El Acuerdo Transpacífico de Cooperación: una reingeniería empresarial

Alejandro de Coss Alejandro de Coss

Por Alejandro de Coss

Hace unas semanas, se hizo pública la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (ATP o TPP, por sus siglas en inglés). Participan en él 13 países, incluyendo a México, Chile, Estados Unidos, Canadá y Japón[1]. Ha sido promovido por el gobierno mexicano como un tratado económico de última generación, es un instrumento legal que requiere ser analizado de forma transparente y colectiva de forma previa a su ratificación por el Senado de México. El ATP, lejos de ser simplemente un ‘acuerdo comercial de última generación’, que abriría las puertas de los mercados asiáticos a México, representa una profunda reestructuración de la gobernanza de sus países miembros.

A través de WikiLeaks (2015), la ciudadanía en general ha podido conocer algunos de los contenidos del tratado. Se sabe, por ejemplo, que contiene provisiones legales que obligan a los proveedores de Internet a otorgar los IPs de las personas que puedan infringir alguna disposición de propiedad intelectual, por supuesto también regulada por el ATP. Dichas medidas de protección van más lejos que las que actualmente existen en los países firmantes (TPP Abierto, 2015). Están todas ellas dirigidas a proteger los intereses de las grandes compañías de medios. Por ejemplo, si algún estudio cinematográfico decidiría demandar a quienes comparten películas a través de servicios de FTP, podría hacerlo no sólo por el hecho de compartir un vídeo, sino por las ganancias esperadas que el acto de compartir el archivo supuestamente implica.

Este punto es especialmente delicado. Bajo el ATP, las empresas pueden demandar a individuos, colectivos e instancias gubernamentales si incurren en actos que se considere pueden afectar sus previsiones de beneficio. Esto, se prevé, puede suceder en varios temas. Uno de los más delicados es el de la fabricación de medicamentos genéricos. Bajo las medidas propuestas por el ATP, la producción de genéricos podría afectar la propiedad intelectual de las farmacéuticas, lo cual daría pie a una demanda contra el fabricante, aun cuando éste fuera el Estado.

En el mundo, ya hay casos relacionados con la salud que muestran los alcances de esta normatividad. En Uruguay (El País, 2011) y Australia, las compañías tabacaleras demandaron a los gobiernos de esos países por introducir empaques que suprimían la publicidad e imagen corporativa, para cambiarlos por unos en los que los riesgos asociados al tabaquismo quedaban claros y se constituían como el elemento central del mensaje gráfico del empaque. El argumento de las empresas ha sido que la legislación en salud afecta potencialmente las ganancias que harían de la venta del producto. El beneficio monetario antes de la salud de las personas.

Esta lógica se encuentra presente en la elaboración misma del ATP. Hace unas semanas, en entrevista con Leonardo Curzio, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que todo el contenido del tratado había sido discutido con la iniciativa privada. A manera de respuesta a las crecientes críticas contra la opacidad con la que el ATP se negoció, su respuesta fue reconocerlo, diciéndonos que los únicos intereses que son válidos son los de las empresas. El cinismo al que un régimen que día a día pierde legitimidad y representatividad nos ha ido acostumbrando.

En otros países, las críticas marchan por el mismo rumbo. El ATP es un instrumento negociado en las salas de juntas del poder. Ahí, empresas y gobiernos se confunden en colectivos que van moldeando el mundo de acuerdo a sus intereses. Una representación clara del funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Uno en el que los gobiernos cesan de representar el interés colectivo, supuesto fundamento de su poder, y se convierten en parte de una lógica de ampliación del dominio del capital a campos hasta ahora inexplotados.

En el caso del ATP, la lógica se pone en  marcha de forma particularmente poderosa. El tratado ampliaría y flexibilizaría las maneras en las cuales las empresas pueden incidir en la elaboración concreta de políticas públicas. Al permitirles el acceso a tribunales, que además son ad hoc, efectivamente se les hace copartícipes de la conformación del Estado. Ya no se trata más de los acuerdos cupulares que son nuestros viejos conocidos. Es un movimiento que legaliza abiertamente esta incidencia, que la reconoce como superior al interés de ciudadanos y colectivos y que la pone potencialmente sobre las medidas que futuros gobiernos pudieran tomar en cualquier país miembro.

El ATP es una pieza clave de una nueva arquitectura global. Una que fortalece el control de los capitalistas, sus aliados en las oficinas que ya no son más públicas y que presenta la amenaza de un mundo en el que la desigualdad, la pobreza y el despojo continúan, esta vez de forma legal. El ejecutivo mexicano está abiertamente defendiendo esta postura, contraria a los intereses de la mayoría que habita un país desgarrado por la miseria, la desigualdad, la corrupción y la violencia.

La cerrazón del grupo en el poder es tal que no hemos podido siquiera conocer el contenido total del acuerdo. El silencio en torno a él parece diseñado para evitar que las críticas populares puedan articularse. Sin embargo, y a pesar de esta dificultad, deben hacerlo. Una medida aparentemente lógica es acudir con los Senadores que representan nuestros distritos y exigirles distribuir el texto, revisarlo a la par de sus representados y, si lo filtrado por WikiLeaks se extiende a la totalidad del documento, oponerse a la ratificación del mismo. Lamentablemente, la cada vez más clara falta de representatividad del Congreso parece impedir esta posibilidad. Controlado por la lealtad a las cúpulas partidistas, el Senado se presenta como un espacio en donde la oposición férrea no sucederá. Ello, por supuesto, no debe impedir a los ciudadanos y colectivos organizados de intentar incidir por esta vía, identificando a potenciales aliados en la Cámara.

A la par, parece existir potencial en la organización colectiva de una oposición de la sociedad civil al ATP. Diversos grupos e individuos han externado ya sus críticas de manera concreta. Hace falta tender puentes entre quienes trabajan, por ejemplo, temas de agricultura, salud, propiedad intelectual y derechos digitales, acceso a la justicia y medioambiente, entre muchos más. Una labor de este colectivo sería difundir, de forma creativa y clara, las implicaciones del ATP para la población mexicana.

Tal vez ahí, en la socialización de los potenciales impactos del tratado -como un motor de desigualdad y pobreza- en la vida cotidiana, exista un punto de apoyo para que la oposición crítica al ATP se convierta en una fuerza que no pueda ser negada por un gobierno cada vez menos popular, acorralado y carente de legitimidad y representación. Detener el ATP es un hecho clave si queremos tener, en el futuro cercano, la posibilidad de construir un país distinto, en donde la paz y la justicia económica y social sean verdaderamente prioritarias.

Conoce más de La región más transparente del aire

[1] Son firmantes del Tratado Australia, Brunei, Chile, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.

* * *

Texto editado por Gerardo Rayo.

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