Entrevista a Guillaume Long, Ministro de Cultura de Ecuador. Segunda parte.

El gobierno ecuatoriano actualmente experimenta muy fuertes críticas y protestas sociales. Guillaume Long, Ministro de Cultura del gobierno de Rafael Correa, nos explica la segunda parte de la entrevista para Ala Izquierda, distintos aspectos de las medidas que se han tomado ante la situación actual de su país, sobre las manifestaciones sociales y los derechos humanos.

Foto: Manifestaciones en Quito, 25 de agosto de 2015. Vía sumadiario.com

Por Alejandro De Coss[1] y Francisco Martínez Cruz[2]

(Continúa la segunda parte de la entrevista).

ADC.- Ligando los dos temas -entendiendo que el objetivo de los impuestos ha sido la redistribución, y que ha habido una significativa reducción de la desigualdad- no podemos evitar notar que en la última ola de protestas, además de las que podrían responder a la defensa de una clase específica, también vimos protestas que, a mi entender, responden a otras dinámicas. Protestas que identificaría con derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos y derechos de los pueblos originarios.

Yo quisiera entender su perspectiva sobre este momento en el que dos protestas que, aparentemente no se vinculan, se interrelacionan, y si cree que hay una deuda histórica con ciertos grupos sociales y hacia dónde va eso hoy en el Ecuador.

GL.- A ver, aquí hay que ser preciso.

Digamos, hay una parte del espectro político ecuatoriano que se autoidentifica como oriundo de la izquierda. Yo cuestionaría si realmente ese es el caso, que se identifique como parte del progresismo, de la izquierda, que sea crítica al gobierno. Hay dos partidos en especial que están en la oposición. Yo me atrevo a decir que han jugado un papel bastante triste en cuanto a ser utilizados por la más rancia derecha y por el poder más oligárquico. Yo no sé hasta qué punto tú puedes considerar que eres un partido de izquierda si sales a la calle motivado por este llamado de la oligarquía de “no a los impuestos de la herencia, no a los impuestos de la plusvalía”.

Es decir, partidos de izquierda que se prestan a ese tipo de marchas en contra de las leyes que veíamos ahora, ¿son realmente de izquierda? Yo creo que han jugado un papel bastante nefasto, en cuanto a ser recuperados por intereses claramente oligárquicos.

Los partidos políticos son actores que han jugado ese papel y que, lastimosamente, creo que siempre han existido en todos los procesos progresistas de izquierda. Si uno se remonta a la época de Allende, también había una “izquierda” que se decía de izquierda, que era tan ultra que llegaba a ser ultra de la derecha. Eso siempre ha habido y le hemos vivido en estos años en el Ecuador.

Ahora, sí es cierto también que hay un segmento de las clases medias, sobre todo urbanas, quiteñas, de algunas ciudades intermedias de la sierra ecuatoriana —y hasta cierto punto de Guayaquil— que han tenido un discurso muy vinculado a lo que yo llamo los derechos civiles, más que los derechos sociales y económicos. Muy vinculado a la palabra libertad, no necesariamente entendiendo que la verdadera libertad nace de la igualdad, porque la libertad neoliberal, ultra-autonomista, me parece bastante problemática desde una posición de izquierda. Pero sí, siempre manejando ese discurso muy oenegeísta de los Derechos Humanos, manejando mucho la palabra libertad.

Y bueno, yo sigo pensando que con esa clase media que se autoidentifica con la posición progresista hay que tender puentes —nosotros lo estamos haciendo en este momento—. Creo que gran parte del llamado al diálogo del Presidente de la República responde a eso. Yo ciertamente, desde mi Cartera de Estado, me estoy reuniendo toda las semanas con estudiantes, con gente que, algunos están muy claramente a favor del gobierno, otros tienen una posición mucho más crítica, que tiene que ver con ese aspecto. Una posición vinculada, digamos, a las demandas que yo llamo liberales, al oenegeísmo y a una visión exclusiva de los derechos civiles, a veces olvidándose demasiado de los derechos sociales y económicos de las grandes mayorías.

Es verdad que ha habido también una posición vinculada a los derechos sexuales y reproductivos. Creo que el gobierno ha hecho grandes avances en ese aspecto, que no siempre ha sido visibilizado. Poca gente sabe que el gobierno del presidente Rafael Correa permite la unión de hecho, la unión civil, entre personas del mismo sexo. Que no es un matrimonio, que no se llama así, pero que tiene exactamente las mismas condiciones. Es el gobierno nacional que lo hizo.

Podríamos tener un debate sobre si, políticamente, en el Ecuador sería posible ir un paso más allá. Dentro del gobierno ha habido un debate muy fuerte sobre los derechos reproductivos y sexuales. Ha habido varias voces dentro del gobierno, dentro de la bancada en la Asamblea Nacional, algunos claramente a favor del aborto. Ha sido un debate interno más que externo. Y yo me atrevo a decir que no ha habido un acuerdo del gobierno sobre estos temas.

