Los espacios públicos: movimientos y participación

Luego de señalar los cuatro ejes en torno a los cuales se puede analizar la situación político-social actual en México, el autor da cuenta de un Estado debilitado y una sociedad fragmentada. Si la consigna neoliberal de menos Estado y más sociedad tiende a perder capacidad de convocatoria, en vista de los desastres sociales y eco-nómicos que ha provocado esa fórmula en muchas regiones del mundo, las movilizaciones sociales del siglo XXI parecen apuntar a una consigna social que se orienta hacia la incorporación de “más sociedad en el Estado”. Ante la coyuntura actual el verdadero dilema es: cómo convertir las movilizaciones en nuevas instituciones.

Fotografía: Carlos Brown Solà

Por Gustavo Gordillo de Anda (@gusto47)

La crítica situación actual tiene cuatro ejes visibles.

Uno, la crisis económica producto de la caída del precio del petróleo se desvela en toda su magnitud. Le pega tan violentamente a las finanzas públicas que recientemente se anunció un recorte de 0.7% del PIB para 2015 y otro para 2016.

Dos, el casi desplome del sistema de partidos se ilustra todos los días con un nuevo escándalo en alguna de las Tres Casas Mayores y con diversos e inquietantes pleitos inter-partidistas.

Tres, la narrativa presentada por la PGR de Murillo Karam fue impactante porque nunca antes —y después de 22 mil desaparecidos y una cantidad inverosímil de muertes ligadas a la violencia de los criminales— una autoridad federal había rendido cuentas detalladas del proceso por el cual unos ciudadanos sufrieron una desaparición forzada. Faltan aún muchos cabos sueltos, pero las sospechas que las investigaciones están sesgadas para evitar involucrar a actores claves o que algunas declaraciones de los culpables materiales fueron obtenidas mediante tortura, son altas. Pueden ser injustas pero están sustentadas en una larga trayectoria de graves falencias de las instancias judiciales. Lo de Ayotzinapa es además de un crimen execrable, la expresión plástica de una profunda y larvada crisis del sistema de justicia.

Cuarto, la magnitud de cada una de las tres crisis se multiplica con la ausencia de un puente mínimo de confianza de los ciudadanos frente a las autoridades, sean o no gubernamentales. Las instancias no estatales como la Iglesia, los medios de comunicación o la elite empresarial harían bien en revisar las diversas encuestas de opinión recientes sobre la confianza ciudadana en todo tipo de instituciones, antes de estar machacando en las culpas, que son muchas, de las instancias estatales.

Una situación como la que vivimos invita a todo tipo de aventuras que pueden llevar aún a mayores tragedias.

Para este momento nada peor que los dos espejismos a los que convoca la tentación milenarista: el desplome del régimen o la extinción de la movilización. La verdad es que las movilizaciones continuarán y el Estado seguirá deteriorándose.

Lo más dramático es un situación en donde se tiene un Estado debilitado y una sociedad fragmentada. Es para esta coyuntura —en la cual llevamos inmersos bastante tiempo— para la cual tenemos que pensar, proponer y negociar posibles salidas.

Por ello, la engañosa consigna neoliberal de menos Estado y más sociedad tiende a perder capacidad de convocatoria, en vista de los desastres sociales y eco-nómicos que ha provocado esa fórmula en muchas regiones del mundo. En su lugar, las movilizaciones sociales del siglo XXI parecen apuntar a una consigna social que se orienta hacia la incorporación de “más sociedad en el Estado”.

Aghion y Roulet en “Repenser l’Etat” (2011) hablan de “más de otro tipo de Estado”: un Estado que invierte en la eclosión y materialización de ideas nuevas; un Estado que proteja a sus ciudadanos contra los nuevos riesgos —vinculados a la precarización del trabajo y a las crisis financieras; un Estado garante del contrato social, como catalizador del diálogo entre distintos agentes sociales; un Estado que fortalezca y promueva la democracia.

