La trampa de los independientes

Las candidaturas independientes son sin duda una de las conquistas más importantes de la ciudadanía en los últimos años. Por ello, este texto surge como una respuesta a una idea que se ha difundido cada vez más entre parte de la población y, en especial, de la élite intelectual mexicana: las candidaturas independientes por sí solas como una solución a la falta de representación que sufre nuestro sistema político, cuyo origen deriva de nuestros defectuosos partidos políticos.

Carlos Monroy

Por Carlos Monroy

Este domingo 17 de abril, el Consejo General del INE dio a conocer las listas finales de candidatas y candidatos de partidos e independientes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Con gran sorpresa para algunos (para otros no tanto), de un total de 38 personas que entregaron al menos las 75,000 firmas que se pedían como requisito para obtener el registro, únicamente 8 personas fueron avaladas por el INE. Este fenómeno no es nuevo: ya en 2015 muchas y muchos de los aspirantes a ser independientes que aseguraban contar con las firmas necesarias no pudieron concretar sus aspiraciones.

Las candidaturas independientes son, sin duda, una de las conquistas más importantes de la ciudadanía en los últimos años. Quien espere en este texto una diatriba a la Fox contra esta figura quedará decepcionada. Este texto surge como una respuesta a una idea que se ha difundido cada vez más entre parte de la población y, en especial, de la élite intelectual mexicana (cristalizada claramente en el número de Nexos de febrero de 2016): las candidaturas independientes por sí solas como una solución a la falta de representación que sufre nuestro sistema político, cuyo origen deriva de nuestros defectuosos partidos políticos.

Las personas que sostienen a esta figura como la medida final para lograr un sistema político plural y democrático pierden de vista dos cuestiones: la legislación actual que regula las candidaturas independientes (especialmente en el ámbito federal) dista de ser democrática, y la existencia de un sistema de partidos consolidado (que no es lo mismo que estático) y democrático como precondición de una democracia exitosa. A 20 años de la histórica reforma electoral de 1996 es irónico que algunos de los que repetían en ese entonces que México sólo necesitaba de competencia partidista para alcanzar la democracia ahora nos prometan la democracia a cambio de destruir la partidocracia.

Las candidaturas independientes son una conquista ciudadana importante que debe ser legalmente ampliada y protegida; sin embargo, no deben verse como un fin o como la solución última, sino como un catalizador para abrir el sistema político a la sociedad (no sólo al círculo rojo). Como se ha repetido en muchos espacios, los partidos legislaron estas figuras llenas de obstáculos. La regulación actual no es democrática porque impone unos costos importantes, especialmente económicos, en el acceso a este derecho. A nivel federal, por ejemplo, para aspirar a participar de manera independiente se tiene que conformar una asociación civil, cuyo precio en la Ciudad de México (sin honorarios de abogados) oscila entre cinco y seis mil pesos.

Sí, tener ciertas barreras de entrada es deseable para evitar una fragmentación excesiva, en especial cuando se tiene dinero público de por medio. No obstante, contrasta notablemente el trato de los partidos a las candidaturas independientes con la defensa a capa y espada de la “equidad en la contienda” cuando se trata de asuntos electorales-partidistas. En su lógica, sus dirigencias y burocracias son ciudadanos de primera mientras los demás somos ciudadanía de segunda, cuyos derechos políticos se limitan a ejercer trianualmente el voto. No obstante, esto no se limita a las candidaturas independientes.

El problema de fondo es que esta lógica impregna a toda la legislación electoral. Nuestra “transición a la democracia” quiso seguir el modelo “à la española”: un proceso llevado desde arriba por las élites y desde los partidos. Paulatinamente, a lo largo de dos décadas de reformas electorales de corta vida, las burocracias partidistas acumularon privilegios. El resultado lo sufrimos hoy: una legislación sobre-regulada y partidocéntrica en la que las prerrogativas y derechos están dirigidas a los partidos mientras la ciudadanía está al margen. Nuestro objetivo, entonces, debe ir más allá de disminuir los requisitos a las independientes o de promover leyes de participación ciudadana a modo. Nuestro objetivo debe ser cambiar el modelo de cómo se construye la democracia electoral y del papel que desempeñan los partidos políticos en ella.