Pero también hay que tomar en cuenta las condiciones políticas del momento. Yo puedo estar a favor del aborto, pero si mañana tuviéramos un referéndum —hemos tenido 10 elecciones en 8 años, varios plebiscitos—, no necesariamente mi posición va a ganar. Hay que sopesar ese debate dentro de estas variables. Pensar también que éste es un camino que hay que recorrer poco a poco.

Hay muchos avances en la cuestión de género, sobre todo en el tema de la representación —desde el feminismo siempre te van a decir que no es lo único, pero sí es fundamental—. Somos de los gobiernos con mayor representación femenina. En la Asamblea, cerca del 47% son mujeres. Nos coloca, creo, en tercer o cuarto puesto a nivel mundial sobre representación femenina en el ámbito legislativo. Muchos países, incluso europeos, tienen 17, 18 o 19% de mujeres en los parlamentos. Nosotros tenemos casi el 50%.

Hay grandes avances que no siempre son visibilizados por los medios de comunicación y creo que nos hemos entrampado demasiado en el debate aborto/no aborto, cuando en realidad las cosas, por razones políticas e históricas, no necesariamente evolucionan de la noche a la mañana. Mi posición dentro del Ejecutivo ha sido clara. Yo estoy claramente a favor de algunas de las cosas que no hemos podido conseguir hasta ahora. Pero también entiendo, con responsabilidad política, histórica, que no son temas sencillos y que si mañana fuéramos a preguntarle al pueblo ecuatoriano, pues claro, siempre somos grandes demócratas hasta que no nos gusta algo. Si mañana fuéramos a preguntarle al pueblo ecuatoriano, no necesariamente sería tan clara la respuesta a favor de lo que yo aspiraría.

Lo bueno del escenario actual es que estamos en una fase política de retorno a las bases. Eso es muy importante. En los últimos años nos hemos dedicado muchísimo a la gestión y a la política pública. Eso es muy loable. El gobierno del Presidente Rafael Correa es un gobierno de izquierda, pero altamente eficiente, muy institucionalista, con una suerte de economicismo del que todos los ministros, incluyendo los que no son economistas —yo no soy economista—, hemos tenido que volvernos expertos en finanzas públicas, en ejecución presupuestaria; ya todos sabemos manejar bien esas cosas, y eso es muy bueno, porque a veces desde la izquierda hay mucho discurso y al momento de manejar ya las herramientas de las finanzas públicas no somos necesariamente los más eficientes. Además, ha sido un poco un estereotipo al que la derecha ha buscado recurrir: esa izquierda ineficiente. El hecho de que nosotros hayamos podido ser mucho más eficientes que cualquier gobierno de derecha anterior es un bagaje que lo llevamos con mucho orgullo y que nos permite capitalizar políticamente.

Sin embargo, el haber puesto tanto énfasis en la gestión no nos puede hacernos descuidar la parte más política. Somos ministros, no somos gerentes. Hay, dentro de la labor de un ministro, varias tareas que son de índole más gerencial, sin duda alguna, pero hay otras tareas que son de índole más política. Y creo que con el afán de ir cada vez más rápido, de transformar la sociedad, estábamos con tanta prisa para transformar nuestra sociedad (yo creo que desde los últimos dos, tres años, en especial, sobre todo desde la gran victoria abrumadora de 2013, cuando el presidente Rafael Correa ganó con el 57% de los votos, nos dio un mandato muy fuerte —conseguimos 100 asambleistas sobre 137 en la Asamblea Nacional—: hacer todo lo que no se ha podido hacer en los últimos  200 años de vida republicana) que nos dedicamos a hacer mucha política pública, pero quizás, descuidándonos un poco más de lo que habíamos hecho antes, durante nuestro proceso constituyente, que era toda la dinámica participativa, militante, estar en los barrios, el diálogo, el escuchar a nuestra militancia, el escuchar a la ciudadanía. Politizar la política pública.

Si estás planteando un proyecto revolucionario, tienes que hacer la revolución con un actor revolucionario. La revolución no se hace desde un cafetín, la revolución se hace con bases revolucionarias.

¿Cuáles son esas bases revolucionarias?

Bueno, son las bases con las que vas a dar sentido político a la política pública. No solamente construyendo la escuela en un barrio pobre, que en sí mismo es virtuoso, sino acompañando todo el proceso con participación ciudadana, que la ciudadanía se empodere de esa escuela. Que ellos sientan que han jugado un rol fundamental en conseguir que esa escuela esté ahí. Digamos que sea en un acto de justicia histórica, de justicia social, el conseguir esa escuela. Es decir, dotando de contenido a la política pública. No solamente ejecutándola de forma técnica, sino haciéndola también una política pública altamente politizada.

