Repensar la economía a la izquierda

Este artículo no pretende dictar lo que debe ser, ni busca minimizar las luchas de las izquierdas mexicanas, sino presentar los puntos mínimos que una agenda económica planteada desde las izquierdas debería incluir, a consideración del autor y con base en las recientes discusiones académicas y políticas.

Por Carlos Brown Solà

Las izquierdas mexicanas, dentro del vasto espectro ideológico que cubren, han tenido pocas batallas económicas y políticas comunes para sostener su oposición en las últimas tres décadas. Los ejemplos por excelencia de esto son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la industria petrolera nacional, tan discutidos en las cúpulas políticas y académicas de las izquierdas mexicanas sin mayores resultados en la realidad. Un claro ejemplo de esto es que resulta bastante común asistir a una mesa de discusión desde las izquierdas sobre algún tema coyuntural y escuchar hasta el cansancio los términos “gasolinazo”, “soberanía” o “TLC”, como una lotería incesante que no termina de aterrizar en una agenda programática. A raíz de esto, el discurso ortodoxo ha ganado la batalla de políticas económicas desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, avanzando el proceso de apertura y privatización de la economía mexicana a marchas forzadas.

Este breve artículo no pretende dictar lo que debe ser, ni busca minimizar las luchas de las izquierdas mexicanas, sino presentar los puntos mínimos que una agenda económica planteada desde las izquierdas debería incluir, a consideración del autor y con base en las recientes discusiones académicas y políticas.

En primer lugar, debería promoverse un cambio hacia un enfoque desarrollista en las políticas económicas y sociales, que no sean sólo pro-crecimiento económico, sino anti-pobreza con políticas redistributivas. Tras la crisis de 1994 y el posterior “Efecto Tequila”, la agenda programática económica se enfocó en la estabilidad macroeconómica, a costa de un crecimiento bajo que favoreciera la atracción de inversiones extranjeras y al sector privado.

A raíz de lo anterior, las tasas de pobreza en México se encuentran actualmente en los mismos niveles previos a la crisis, pero el número total de personas en situación de pobreza ha aumentado. Asimismo, la desigualdad ha crecido considerablemente en los últimos años. Hoy tenemos un país donde conviven 54 millones de personas en situación de pobreza con uno de los tres hombres más ricos del mundo. De acuerdo a Campos, Esquivel y Chávez (2014), 1% de la población con mayores ingresos percibe 21% de los ingresos nacionales. Además, no sólo se debe evaluar el actual sistema impositivo, sino su uso y redistribución en la economía; ya que la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, apenas disminuye 1.5 puntos tras la distribución de impuestos y transferencias.

Por ello, la agenda programática de política económica y social debería plantear:

  • Un cambio de enfoque en el Plan Nacional de Desarrollo para que, en vez de ser un documento burocrático más, sirva como una agenda nacional de largo plazo que se sostenga independientemente del partido gobernante en turno o dominante en los poderes.
  • Una política monetaria con doble mandato, como ocurre en Estados Unidos, que no sólo busque estabilidad de precios sino estímulo del producto interno; para ello, se debería modificar el artículo 28 constitucional.
  • Una política fiscal verdaderamente redistributiva, con impuestos progresivos que verdaderamente toquen los intereses del 1% más rico del país. Este punto se discutirá con mayor profundidad en el siguiente apartado.
  • Recuperar la política industrial en México, sin el miedo a que parezca la rectoría del Estado en la economía nacional; en cambio, se deben desarrollar tanto las industrias específicas como aquellos sectores que no necesariamente van de acuerdo a las ventajas comparativas de una economía, incentivando a las empresas a que tomen el riesgo de instalarse en un sector nuevo.
  • Fortalecer la política social actual, buscando que no sólo alivie la pobreza, sino que ayude a salir de ella. Para ello, debe fortalecerse el componente de incorporación productiva para dejar a un lado la política social exclusivamente asistencialista, basándose en procesos participativos comunitarios que promuevan el desarrollo endógeno.
  • Promover un cambio hacia una política educativa que proponga un enfoque en capacidades técnicas y tecnológicas, buscando dotar de un oficio que sirva como herramienta y dignifique el trabajo, y de herramientas tecnológicas que permitan combatir el analfabetismo digital. Además, promover un modelo educativo que valore la crítica sobre la repetición, que pondere la calidad tanto como se ha privilegiado la cantidad en los últimos años.
  • Dotar de armas a las entidades reguladoras, más allá de las simples recomendaciones, para que no sean simples peones frente a los intereses corporativos de empresas nacionales y transnacionales.
  • Repensar la política exterior mexicana, que ha operado únicamente para posicionar la marca México ante el mundo a fin de atraer inversiones y turismo, para que reposicione a nuestro país como líder regional dado su peso económico y político en América Latina. En este sentido, debemos evaluar los tratados comerciales y de inversión firmados hasta el momento por el gobierno mexicano, y poner atención al Acuerdo de Asociación Transpacífico que se encuentra en negociaciones finales mientras se escriben estas líneas; debido a su intromisión en las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual, asuntos medioambientales, protección a inversionistas extranjeros y mercados agroalimentarios.
  • Llevar a nivel nacional el debate sobre la recuperación del salario mínimo y complementarlo con políticas que combatan la desigualdad salarial que enfrentan mujeres, indígenas y jóvenes.
  • Refortalecimiento de las agendas locales, con la promoción de herramientas participativas en el diseño y contraloría social de políticas públicas a nivel estatal y municipal. Esto debe incluir una nueva política de desarrollo urbano y territorial, que repiense las ciudades que queremos, privilegie las políticas metropolitanas y promueva el desarrollo de ciudades incluyentes.
  • Diseñar e implementar una verdadera agenda de fortalecimiento del sur del país, ante la falta de infraestructura, servicios públicos y educación formal en la región, que ha impedido su desarrollo económico y social. No basta con la implementación de zonas económicas especiales, como recientemente propuso el Gobierno Federal, sino que hay una serie de pre-requisitos para ello que parten de dotar de un piso mínimo indispensable para detonar procesos económicos dentro de la región.

