Legislar sin escuchar: la #LeyMely y la prohibición federal a la gestación subrogada

La #LeyMely propone introducir dos artículos en la Ley General de Salud para equiparar la gestación subrogada al delito de trata de personas y prohibirla a nivel federal. El proyecto es problemático en muchos niveles y, de aprobarse, afectaría de manera negativa a las mismas mujeres que busca “proteger”.

Isabel Fulda Isabel Fulda

Por Isabel Fulda[1]

Hace algunas semanas, la senadora Mely Romero Celis —con el apoyo de otras cinco senadoras y siete senadores del Grupo Parlamentario del PRI— presentó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en la Ley General de Salud. La iniciativa no solamente está plagada de inconsistencias y afirmaciones sin fundamento, sino que además arriba a una conclusión peligrosa y desgraciadamente muy común en México: el derecho penal como respuesta a fenómenos que no hemos encontrado cómo resolver.

Establecer la manera en la que el Estado debe responder a la posibilidad biológica y social de un acuerdo de gestación subrogada definitivamente no es fácil. Obliga a remitirse a un debate clásico sobre libertad y autonomía; sobre las decisiones que pertenecen a la esfera privada y cómo deben ser protegidas en contextos de desigualdad de poder en los que existe una importante posibilidad de abuso. Requiere también reconocer la carga histórica de la imposición de la maternidad sobre los cuerpos de las mujeres y las injusticias perpetuadas en los discursos en torno al concepto de familia. Regular, debatir y responder a esta cuestión es sin duda importante, pero no debe tomarse a la ligera. La respuesta de Mely Romero parece simple: afirmar categóricamente, prohibir, perseguir.

El objetivo del proyecto presentado en el Senado es sancionar penalmente a “quien hiciese pacto con una mujer para que esta gestara un hijo con la intención de entregarlo después de nacido a otra persona”. Desde el primer momento, parte de una presunción problemática que ha sido históricamente combatida por grupos feministas y constituye una parte importante de la lucha porque las mujeres asuman el control sobre su propio cuerpo y su reproducción: una mujer embarazada no se convierte automáticamente en una madre. Partir de esta idea es contrario a las batallas hasta ahora ganadas por los feminismos en México e ignora la posibilidad de establecer otras maneras no gestacionales de establecer lazos de filiación, lo cual resulta particularmente importante para el establecimiento de familias conformadas por parejas del mismo sexo.

El proyecto de reforma hace referencia a ejemplos de países como India para apoyar su conclusión de que los acuerdos de gestación subrogada son necesariamente formas de explotación y, por lo tanto, deben ser eliminados (esto asume, de paso, que la sanción penal es una manera efectiva de eliminar la práctica). Pero el análisis comparado de la #LeyMely es incompleto y tramposo. Utiliza el ejemplo de Francia como país con una firme posición en contra de estos acuerdos sin mencionar que esa misma posición le ha valido dos sentencias recientes en su contra por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos.[2] Además, como ha señalado GIRE, omite por completo mencionar la sentencia de Artavia Murillo contra Costa Rica emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece obligaciones para México en materia de reproducción asistida. Por si fuera poco, establece un nexo directo entre crimen organizado y gestación subrogada en México para el cual no ofrece absolutamente ninguna evidencia.

Sin duda, el debate en torno al pago a las mujeres en acuerdos de gestación subrogada es complejo. Por un lado, la remuneración económica para las mujeres gestantes podría defenderse como el pago por un servicio laboral, aunque uno con una carga simbólica muy particular y un riesgo físico importante. Esta perspectiva sin duda encuentra diversos cuestionamientos, en particular cuando el contrato se firma en condiciones de —a veces extrema— desigualdad de poder, donde el dinero puede servir para ejercer coerción o al menos inducir el consentimiento de las mujeres gestantes. Existen diferentes respuestas ante este debate: permitir la libre determinación del pago por medio de las partes, controlar el monto de la remuneración y el contenido de los contratos, establecer que los acuerdos deben ser necesariamente “altruistas”, entre otras. Sin embargo, la #LeyMely no da cabida a la que existencia misma de este desacuerdo y sus posibles respuestas, ya que equipara toda forma de gestación subrogada con la trata de personas.