En efecto, una reforma real y democrática del Estado, trae consigo una mayor intervención ciudadana en los poderes del mismo. Pierre Rosanvallon en su libro “La contrademocracia” (2006), haciéndose cargo del déficit de confianza de los ciudadanos hacia sus sistemas democráticos, da cuenta del surgimiento de contrapoderes sociales informales e instituciones “destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza”. No se trata de poderes paralelos, sino de un solo sistema democrático, que pueda apoyarse en los distintos órganos que lo conforman y en las instituciones electorales-representativas que se encuentren bien articuladas.

Rosanvallon analiza los contrapoderes en tres ámbitos: la democracia de control, la soberanía de obstrucción y el pueblo juez. En el primer caso, estarían las distintas formas de auditorías institucionales a los poderes constituidos, las di-versas formas ciudadanas de vigilancia y la búsqueda de una rendición de cuentas. En el segundo caso se encuentran las distintas formas de resistencia, de disidencias y de políticas negativas —de vetos cruzados— tanto en las instituciones —como los congresos o el poder judicial— como en formas de movilización ciudadana en contra de determinadas acciones o políticas del gobierno. En el tercer plano se ubican desde las formas clásicas del impeachment inglés o del recall estadounidense hasta las distintas formas de evaluaciones técnicas de políticas o de políticos, incluyendo la revocación de mandato.

En las sociedades capitalistas desarrolladas, durante su “etapa liberal”, se impulsó y conformó una separación, no total pero sí importante y con límites relativamente definidos, entre los ámbitos de lo público y lo privado. Los espacios públicos comienzan a aparecer como lazos entre la sociedad civil y el Estado, en los que se garantizaba en forma institucional la discusión pública de asuntos de interés general. Estos lazos tomaron la forma de las circunstancias históricas específicas del desarrollo de las economías de mercado, con la finalidad de ejercer un seguimiento público por parte de los ciudadanos sobre el ejercicio de la autoridad estatal. Es decir, se trataban de herramientas privilegiadas, para que la ciudadanía pudiera ejercer con autonomía su participación en la vida pública.

La existencia de estos espacios expresa la historia específica de la gestación y desarrollo del Estado de bienestar de cada país, misma que se acompañó de un traslape-infiltración mutua entre lo público y lo privado; un flujo en doble sentido con procesos de extensión de la autoridad e intervención económica y procesos de sustitución de funciones estatales por capacidades sociales. Las variantes originales en un contexto liberal del espacio público resultaron inviables, en particular porque la competencia entre intereses privados organizados asimétricamente en su peso económico y político, invadió la esfera de lo público.

En la experiencia mexicana, la combinación crecientemente enraizada y dominante, se caracterizó por una excesiva estatización con amplias limitaciones en las libertades básicas y en la igualdad de oportunidades, que al final de cuentas determinó que nunca hayamos experimentado un real Estado de bienestar. Pero además, dada la enorme desigualdad en el país que se expresa no sólo en el terreno socio-económico, sino también en los ámbitos políticos y culturales; lo que se gestó fue una sociedad estamental en donde el éxito de la gobernabilidad autoritaria se sustentó en una eficaz administración de los privilegios diferenciados por categoría social, cuyo propósito fue impedir acciones colectivas articuladas. Así, el capitalismo de “compadritos” funcionó sobre la base de patrimonialismo —manejo discrecional y diferenciado de los recursos públicos—, el corporativismo —encuadramiento de las organizaciones de masas a cambio de privilegios económicos y políticos distribuidos en las cúpulas y “chorreados” en pequeñas cantidades a las bases—, y el clientelismo —privilegios a cambio de adhesión política—.

Fernando Escalante ofrece unas pistas interesantes (Ciudadanos inexistentes, Nexos, 2001) después de aquel libro sobre la cultura cívica en el siglo XIX me-xicano intitulado “Ciudadanos imaginarios” (El Colegio de México, 1992). En su libro, Escalante centra su argumento en que en el siglo XIX no existieron ciudadanos sino leyes y códigos que apelaban a algo imaginario. Eso no significaba sólo caos, sino un cierto orden dentro del caos. Ese orden estaba basado en un conjunto de creencias y valores que conspiraban contra el ideal republicano del ciudadano.