De manera transversal a esta propuesta de agenda, se debe encontrar un enfoque sustentable en términos medioambientales, económicos, sociales y culturales, que doten una visión de largo plazo a las propuestas. Y esto lleva a la segunda discusión sobre dos sectores estratégicos nacionales interrelacionados que no cuentan con una visión sustentable: el sector energético y el petrolero.

Los cambios en el mercado energético global confirman que debemos replantear nuestra política energética desde un enfoque de seguridad energética, que no sólo garantice la producción nacional de petróleo, sino también el abasto de energéticos de forma sostenida y con una adecuada transición a otras fuentes de energía. Nuestro país se ha quedado atrás en la transición energética: cuando nosotros apenas comenzamos a plantear la promoción de fuentes como la solar o la eólica, el mundo desarrollado avanza a pasos agigantados al aprovechamiento de fuentes de nueva generación.

Esto guarda una fuerte relación con la economía negra que predomina en nuestro país, que lleva a una dependencia del petróleo para las finanzas públicas: en promedio durante los últimos 10 años, 1 de cada 3 pesos ejercidos por el sector público provino de la producción petrolera; lo que nos hace dependientes de los precios internacionales de petróleo, como muestra la crisis actual de las finanzas públicas nacionales.

En este sentido, otra de las luchas de las izquierdas que debemos replantear es la posición actual sobre el subsidio a la gasolina. Una y otra vez los líderes de las izquierdas mexicanas han enarbolado la bandera contra el comúnmente llamado ‘gasolinazo’, a pesar de que el subsidio a la gasolina –y a los energéticos en general– es absolutamente regresivo. Los recursos públicos que se asignaron para subsidiar el consumo de energéticos entre 2006 y 2012 representaron un monto acumulado equivalente a 14% del producto interno bruto, y beneficiaron principalmente al 10% más rico de la población mexicana, revirtiendo la progresividad absoluta de las transferencias monetarias de programas como Prospera-Oportunidades.

Esto lleva al replanteamiento de la reforma fiscal que necesita México. Aunque la reciente reforma fiscal proponía inicialmente acciones agresivas que buscaban la progresividad tanto en la recaudación como en la aplicación, los retrocesos durante la negociación y las cesiones por parte de los partidos de oposición dejaron como resultado una reforma incompleta implementada en un momento inoportuno, en plena ralentización de la economía mexicana. Así, quedaron distintos puntos pendientes en la reforma anterior, que deberán replantearse una vez que la economía abandone el período de estancamiento en que se encuentra actualmente. Entre las propuestas pendientes, contamos:

  • Una política recaudatoria que toque los intereses del 1% más rico del país y no permita las enormes condonaciones de los últimos años a las mayores empresas en el país, que se han dado de forma masiva, opaca y sin mayores justificaciones.
  • La apertura de los datos fiscales, como ocurre en otros países incluso de América Latina. La actual opacidad lleva a una política fiscal inadecuada que no puede ser evaluada de forma adecuada.
  • La ampliación de la base de recaudación, comenzando con los deciles más altos y no por la clase media, como en el caso de los pequeños empresarios.
  • Pensar en el otro gran brazo de la hacienda pública: el gasto público. No se puede mantener la opacidad actual, porque el gasto no ha sido eficiente ni ha provocado mejoras de bienestar. Como ya se dijo, el coeficiente de Gini de México, que mide la desigualdad en los ingresos, tiene el menor cambio en la OCDE antes y después de impuestos y transferencias.

Las izquierdas mexicanas deben abandonar la postura reaccionaria que han adoptado históricamente y comenzar a poner sobre la mesa una agenda programática, que permita a su vez ofrecer una propuesta concreta a las y los mexicanos en las próximas elecciones que busque el desarrollo económico e incluyente y una mayor justicia social.

Texto publicado originalmente en la revista La Zurda 


Carlos Brown Solà. Maestro en Economía por El Colegio de México. Consultor y asesor económico. Miembro de la mesa directiva de Ala Izquierda. Twitter: @cbrownsola


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