La crisis de representatividad no es exclusiva de México, sino que es una crisis del modelo de democracia representativa a nivel mundial. La toma de decisiones a espalda de la sociedad y la falta de rendición de cuentas por parte de las élites partidistas es, quizás, la causa más importante que explica el descontento de las personas hacia los partidos. Sin duda, el modelo tradicional de partido político debe cambiar; sin embargo, pensar en una democracia sin partidos es ingenuo. Igual de ingenuo es pensar que las candidaturas independientes por sí mismas acabarán (sólo así) con el déficit de representación de nuestras instituciones. Si nuestra legislación partidista es tan defectuosa, ¿por qué no aspirar a tomar las instituciones sólo con candidaturas independientes y esperar a que colapse el sistema  de partidos?

Al igual que en el tema electoral, el problema de nuestro sistema de partidos es de fondo: las reglas actuales cierran el paso a nuevos partidos y favorecen a sus cúpulas sobre la ciudadanía y, por lo tanto, sobre su militancia. En otros países, los contrincantes más notables de los últimos meses contra las cúpulas partidistas han surgido desde dentro del sistema de partidos: Sanders en EE.UU, Corbyn en Reino Unido, Podemos y Ciudadanos en España. Cualquiera de estos personajes bajo nuestra Ley General de Partidos sería imposible. En un país en el que los partidos se han convertido en un negocio gracias al dinero público es normal que la sociedad rechace la formación de nuevos partidos. No obstante dar la oportunidad a la ciudadanía para participar electoralmente mediante nuevos partidos no necesariamente tendría que aumentar el costo de las elecciones. Tener el registro de un partido no debería de traducirse en recibir recursos públicos, ni siquiera para gasto electoral. Ésta es la idea del registro escalonado (que sucede en España por ejemplo): dependiendo de los votos recibidos se accede a las prerrogativas.

La utilidad de los partidos va más allá de un fetichismo por las instituciones. Por una parte, los partidos sirven como diques contra la tentación autoritaria. La líder del partido debe rendir cuentas no sólo a las instituciones y al electorado, sino que debe representar los principios por los que los integrantes de su partido la eligieron: la persona es prescindible. Claro, esto por interés propio del partido por no perder votos y no por una preocupación de pureza ideológica. No es casualidad que ahí donde colapsa el sistema de partidos es común la llegada de un outsider que se arroga el monopolio para hablar y entender los deseos del pueblo.

Por otra parte, los partidos se constituyen alrededor de una ideología que, más allá de su idealización romántica, sirve para identificar los principios bajo los que los funcionarios electos gobernarán. La naturaleza de las candidaturas independientes, queramos o no, es personalista, y el discurso de participación ciudadana es suficientemente vago para permitir muchos matices (al final hasta la constitución de Pinochet tenía instrumentos de participación ciudadana). Un diputado independiente enfrentará muchas decisiones no relacionadas con participación. ¿Cuáles serán las políticas de redistribución de la riqueza que seguirá? ¿Cuál será su opinión sobre el derecho a decidir de las mujeres o del matrimonio igualitario? Quizás el mejor ejemplo de la indefinición del discurso ciudadano sobre temas claves sea la polémica de periscope. Arne aus den Ruthen fue candidato independiente para la delegación Miguel Hidalgo. Su campaña se basó en el discurso contra la partidocracia y los políticos de siempre. Sin embargo, fue hasta hace poco que nos enteramos de que él está dispuesto a imponer el orden a costa de los derechos de las personas. Este es el problema de calificar a un candidato como bueno sólo por el hecho de ser independiente.

En las próximas elecciones locales y en 2018 probablemente veamos un boom de candidaturas independientes. La oxigenación de la competencia política siempre es buena; sin embargo, habrá que preguntar a estos candidatos para qué quieren llegar al poder. La trampa de los independientes es creer que con el discurso maniqueo de ciudadanos buenos contra políticos malos es suficiente, que derrocar a los partidos sin cambiar las reglas del juego nos llevará a la verdadera democracia. Esta lógica de cambiar a los jugadores sin abrir las reglas a la sociedad fue la que en 1996 nos llevó a la situación actual. Sí, hay que apoyar las candidaturas independientes, pero exigiendo principios claros y no sólo un discurso maniqueo y, sobre todo, exigiendo abrir el sistema de partidos a la sociedad. De lo contrario puede ser que en veinte años nos encontremos con una vida pública ya no sometida a burocracias, sino a una persona.


Carlos Monroy. Miembro de la mesa directiva de Ala Izquierda. Estudia la maestría en Política Comparada en LSE como becario Chevening. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE.

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