En el campo el orden rural estaba organizado alrededor de la comunidad, y entre los poderosos primaba, alrededor de la hacienda, el orden señorial que suponía una personalización de la autoridad, una organización jerárquica de la sociedad, un localismo, relaciones políticas clientelares y un recelo frente a la autoridad formal. Su conclusión es que en el México del siglo XIX hubo “una persistente tradición de desobediencia y un notable desapego del Estado”.

En su ensayo de principios de este siglo en Nexos, Escalante parte de una afirmación contundente: “Se dice que no hay ciudadanos. Es verdad. Lo que hay, en general, es lo que ha habido siempre. Tenemos una sociedad acostumbrada a participar, a exigir, a imponerse incluso, pero no de manera civilizada ni democrática”.

El surgimiento de la idea de Sociedad Civil —que ocupa el lugar que antes tenía el Pueblo, el Proletariado o el Sujeto Revolucionario— permite completar una narrativa sobre una Sociedad oprimida, dechado de virtudes y motor del cambio. Estamos en los noventas con un discurso decisivo (aunque desde luego no único) que acompaña la azarosa marcha hacia la primera Alternancia.

Pero ahora, continúa argumentando Escalante, en la segunda década del siglo XXI, “la sociedad se ha vuelto mala: incivil, antidemocrática, refractaria al cambio, porque eso sirve para contrarrestar el desencanto y para justificar… la ineptitud de los políticos”. Y concluye que si no se cumple el mínimo indispensable de civilidad que es cumplir con la ley, es porque no hay una expectativa razonable de que los demás hagan lo mismo. Para Escalante los “defectos” de nuestra ciudadanía son el signo de la precariedad del orden político. Es decir “el problema no es que no haya ciudadanos, sino que no hay Estado”.

Lo que me interesa de los textos de Escalante es la interacción entre reglas formales e informales, y los códigos que se generan en un contexto relativamente caótico pero que al mismo tiempo tiene diversos órdenes. Me permite avanzar en la idea que he planteado respecto a que la transición a la democracia en México generó un régimen especial que no es el régimen autoritario transvestido, pero tampoco el democrático que se imaginó en la larga marcha de las movilizaciones sociales y ciudadanas.

Desde 1962, en pleno auge del Estado de bienestar, Jurgen Habermas plantea una cuestión que hoy en día, en plena crisis del Estado de bienestar, vuelve a resultar fundamental: en una era post-liberal, donde el clásico modelo del espacio público ha dejado de ser viable en términos sociopolíticos, ¿puede ser efectivamente reconstituido el espacio público bajo condiciones políticas, culturales y socioeconómicas radicalmente diferentes?

La misma crisis del Estado de bienestar está acompañada de esfuerzos por encontrar nuevas versiones de espacios públicos que recuperen algunos elementos básicos del modelo liberal original, para encontrar nuevos flujos a favor de la ciudadanización del poder estatal que garanticen un nuevo compromiso del Estado con los derechos sociales sin desvincularlos de la esfera económica.

Esta búsqueda pasa necesariamente por someter al debate ciudadano las formas, ritmos y temporalidad de los traslapes entre lo público y lo privado. Un debate que está permeando todos los ámbitos de la sociedad y que requiere de una perspectiva por encima de los terrenos de las corporaciones y asociaciones profesionales, donde sus limitaciones naturales les imponen la dinámica de los intereses de grupo, impiden determinar el vector resultante que represente lo más parecido posible el interés general, como marco para definir un equilibrio adecuado entre los diversos intereses.