Yo creo que estos últimos meses hemos retornado a lo que llamamos nosotros “el territorio”. A estar con las bases; a estar conversando, escuchando, reactivando dinámicas de participación ciudadana, y creo que, en ese sentido, estos ocho años han sido un aprendizaje constante. Uno va avanzando en muchas cosas, luego se da cuenta que ha descuidado otro aspecto, entonces le pone más énfasis. Creo que este momento es de diálogo. Y en relación a esa izquierda más liberal, muchas veces que se ve más radical —pero yo la considero más liberal—, es una gran oportunidad ese regreso al territorio, ese retorno a la participación, a un proceso más de escucha, más deliberativo, de conversar con esa izquierda, y asegurarnos que no se desencante de su revolución ciudadana y poder volver a acumular políticamente con ellos.

Aún con todo esto, que nos habla acerca de una realización y sustancialización de los Derechos Humanos del pueblo ecuatoriano, hace un tiempo una declaración del Presidente fue que, probablemente, se abandonaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Esto lo sigue pensando el gobierno?

No ha dicho que se abandonaría el sistema interamercano de derechos humanos. Lo que nosotros creemos es que el actual sistema interamericano de derechos humanos tiene varios vicios. En especial una comisión que está en Estados Unidos, en Washington, totalmente controlada por financiamiento norteamericano y europeo. A su vez, EUA es un país que no ha ratificado el Pacto de San José, ninguno de los instrumentos de derechos humanos. Es irónico que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en EUA, cuando no es parte de ninguno de los mecanismos del Sistema Interamericano.

Más bien, yo pude acompañar hace poco a RC a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, que esa sí es absolutamente legítima y reconocemos esa Corte. Lo que pasa es que en los últimos años, esta Comisión, que es una suerte de lobby, y además muy selectiva en temas de Derechos Humanos, está absolutamente dominada además por un sesgo hacia la libertad de expresión, entendida como libertad de prensa, a su vez entendida como libertad de expresión de los dueños de los medios de comunicación, que es la gran mayoría del financiamiento de la Comisión.

Es decir, nosotros creemos que hay un sesgo muy fuerte que juega un rol político, hegemónico y con esa suerte de rezago imperial de una época que ya quisiéramos dejar atrás, de las épocas más obscuras del imperialismo del siglo XX, y más bien nuestra posición es que deberíamos tener un Sistema Interamericano de Derechos Humanos absolutamente justo, representado por los países signatarios de los mecanismos jurídicos internacionales de derechos humanos, y si es que eso significa excluir a EUA y Canadá porque no quieren firmar; para eso estamos tan comprometidos con la construcción de mecanismos de integración tipo CELAC, tipo UNASUR, porque esa ha sido una constante en nuestra historia, estos dobles estándares que son verdaderamente inaceptables. Que, sin ellos ser signatarios de ninguno de los instrumentos jurídicos de protección de Derechos Humanos del ámbito interamericano, quieren darnos clases de moral, clases de derechos humanos, financiando la Comisión para que sea un lobby que se dedique a perseguir los gobiernos progresistas de América Latina.

Mire, todo lo que está haciendo la Comisión ahora desde Washington es criticar el récord de derechos humanos de, básicamente, los gobiernos progresistas; los gobiernos que no son de su agrado. Y los gobiernos que son más de la derecha del espectro político, a pesar de que algunos enfrentan situaciones terribles, tragedias humanas de derechos humanos en varios países de América Latina, no son sujetos del mismo escrutinio, de la misma rigurosidad por parte de esa comisión.

Vuelvo a ser muy enfático. Nosotros creemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; creemos que debe haber un sistema fuerte interamericano de Derechos Humanos. Si es que no puede ser interamericano porque hay un problema fundamental con la voluntad política por parte de los Estados Unidos, de Canadá o de otros países, bueno: que sea latinoamericano. Pero no vamos a ser manipulados por el manejo que un grupo en la Comisión, dominados, insisto, por un sesgo hacia los temas de libertad de expresión y de libertad de expresión como la entienden ellos, no la que tenemos todos de expresarnos, sino la de un puñado de dueños de medios de comunicación, para seguir ejerciendo, teniendo juicios de valor que no son en absoluto legítimos.

ADC.- Bueno. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Ministro, por la entrevista.

GL.- Con todo gusto. Muchas gracias.

[1] Alejandro de Coss es licenciado en Relaciones internacionales por la UNAM y maestro en Sociología por la London School of Economics (LSE). Se ha desempeñado como consultor en políticas públicas y, actualmente, cursa un doctorado en Sociología en LSE.

[2] Francisco Martínez Cruz es licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido asesor parlamentario y ayudante de profesor adscrito al Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dirige la Revista Ala Izquierda.

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