¿Quién está dispuesto a defender la Universidad?

Bajo el proceso de designación del rector de la máxima casa de estudios, esta reflexión hace un llamado a valorar la Universidad en momentos urgentes en los que pareciera inminente la imposición de un proyecto que contraviene la educación pública.

Políticas Media. El Bolche. / Ciudad Universitaria, UNAM, México

Por Ángel González[1]

He tenido la oportunidad de impartir clases en Ciencias Políticas de la UNAM y generalmente en la primera sesión con algunos grupos de primer semestre, intentaba reflexionar sobre el significado de ser universitario. En varias ocasiones la dinámica incluía una pregunta a todo el grupo: ¿Quién está dispuesto a defender la Universidad?

Esta pregunta tenía la intención de que, sobre todo, considerando la situación socioeconómica de una parte del estudiantado de la Universidad, se valorara a esta institución como un reducto de los pocos derechos sociales a los que algunos todavía tenemos acceso. Incluso  pensar así a la UNAM, como institución autónoma de educación pública, no solo se traducía en garante de un derecho social sino que también significaba y ha significado un punto neurálgico para acompañar las coyunturas políticas del país. En algunos casos incluso el centro de coyunturas políticas nacionales, por ejemplo durante el 68 y el 99.

La idea entonces era dimensionar a mediano plazo el contexto político que se vislumbraba con claridad: la conversión de los bienes colectivos en bienes privados. Llámese tierra, energía eléctrica, agua, petróleo y otros: Atenco, Huexca, Luz y Fuerza del Centro, Pemex y la Sierra Norte de Puebla que todavía defiende su territorio y naturaleza, por poner algunos ejemplos.

En ese contexto que se ha desarrollado de una manera mucho más agresiva durante apenas la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, algunos todavía estaban incrédulos en que el despojo de estos bienes afectaría sus circunstancias o intereses.

La pregunta en aquél entonces la hice sin pensar que la responsabilidad política y social que exige ser beneficiario de la educación pública, como estudiante, tendría que ser puesta a prueba tan pronto.

El Viernes pasado en su columna del diario El Universal, “UNAM: sucesión decidida”, Oscar Mario Beteta revela una información de gravísimo talante. En entrevista a un personaje anónimo que está involucrado en el proceso de designación del rector de la máxima casa de estudios, éste sugiere que existe una sincronía entre el aparato estatal y el personaje que se designará como nuevo rector bajo un método medieval (similar al del Vaticano menciona Beteta).

Es grave porque la entrevista sugiere de una manera ya casi fidedigna que el próximo rector será Sergio Alcocer, quien por trayectoria y de hecho, ha estado asociado al proyecto del gobierno federal y quien seguramente tendrá la misión, entre otras cosas, de intervenir desde el mismo estado a la universidad. Y también es grave porque esa forma autoritaria de gobierno dentro de la UNAM ha garantizado las operaciones y transacciones  políticas en la oscuridad a grupos políticos dentro y fuera de esta, dejando al margen a la comunidad universitaria. Por eso resulta oportuno para la derecha universitaria, la élite que detenta el poder dentro de la institución y  la burocracia que lo disputa en busca de mayores beneficios, hablar de democracia en la UNAM sea un tabú.

Ahora repito la pregunta inicial con cierta urgencia y no solo a la comunidad universitaria sino a quienes estén interesados en defender el futuro y defender el presente.

¿Quién está dispuesto a defender la Universidad? ¿Serán los estudiantes, los académicos y los trabajadores de esta institución? ¿Las familias de los universitarios que también son beneficiarias de la UNAM? ¿Quiénes no tuvieron la oportunidad de ingresar y ahora se incorporan a las filas de la mano de obra barata? ¿Quiénes tienen que trabajar y pagar su propia educación porque la Universidad no les dio un lugar?

Pienso que es urgente movilizarse y organizarse para defender la Universidad. No podemos  seguirle cediendo espacios y bienes al proyecto político del gobierno que decididamente está confrontando a la sociedad mexicana por medio del despojo de nuestros bienes colectivos. Estemos atentos  a la convocatoria de la comunidad universitaria. Por lo pronto, el día después de la designación ya hay un llamado para acudir a la explanada de rectoría.

[1] Ángel González Granados, egresado del CCH Oriente y de Ciencias Políticas, maestrante del Instituto Mora, militante de JDU.

Texto editado por José Luis García.

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