Renovar o reinventar los espacios públicos implica inaugurar formas de acción política democrática que permitan equilibrar burocracias privadas y estatales, partidos políticos y grupos de interés; también implica encontrar mecanismos para desactivar o reencauzar la tendencia a convertir, como antaño, conflictos económicos en conflictos políticos irresolubles en tanto que desembocaban en callejones sin salida.

De ahí que uno de los ámbitos de los contrapoderes, según Rosanvallon, es lo que denomina la democracia de control. La vigilancia sobre quienes ejercen los poderes, se convierte en una modalidad de acción que adquiere la forma contemporánea de los whistle-blowers, los que advierten de las desviaciones, injusticias o corrupción de los poderes. Junto a esa forma de vigilancia se desarrolla también un vigilancia regulatoria que busca establecer mecanismos de desempeño por medio de evaluaciones y esquemas de calificaciones. Así, el ciudadano-vigilante excede las funciones del ciudadano-elector (Rosanvallon, p.55). La denuncia central de esta sociedad del control, se basa fuertemente en la denuncia de escándalos.

Castells señala al respecto: “Si la confianza en la persona es el mensaje, la forma fundamental de nuestra política es la destrucción de la credibilidad y de la fiabilidad de la persona. O sea, es el asesinato de la reputación personal del líder y su entorno. Y eso se consigue mediante la construcción de escándalos en torno a las personalidades políticas mediáticas. Escándalos que algunas veces son simplemente la difusión de información que destruye la credibilidad de la persona. Se puede fabricar o ser verdad y mucha es mitad y mitad, se fabrica a partir de cierta realidad” (Nexos, septiembre 2012 p. 46).

En las democracias de opinión, en consecuencia, la reputación es su principio cardinal, “en el sentido que constituye su regulador social interno, que se sobreimpone a los mecanismos propiamente institucionales” (Rosanvallon, p. 62).

Rosanvallon se refiere a tres formas de legitimidad: la legitimidad procedimental cuya institución de implementación es el sufragio universal; la legitimidad por imparcialidad a través de las instancias de justicia o de autoridades independientes como los órganos reguladores; y, finalmente la legitimidad sustancial o universal moral que corresponde a la afirmación de valores reconocidos por todos. El conflicto de estas distintas formas de legitimidad genera la tensión que se encuentra en el origen de lo que llama Rosanvallon “la visión cesarista de la política”: el espacio público nunca es entendido como interacción entre grupos e individuos, “sólo se le percibe bajo las especies estereotipadas de la institución legal” (p. 116).

Este monismo democrático es esencialmente iliberal porque es antipluralista: la pretensión de deslegitimar todas las expresiones de la sociedad que no han sido consagradas por las urnas. “De ahí procede la vieja desconfianza hacia el hecho asociativo junto con la negativa de reconocer una forma de legitimidad política a los que intervienen desde una sociedad civil siempre reducida a las particularidades que ella traduce. Lo que se acepta como libertad se niega al mismo tiempo como institución” (p. 117, énfasis en el original).

Cabe insistir que por espacios públicos no se entienden estructuras paralelas de poder, sino más bien se trata de instancias de colaboración y complementación, en especial respecto de los poderes constitucionalmente establecidos. Es posible hablar de una democracia participativa en apoyo a la democracia representativa siempre y cuando no sea esto un atajo o una cobertura para encubrir en el fondo una crítica velada a la democracia llamada “formal”. La democracia —y no está de más repetirlo— requiere de mecanismos representativos y participativos de la ciudadanía. Pero como alguna vez afirmó Carlos Pereyra “la democracia siempre es representativa” (1988).

En este sentido no se trata sólo de idear mecanismos eficaces para una participación real y activa de la sociedad en la conducción y evaluación de las instituciones. También implica generar nuevas formas institucionales que sin ser parte estructural del andamiaje estatal, establezcan una articulación permanente y regulada con las instancias de decisión. De tal forma que se constituyan aparatos abiertos de la sociedad donde su capacidad para dirimir conflictos, procesar acuerdos y traducir demandas en alternativas y proyectos viables, está directamente relacionada con la calidad y amplitud de los nexos que establezcan con las instancias estatales encargadas de definir políticas, programas y esquemas de asignación de recursos.