Los feminismos han contribuido a subrayar las condiciones estructurales de subordinación que enfrentan las mujeres, así como a sospechar de los supuestos espacios de privacidad —como la familia y, en particular, el matrimonio— que contribuyen a legitimar abusos y violencia. Pero luchar por asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio de una autonomía real no debe ser razón para desconocer la capacidad de agencia de las mujeres. La #LeyMely parte de una profunda desconfianza en la voz de las propias mujeres involucradas en estos acuerdos. De acuerdo con el texto del proyecto, “(e)ste deleznable negocio […] es difícil de combatir, pues las víctimas se encuentran tan sometidas que no suelen buscar la ayuda de las autoridades”. Bajo esta idea, las mujeres gestantes son demasiado ignorantes –o necesitadas- para reconocer su propia explotación y, por lo tanto, es necesario decidir por ellas, aún si esto supone criminalizarlas. Si ellas no hablan, es porque no saben lo que les pasa. Hay que obligarlas a ser libres.

Desde hace más de 15 años, la gestación subrogada ha sido reconocida por el código civil del estado de Tabasco, desde 2013 en el código familiar de Sinaloa. ¿Por qué no invitar a las mujeres que han participado de estos acuerdos al debate? ¿Por qué no incorporar sus experiencias a la manera en la que legislamos este fenómeno? ¿Por qué no construir, junto con ellas, una distinción entre acuerdos libres y situaciones de explotación? ¿Por qué no escuchar también a las asociaciones, mexicanas y extranjeras, de padres intencionales? ¿A las organizaciones de derechos humanos? En una democracia, es lo menos que la Senadora Romero tendría que hacer.

Mely Romero se presenta a sí misma como una política preocupada por las mujeres y ha centrado la plataforma de su carrera política en esta premisa. Al menos eso debería de servir para que revisara las implicaciones que, de aprobarse, tendría su proyecto de reforma a la Ley General de Salud. El deleznable negocio es el de legislar de manera irresponsable.


[1] Politóloga del CIDE. He sido analista en temas de género, educación y derechos humanos. De 2012 a 2015 trabajé en GIRE, una organización dedicada a la defensa de los derechos reproductivos en México. Actualmente estoy en Londres cursando una maestría en Teoría Legal y Política en UCL.

[2] Para mayor información sobre estos casos, así como el panorama internacional con respecto a la gestación subrogada se puede consultar el informe de GIRE Niñas y mujeres sin justicia: Derechos reproductivos en México. http://informe2015.gire.org.mx/

La responsabilidad del contenido de los textos publicados por la Revista Ala Izquierda corresponde a sus respectivos autores. Cualquier cuestión relativa a los mismos puede ser informada a través de nuestros canales de comunicación. El Consejo Editorial se reserva el derecho de retirar en cualquier momento los textos que violenten los derechos de terceros. Editor responsable: José Luis García.

Anuncios

Populares

3 Comentarios en Legislar sin escuchar: la #LeyMely y la prohibición federal a la gestación subrogada

  1. Genial artículo. Ojalá se retire la iniciativa.

  2. Fuldita, soy Carlos Blando. Qué buen artículo!
    La reproducción, considerada como expresión de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, se encuentra prevista en el artículo cuarto de la constitución; un derecho humano. Algunos invocan este precepto para defender, precisamente, su libertad a ejercer la gestación subrogada. Los disidentes concentran su argumento jurídico estableciendo que, si la solicitante no aporta los óvulos, en realidad, no hablamos del ejercicio de su derecho reproductivo.

    Acaso el curso correcto sería, como usualmente pasa en nuestra democracia, ampararse ante el acto de autoridad,(en caso de aprobarse la iniciativa), y dejar que la decisión la tomen los ministros de la SCJN, como varios temas polémicos en nuestra sociedad?

    • Carlos, no había visto tu comentario hasta ahora! ¡Muchas gracias! Creo que en dado caso sería muy interesante ver qué respondería la Corte ante el debate de lo que es o no la reproducción. Porque, bajo el argumento de que tiene que ser genética, cualquier mujer que usara un óvulo de donante para embarazarse no se estaría “reproduciendo”. (¿qué estaría haciendo entonces?? ¿se va a meter el Estado a averiguar si las mujeres embarazadas usaron sus propios óvulos para saber si pueden argumentar o no sobre sus derechos reproductivos?) Por otro lado, creo que la redacción del artículo 4º ayuda porque se refiere a elegir el número y espaciamiento de los hijos (y no tal cual a la ‘reproducción’), lo cual da cabida a otras maneras de establecer lazos de filiación que no son genéticas/biológicas, como la adopción (y, en este caso, la gestación subrogada). Por otro lado, en caso de que la iniciativa se aprobara como está y se quisiera llevar a la SCJN, creo que se podría hacer también como un tema de violación de competencias, ya que pretende regular federalmente un tema de legislación local, como la filiación.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: