Combate a las desigualdades

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En un país tan desigual como México, el combate a las desigualdades –económica, de género, política, entre otras– debe estar en el centro de las agendas de quienes aspiran a gobernar el país. Debemos comenzar a cerrar la brecha entre los dos Méxicos: el país de los pocos, de ingresos altos, con una sociedad globalizada y con acceso privilegiado a servicios de salud, educación y vivienda; y el resto del país, el de la mayoría, donde ocurre exactamente lo opuesto. Para ello, proponemos que las propuestas de política para combatir las desigualdades se enfoquen en cinco temas: política e inversión social, acceso igualitario a servicios públicos, política laboral y social, política fiscal y política ambiental.

¿Por qué importa?

México no es un país pobre, sino un país de pobres con una distribución extrema de la riqueza: en la decimoquinta economía nacional más grande del mundo conviven millones de personas en pobreza con una élite minúscula, donde el 1% de la población posee la misma riqueza que el 95% de los mexicanos. Esta situación, resultado de décadas de un desarrollo excluyente, es insostenible. Es la desigualdad, más allá de la pobreza, el gran reto que en materia de política social y económica el país enfrenta. Ello implica que millones de mexicanos, particularmente aquellos que viven en zonas periurbanas, rurales y comunitarias, no tendrán acceso a educación, salud, seguridad, vivienda, transporte, alimentación y muchos otros bienes y servicios que son la base de una vida digna. En cambio, algunos pocos seguirán separándose del resto, haciendo las brechas que nos separan aun más amplias. Este es un problema urgente que cualquier gobierno progresista debe tener en el centro de su agenda.

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Temas del eje

Política e inversión social. El gasto público debe priorizar la inversión en protección social, educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, actividades recreativas y culturales, y protección del medio ambiente.  Además, los programas sociales a nivel federal deben reorientarse hacia una política social integrada, con metas comunes y responsabilidades definidas.

Acceso igualitario y universal a servicios públicos. Debe ser garantizado por el estado de forma equitativa, incluyente y gratuita, al ser es crucial para reducir la desigualdad, más allá de políticas fiscales. Estos servicios incluyen el agua, la sanidad, la salud, la educación y la seguridad social, entre otros.

Política laboral y salarial. Los salarios en México se han reducido durante los últimos 10 años. Además, las brechas salariales –regionales, sectoriales y de género– son enormes, fortaleciendo dinámicas de desigualdad. Es necesario recuperar los salarios, de la mano de una nueva política laboral que otorgue seguridad a las obreras, fortalezca las posibilidades de formar sindicatos democráticos y permita establecer relaciones laborales más equitativas. A la par, es imperativo considerar el rol que juega la economía informal en México, que además está marcada por procesos de género, raza y clase. Millones de trabajadores y trabajadoras laboran en este amplio rubro, lejos de la protección de instituciones de seguridad social y sin las condiciones básicas que les permitan gozar de los derechos que les corresponden.

Política fiscal. Tras años de estabilidad macroeconómica sin crecimiento de la economía y con crecientes desigualdades, la política fiscal debe comenzar a utilizarse como una herramienta para combatir las desigualdades. Los ingresos públicos deben ser suficientes, progresivos y sostenibles, mientras que el gasto público debe ser eficiente, distribuido de manera progresiva en el territorio, y determinado por y para la mayoría y no unos cuantos.

Política ambiental y de cambio climático. La política ambiental debe estar ligada a la política económica. Es necesario impulsar una transición a una matriz energética sustentable, que reduzca la dependencia del país en el petróleo. A la par, es necesario fortalecer medidas de protección al medio ambiente, incluyendo los impactos de la explotación de recursos naturales, particularmente los minerales. Ello, además, debe ser hecho en consideración de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando sea conveniente.

Propuestas bandera

Las dos propuestas de política pública ideales que esperamos de lxs candidatxs sobre el eje de combate a la desigualdad son:

  1. Una política fiscal que ponga la progresividad y la redistribución en el centro de la agenda; con recursos públicos suficientes, sostenibles y enfocados en los bienes comunes y el combate de las desigualdades.
  2. Una política de provisión de servicios públicos equitativa, incluyente y sostenible, centrada en el acceso universal y gratuito a bienes y servicios fundamentales: agua, sanidad, salud, educación, transporte y alimentación.
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