Los espacios públicos no se pueden limitar a las instancias y mecanismos donde existe participación institucionalizada como en el espacio electoral decisivo para la democracia pero insuficiente. En particular, el espacio público debe constituirse en el lugar donde se procesan decisiones relacionadas con formas y combinaciones de propiedad, asignación de recursos, medidas de regulación; donde se ejerce la fiscalización democrática sobre acciones, destino y uso de recursos públicos.

La función deliberante y participativa de la democracia requiere de fortalecer los poderes contrademocráticos. Para Rosanvallon los poderes de control se manifiestan bajo cinco formas: poder parlamentario de control del Ejecutivo y de investigación; manifestación difusa de la opinión pública polarizada en el espacio mediático; intervención crítica de los partidos políticos de oposición; acciones de movimientos sociales y de organizaciones ciudadanas e instituciones democráticas ad hoc (p. 290).

Para Castells no hay duda que el espacio privilegiado es el espacio mediático: existe una relación básica entre comunicación y poder. Esto no es nuevo, siempre ha sido así, dice Castells, pero se ha acentuado profundamente en lo que llamó la sociedad red, una sociedad en la que las redes de comunicación interactiva de base electrónica y transmisión digital organizan el conjunto de las prácticas sociales del planeta en términos de la interacción de lo global y lo local (lo que otros autores denominan la “glocalización”). Y añade: “la comunicación es el espacio en el que se construyen las relaciones de poder. Lo cual no quiere decir que los medios de comunicación tengan el poder. Esto empíricamente es falso: no tienen el poder. Son mucho más importantes que eso, porque son el espacio donde se construye el poder” (Nexos, p. 45).

En cierta forma y medida, el espacio público es el lugar donde se procesa la tensión entre Estado y mercado, y entre el Estado y la sociedad. Se trata de transitar de una situación donde entre ambos términos, está la burocracia, hacia una donde el espacio público —la participación, la deliberación, el control y ciertas formas de autogestión— juegue ese papel de “procesador” de tensiones.

Si coincidimos con Castells que toda política es mediática y que la comunicación se ha transformado profundamente como sistema es porque eso nos señalan las experiencias de movilizaciones sociales habidas en distintas regiones del mundo, desde el inicio de este nuevo siglo. Si queremos encontrar un referente probablemente habría que tomar la insurrección del EZLN de 1994 como punto de partida, luego generalizadas a partir de las movilizaciones antiglobalización en Seattle en 1999. 2011 marca un nuevo ciclo de movilizaciones mundiales y en México desde la Marcha por la Justicia con Dignidad en 2011, el movimiento #Yosoy132 en 2012 y las movilizaciones en torno a Ayotzinapa, marca los hitos de un nuevo ciclo de movilizaciones sociales en México.

Ante la coyuntura actual el verdadero dilema es: cómo convertir las movilizaciones en nuevas instituciones. Porque el otro camino es el que casi como fatalidad señaló hace tiempo Daniel Cossío Villegas: “hemos alimentado nuestra marcha democrática bastante más con la explosión intermitente del agravio insatisfecho que con el arrebol de la fe en una idea o una teoría”.


Gustavo Gordillo de Anda. En 2006 fue coordinador general de la campaña presidencial de Patricia Mercado. Fue Subsecretario en la Secretaría de Agricultura, y Subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria en México entre 1988 a 1994. En 1995 se desempeñó como Director de Desarrollo Rural de la FAO en Roma y desde 1997 hasta 2005 fungió como Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Fue miembro Fundador de La Jornada y colaborador de la Revista Nexos. Ha sido también profesor visitante en el Taller de Teoría Política de la Universidad de Indiana en Bloomington, dirigido por los profesores Vincent y Elinor Ostrom. http://gustavogordillo.blogspot.com/


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