Derechos y libertades

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El Estado mexicano tiene como principal tarea dar cumplimiento a las obligaciones de respeto y garantía del contenido de los derechos humanos. Cumplir con seriedad estos compromisos supone adecuar todo el aparato del Estado para contar con instituciones capaces de responder a las necesidades reconocidas y protegidas por las normas de derechos humanos y realizar todas las acciones necesarias para proteger la autonomía de las personas.

A pesar de que la Constitución ha sido reformada para ampliar el número de derechos reconocidos y establecer el máximo nivel de protección de los derechos de fuente internacional, el gobierno mexicano está lejos de asegurar la protección más amplia de los derechos de las personas. Al respecto, el Estado mexicano ha recibido constantes recomendaciones por parte de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que han denunciado la creciente violencia en el territorio que afecta de forma particular a mujeres, niñas, niños y adolescentes, migrantes, periodistas y personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

Aunado a ello, las condiciones de desigualdad y la ineficacia de las instituciones del Estado, agravada por los constantes actos de corrupción, han provocado el incumplimiento de las obligaciones de protección respecto de aquellos derechos que requieren especialmente de procesos que involucran la discusión de los presupuestos con perspectiva de derechos humanos, así como el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a la atención de las necesidades de la población y a la protección del medio ambiente.

¿Por qué importa?

Las obligaciones para la protección de los derechos humanos constituyen una responsabilidad establecida por mandato constitucional y que han dejado de entenderse como cuestiones que requieren que el Estado se abstenga de intervenir, para convertirse en principios que sólo podrán verse satisfechos a través de la acción estatal.

El contenido de las normas de derechos humanos pretende asegurar, por un lado, el respeto a la autonomía y libertad de las personas y, por el otro, asegurar las condiciones materiales para el ejercicio de esas libertades y la satisfacción de las necesidades básicas para asegurar el respeto a la dignidad de las personas.

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Temas del eje

Libertad de expresión y prensa. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo; en 2017, de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, fueron asesinados 81 periodistas y 250 más fueron encarcelados. La violencia en contra de periodistas se encuentra agravada por la situación de impunidad derivada de la falta de esclarecimiento de las circunstancias y responsables de los homicidios. La falta de protecciones y garantías para el ejercicio libre del periodismo afectan directamente el derecho a la información y a la libertad de expresión que son elementos necesarios para la vida democrática del país. Aunado a esto, el uso discrecional de recursos públicos que ejerce el gobierno a través del gasto para la propaganda oficial tiene como consecuencia que los funcionarios públicos puedan ejercer un control indebido sobre la línea editorial de los medios de comunicación.

Investigación de violaciones graves a derechos humanos. Con el inicio de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal ha realizado una serie de conductas que han provocado la respuesta de diferentes organizaciones nacionales y organismos internacionales en materia de derechos humanos que han denunciado la comisión de actos que involucran desapariciones forzadas, actos constitutivos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Casos como el de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y las ejecuciones en Tlatlaya son los casos más visibles en los que consta el fracaso del gobierno federal en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción a los responsables.

Corrupción y autonomía de las fiscalías. Los escándalos de corrupción de los últimos gobiernos se han caracterizado por el desvío de recursos destinados a programas sociales. Esta situación provoca que el Estado sea ineficaz en la protección de los derechos que requieren de recursos presupuestarios para asegurar su garantía, aunado a que desarticulan el aparato de gobierno y aumentan la desconfianza de la población en las instituciones de gobierno. Aunado a ello, el Estado ha sido incapaz de responder a las denuncias de corrupción debido a la falta de fiscalías autónomas que realicen las investigaciones necesarias para establecer responsabilidades penales. A su vez, la falta de autonomía en las fiscalías ha repercutido en la ineficacia que ha demostrado el gobierno para investigar violaciones graves a derechos humanos, particularmente en aquellos casos en los que existen sospechas respecto de la participación de agentes del Estado.

Respeto a tratados internacionales. Con la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, quedó establecida con claridad la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento a sus compromisos derivados del contenido de los tratados internacionales que ha ratificado. En ese sentido, existe una gran cantidad de observaciones por parte de los comités del Sistema Universal de Derechos Humanos que siguen pendientes de ser atendidas por el Estado mexicano, así como sentencias condenatorias en contra de México a las que no se les ha dado cumplimiento.

Políticas públicas desde los derechos humanos. La protección de los Derechos Humanos requiere que el Estado asegure el reconocimiento y atención de las necesidades de la población. En ese sentido, es necesario que se incorporen criterios de derechos humanos para la elaboración de los presupuestos y para el diseño de política públicas. Para ello, el Estado debe revisar, además, el sistema de recaudación fiscal y los mecanismos de redistribución del ingreso.

Propuestas bandera

Las dos propuestas de política pública ideales que esperamos de lxs candidatxs sobre este eje son:

  1. Investigación, sanción y reparación a la víctimas en los casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas durante la guerra contra el narcotráfico.
  2. Inclusión de una perspectiva de derechos humanos para la toma de decisiones que involucre de forma seria el adoptar un enfoque interseccional para garantizar las condiciones materiales para la protección del derecho a la igualdad sustantiva.
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