Feminismos y derechos sexuales

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Actualmente, ser mujer o una persona de la comunidad LGBTTTIQ en México no sólo representa enfrentar mayores barreras formales e informales para acceder a servicios públicos, espacios de representación política o condiciones materiales de bienestar, sino también enfrentar una serie de violencias que van desde la invisibilización y el acoso, hasta crímenes de odio como el feminicidio o la transfobia. Estas violencias se combinan con otro tipo de ejes de opresión como la nacionalidad, la raza y la clase social, lo que da como resultado que ciertas personas enfrenten condiciones mucho más adversas que otras para acceder a sus derechos de forma libre y segura.

La discriminación que viven las mujeres y la población LGBTTTIQ en México se refleja en todos los aspectos de la vida pública y, por lo tanto, creemos que la perspectiva de género tendría que estar presente de manera transversal en todos los temas, instituciones y proyectos políticos que pretendan ser compatibles con un Estado democrático. Sin embargo, proponemos concentrarnos en cinco temas puntuales como una manera de evaluar las plataformas de cada unx de lxs candidatxs con respecto a estas poblaciones: 1) seguridad y garantía de no discriminación de la población LGBTTTIQ, 2) aborto legal y seguro, 3) violencia de género, 4) matrimonio igualitario, y 5) igualdad y trabajo.

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¿Por qué importa?

En un país que reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el artículo 1° de su Constitución aún subsisten enormes barreras para que grupos históricamente oprimidos, dentro de los que destacan las mujeres y la población LGBTTTIQ, puedan ejercer sus derechos y vivir en condiciones justas y libres. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia, así como a los derechos sexuales y reproductivos son obligaciones esenciales del Estado y elementos centrales de una democracia; estas obligaciones implican, por un lado, respetar las decisiones que las personas puedan tomar en su esfera privada y, al mismo tiempo, promover el acceso a condiciones materiales que permitan que dichas decisiones sean realmente sustantivas.

En definitiva, la discriminación que viven las mujeres y la población LGBTTTIQ representa una injusticia incompatible con un Estado democrático y una situación en la que quienes aspiren a un espacio de representación popular deben manifestarse de manera clara y contundente.

Temas del eje

Seguridad y garantía de no discriminación a la población LGBTTTIQ. A pesar de las protecciones constitucionales que deberían garantizar que ninguna persona sufra violencia o cualquier tipo de discriminación basada en su orientación sexual y/o identidad de género, en México esta realidad está lejos de garantizarse. Las personas que pertenecen a la población LGBTTTIQ continúan enfrentando barreras normativas y fácticas para acceder, por ejemplo, a servicios de seguridad social o servicios de salud especializados, prácticas claramente violatorias de derechos humanos como las “terapias de reconversión” y la inseguridad diaria de ser blanco de acoso, discriminación y crímenes de odio. Es urgente que el Estado garantice no solo la seguridad de la población LGBTTTIQ, sino una verdadera garantía de no discriminación en todos los ámbitos.

Aborto legal y seguro. La despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007 representó un cambio importantísimo tanto para las mujeres de la ciudad como de todo el país que han tenido la oportunidad de acceder a estos servicios. Pero mientras que no se garantice el acceso al aborto legal y seguro en todo el país, las mujeres seguirán enfrentando las consecuencias de abortos clandestinos, maternidades forzadas y la discriminación de legislaciones penales que las criminalizan en mayor o menor medida dependiendo de dónde viven. A pesar de que esta legislación se determina a nivel local, existen responsabilidades a nivel federal que podrían contribuir a evitar las consecuencias de esta criminalización: garantizar personal no objetor en los centros de salud que realicen servicios de aborto, la implementación de normas federales relacionadas con el acceso al aborto por violación y la provisión de estos servicios en instituciones de salud federales.

Violencia de género. En nuestro país, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, 66.1% ha enfrentado algún tipo de violencia alguna vez en su vida. En 41.3% de los casos esta violencia es de tipo sexual y, en muchas ocasiones es perpetuada por familiares, conocidos y parejas. A pesar de estos datos, la violencia de género no ha sido una consideración relevante en la estrategia de seguridad pública del país y las “soluciones” que se han planteado por las autoridades han sido superficiales e inútiles. Las violencias que enfrentan las mujeres todos los días, en la calle, en el trabajo, en sus propias casas, son una realidad inaceptable que debe ser prevenida y atendida de manera urgente por parte del Estado.

Matrimonio igualitario. La discusión en torno al matrimonio igualitario se ha convertido en un tema clave no solo para entender la postura ideológica de una figura pública con respecto al principio de no discriminación por orientación sexual, sino también como una forma de definir su compromiso por respetar la Constitución y las decisiones tomadas por el Tribunal más importante del país. Así, independientemente de posturas personales, cualquier candidato que aspire a gobernar respetando la Constitución debe entender que el matrimonio igualitario es una realidad en México que no se puede comprometer a “revertir” ni obstaculizar.

Igualdad y trabajo. Las políticas laborales históricamente han discriminado a las mujeres, ya sea de manera directa, por ejemplo imponiendo restricciones al acceso a ciertos trabajos, o de forma indirecta, al no proporcionar condiciones para que tengan la oportunidad de desarrollarse de manera igualitaria con respecto a los hombres, particularmente si ejercen también tareas de cuidado en casa. La doble jornada, la brecha salarial, el acoso sexual en contextos laborales, la ausencia de medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral como licencias parentales, estancias infantiles u horarios flexibles promueven un sistema en el que las mujeres se encuentran en clara desventaja frente a los hombres. Esta situación se hace aún más grave para las mujeres que trabajan en el sector informal, como las trabajadoras del hogar y las jornaleras agrícolas, que no gozan de las protecciones laborales y de seguridad social más básicas establecidas en nuestras normas y los tratados internacionales de los que México es parte.

Propuestas bandera

Las dos propuestas de política pública ideales que esperamos de lxs candidatxs sobre este eje son:

  1. Rechazo tajante a cualquier forma de discriminación basada en el sexo, orientación sexual o identidad sexo-genérica de las personas y “ni un paso atrás” en los derechos reconocidos en la Constitución y demás normativas vigentes; en particular, el acceso al aborto en las causales legales en todo el país y el reconocimiento del matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo.
  2. Una estrategia de seguridad pública que incorpore como uno de sus ejes centrales la violencia de género e incluya medidas de prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas de violencias de género; en particular, el feminicidio y otros crímenes de odio, la violencia sexual y el acoso.
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