en términos hegemónicos el sistema-mundo actual.

Francisco Martínez.- El objetivo que ha perseguido el gobierno con estas dos leyes entonces ha sido una cuestión de justicia redistributiva. Pero también algunos analistas señalan que ha tenido que ver como consecuencia de una recesión económica por la que cruza Ecuador. ¿Es esto así?

GL.- Los impuestos sirven para muchas cosas. Y, en realidad, solamente una de las razones por las que uno puede tener un nuevo impuesto, subir un impuesto, es el tema fiscal. Los impuestos incluso pueden servir como disuasivos para comportamientos nefastos y, en este caso, lo que se recauda no te sirve de mucho sino para cambiar comportamientos sociales. Claramente en el caso, tanto de la plusvalía como de la herencia, los estudios que se hicieron es que no te significan grandes ingresos de recursos económicos al fisco.

En realidad, uno de los grandes aciertos de la Revolución Ciudadana, es justamente la reforma tributaria. Pasamos de una recaudación tributaria anual en el 2006, antes de nuestro gobierno de 3 mil millones de dólares (mdd) anuales a una recaudación anual en el 2014, que es el último año que tenemos completo, de 14 mil mdd. Hemos pasado de 3 mil a 14 mil mdd anuales en 8 años, sin subir impuestos. Éstos han subido menos del 2%; esto es insignificante. No hemos subido el IVA, no hemos subido impuestos.

¿Qué se ha hecho?

Los impuestos por ley siempre se tenían que pagar, pero no se pagaban porque no había eficiencia en su recaudación.  De dos formas esta práctica se ha cambiado: la primera, cobrando a los grandes evasores, los grandes dueños de las grandes plantaciones, etc., que luego declararon que eran perseguidos políticos porque nunca habían pagado impuestos en su vida, a pesar que la ley les ordenaba pagar desde hace muchos años y no lo hacían.

La segunda, y quizás más importantemente, creando una cultura de pago y recaudación de impuestos en la población, y no solamente cobrándole a los más ricos, sino a todos. Tú vas a Ecuador ahora y las tiendas de la esquina, los pequeños negocios, todos facturan. La abrumadora mayoría, factura. Eso también significó un ingreso muy fuerte al fisco. Este salto en el que multiplicamos por cuatro la recaudación de impuestos en ocho años, es porque creamos una cultura ciudadana, muy vinculada además a la nueva Constitución, al nuevo pacto social.

¿Cómo se hizo?

Bueno, ya sin entrar en el tema demasiado técnico, porque además no soy experto en los temas de los impuestos. Se hizo básicamente a través de una triangulación de la facturación. Tú, como ciudadano, al declarar tus facturas al fisco al final del año, tienes un descuento. Si tú muestras tus facturas, el que facturó también tiene que mostrarlas. Eso te crea unos check and balances, un sistema de accountability, en el que nadie puede esconder o no pagar los impuestos de las facturas. Todo el mundo pide facturas. Tú vas a algún lado y dices, necesito mi factura, porque con esa recupero al final del año algo de mis impuestos.

Entonces yo creo que, con respecto a tu pregunta, si las dos nuevas leyes tienen un fin de recaudación, la respuesta es sí. Es recaudación para redistribución, para eso sirven los impuestos. Pero, en términos de valor neto de esta recaudación, no te transforma, no son montos que significan duplicar, ni mucho menos, el tema de los recursos del Estado. Más bien, creo que todo lo que se ha hecho en estos últimos años, sin subir impuestos, subiendo muy poco impuestos, te demuestra que a través de la eficiencia de la gestión tributaria, puedes a veces hacer mucho más que introduciendo nuevos impuestos.

El gran problema de las sociedades latinoamericanas tiene que ver con la falta de pago de impuestos, que a su vez tiene que ver con el mercado informal, la informalidad del trabajo; en muchos países tienes el 60% de trabajadores informales, que no tienen una relación de dependencia, no son empleados de nadie. Son, digamos, esa gran población económicamente activa que no tiene muchas veces seguro, etc. Eso se va corrigiendo, más que introduciendo nuevos impuestos, incluyendo a los excluidos del sistema económico formal.

Continuará en la siguiente entrega.

[1] Alejandro de Coss es licenciado en Relaciones internacionales por la UNAM y maestro en Sociología por la London School of Economics (LSE). Se ha desempeñado como consultor en políticas públicas y, actualmente, cursa un doctorado en Sociología en LSE.

[2] Francisco Martínez Cruz es licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido asesor parlamentario y ayudante de profesor adscrito al Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dirige de la Revista Ala Izquierda.

La responsabilidad del contenido de los textos publicados por la Revista Ala Izquierda corresponde a sus respectivos autores. Cualquier cuestión relativa a los mismos puede ser informada a través de nuestros canales de comunicación. El Consejo Editorial se reserva el derecho de retirar en cualquier momento los textos que violenten los derechos de terceros. Editor responsable: Francisco Martínez Cruz.

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