Participación política, mujeres y derecho consuetudinario

En el estado de Oaxaca existen municipios denominados de “usos y costumbres”, donde nombran a sus autoridades de acuerdo a sus propias prácticas y donde se han excluido de este nombramiento a algunos grupos, entre ellos a las mujeres.

Por José A. Cortés

A partir de 2007, año de elecciones municipales en Oaxaca, los municipios de derecho consuetudinario conocidos como de “usos y costumbres” fueron señalados como lugares donde se violaban los derechos de las mujeres. Esto sucedió principalmente a partir del caso de Eufrosina Cruz, quien denunció a través de diversos medios de comunicación que las autoridades municipales no la habían dejado ser presidenta por ser mujer.

En consecuencia, se comenzó a criticar a estos municipios oaxaqueños, que en ese momento eran 418, señalando que esas costumbres eran arcaicas y que no se debía limitar la participación política de las mujeres. No era la primera vez que se exponía este problema, pues ya se habían documentado las desigualdades de género en estos municipios en el tema de la participación política. De acuerdo con la antropóloga Cristina Velásquez[1], en al menos 40% de estos municipios existía algún tipo de limitación o restricción a la participación política de las mujeres.

Esto abrió otras discusiones acerca de las condiciones de vida de las mujeres en estos municipios y de las desigualdades que viven frente a los hombres. Ante este embate contra algunas prácticas que se viven en estos municipios, considero que es necesario comprender otros elementos de la organización comunitaria, no para justificar esta situación de desigualdad, sino para contribuir en la construcción de soluciones reconociendo que la situación es más compleja de lo que se podría observar a través de un discurso liberal en defensa de derechos individuales.

En los municipios regidos mediante sus prácticas consuetudinarias las mujeres no son las únicas excluidas y, como se ha señalado, tampoco sucede en todos los municipios de este tipo. En algunos casos se excluye a las comunidades que no son la cabecera municipal (lugar donde se encuentra el Ayuntamiento), a los migrantes o a personas de otras religiones, sin embargo estos casos no han causado un revuelo mediático. En otros casos las mujeres han ocupado cargos dentro del sistema comunitario, incluidos los del cabildo municipal, y han sido pocos los estudios que se han realizado sobre estas experiencias y lo que pueden aportar en el tema.

Pensar que sólo en este tipo de municipios se excluye a las mujeres, y que sólo a ellas se les excluye, es ignorar la complejidad de estos municipios y desconocer (o no querer reconocer) que es una situación más general, donde hasta ahora las mujeres han presidido menos del 10% del total de los municipios en el país y que suelen ocupar posiciones subordinadas o asociadas a “lo que tendrían que hacer las mujeres”, reproduciendo las construcciones de género dominantes, incluso en los espacios de gobierno con mayor representación, como el poder legislativo.

Asimismo, implica desconocer la lucha de algunas mujeres por la participación en estos municipios, el reconocimiento de que algunas han llegado a ocupar cargos y los cambios ocurridos en el sistema de cargos. En el caso de las presidencias, al menos desde 1998 se tienen evidencias de que las mujeres han sido nombradas como presidentas municipales en una cantidad que no difiere demasiado de las que han sido electas en municipios de Oaxaca donde participan los partidos políticos. Esto no es optimismo o augurio de que ahora la participación se realiza en condiciones más iguales, implica más un anhelo, una esperanza posible.

Fuera de los anhelos, me interesa resaltar algunas características de los municipios donde ha habido presidentas, para acercarnos a comprender estos casos. Entre 1998 y 2010 han sido electas 18 mujeres[2] como presidentas en municipios de derecho consuetudinario, la mayoría de estos son predominantemente rurales. Me interesa resaltar tres características que me parecen relevantes: el hecho de que la mayoría, 16 de ellas, contaban con estudios de carrera técnica o grados educativos mayores; que seis de ellas (una tercera parte) no concluyeron su periodo de gobierno; y que ocho (casi la mitad) hubieran presidido municipios de la región mixteca.

La primera característica, asociada a la educación, resalta porque en estas poblaciones la mayoría de mujeres tiene grados educativos menores al de los hombres, que ya son bajos, principalmente en las zonas rurales donde se agudizan los problemas de analfabetismo. El hecho de que una mujer acceda a un cargo municipal es muy difícil, incluso en municipios tan pequeños, donde la educación parece ser un factor importante para alcanzar dichos cargos, pero no los asegura, condición que no necesariamente es exigida a los hombres.

La segunda característica muestra el rechazo que se tiene aun en muchos lugares hacia las mujeres, sobre todo en posiciones de gobierno. Aunque los hombres que llegan a ser presidentes municipales son cuestionados con frecuencia en su desempeño, el porcentaje de quienes se ven forzados a dejar su gestión es mínima, contrario al caso de las mujeres que tuvieron que dejar sus cargos por la presión social, como sucedió en algunos de los casos citados.

Por último, resalta la región mixteca debido a que es una zona expulsora de población. Las condiciones de desigualdad y pobreza han llevado a muchos habitantes de esa región, a emigrar hacia otros estados de la república o a Estados Unidos, lo que influye en la modificación de las responsabilidades de quienes se quedan en los municipios de origen, principalmente mujeres, que ahora tienen que ocupar cargos municipales tradicionalmente ocupados por hombres que ahora ya no están.

El acceso de las mujeres a estos cargos podría parecer una conquista de ellas, un logro en términos de participación política en condiciones de igualdad, sin embargo, más que una reivindicación de una lucha por la equidad, este acceso a cargos de representación suele llegar a ser obligado por un cambio en la población. Pese a esta situación, no se demerita que las mujeres logren reivindicaciones en estas situaciones, pero se mantiene el orden desigual en la que su posibilidad de participar políticamente continúa subordinada. Queda aún mucho camino por recorrer.

Conoce más de Olor a tierra mojada

[1] María Cristina Velásquez C., “Discriminación por género y participación en los sistemas de gobierno indígena: contrastes y paradojas”, en Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas, coords. Paloma Bonfil Sánchez y Elvia Rosa Martínez Medrano, (México: CDI, 2003).

[2] Verónica Vázquez García, “Los derechos políticos de las mujeres en el sistema de usos y costumbres de Oaxaca”, Cuicuilco (núm. 50, enero-abril, 2011) pp. 185-206.

Bibliografía

  • Vázquez García, Verónica. 2011. Los derechos políticos de las mujeres en el sistema de usos y costumbres de Oaxaca. Cuicuilco (núm. 50, enero-abril) pp. 185-206.
  • Velásquez C., María Cristina. 2003. Discriminación por género y participación en los sistemas de gobierno indígena: contrastes y paradojas. En Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas, coords. Paloma Bonfil Sánchez y Elvia Rosa Martínez Medrano, México: CDI.

Texto editado por Paola Pacheco.

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